Desde la directiva de sobre la inmigración ilegal, conocida como la directiva de la vergüenza, a la rebaja del precio de las llamadas de telefonía móvil, el Parlamento Europeo ha aprobado cientos de informes que modifican la legislación española. No en vano, un 70% de las nuevas leyes nacionales proceden de la Unión Europea, donde la Eurocámara es imprescindible para aprobar, junto a los 27 Gobiernos, las leyes que después serán incluidas en el sistema jurídico español.

Algunas de ellas, como el informe que se opone a la posibilidad de alargar la jornada laboral hasta las 65 horas, o el que recuerda que sólo un juez puede interrumpir la conexión a Internet de un usuario aunque se descargue contenidos con copyright, fueron motivo de enfrentamiento institucional con el Consejo, donde se sientan los 27 Gobiernos.

Las actividades de la CIA, que incluyen 1.245 vuelos en territorio europeo entre 2001 y 2005, incluyendo Guantánamo, ocasionaron también una dura reprimenda a gobiernos como el español, donde se produjeron 68 escalas. Los parlamentarios criticaron que algunos países hubieran 'cerrado los ojos o admitido' las escalas, 'hechos probados y graves' que demuestran 'cinco años de excesos y abusos en la lucha contra el terrorismo', según el ponente, el socialista europeo Giovanni Claudio Fava.

Además, la Eurocámara aprobó importantes informes como el de la conocida como Directiva de las 65 horas, que tumbó las aspiraciones del Consejo de alargar la jornada laboral desde las 48 horas que fija la actual legislación, sólo en base a acuerdos individuales entre el trabajador y el empresario. El ponente, Alejandro Cercas (PSOE), logró construir una sólida oposición, apoyado por sindicatos europeos y colectivos como el de los médicos o bomberos, contra la mayoritaria posición de los 27 Gobiernos, con excepciones como el español.

Sin embargo, directivas como la del retorno de inmigrantes ilegales, llamada directiva de la vergüenza, lograron una aprobación polémica en la Cámara y una gran contestación. La ley agiliza la expulsión de inmigrantes ilegales al tiempo que rebaja sus derechos permitiendo el internamiento en centros de retención hasta 18 meses por medio de decisiones administrativas. Mandatarios africanos y latinoamericanos, ONG o el Consejo de Europa rechazaron la medida, que fue finalmente aprobada por la Eurocámara y los 27 gobiernos sin agotar el proceso de negociación.

Por otra parte, la Eurocámara ha aprobado varias directivas encaminadas a colocar a Europa a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático, incluyendo el triple 20, que implica que, para 2020, un 20% de la energía consumida en la UE deberá proceder de fuentes renovables, que se mejore en un 20% la eficiencia energética y que se reduzcan otro tanto las emisiones de CO2.

Otra directiva protegerá a los consumidores de los abusos de las compañías telefónicas cuando se viaja al extranjero. Las tarifas para la telefonía móvil se reducirán en algunos casos un 80%, con nuevos topes que entrarán en vigor en julio para las llamadas o mensajes recibidos en el extranjero o la consulta y descarga de datos.