Suiza aprueba por una aplastante mayoría limitar los salarios de los directivos

Una mayoría aplastante de la población suiza ha votado a favor de limitar los salarios excesivos y otros "paracaídas dorados" de los directivos de las grandes empresas. La consulta popular ha aprobado con el 67,9% de los votos acotar sus remuneraciones. En una votación histórica por su contenido, pero también por su forma  –los 26 cantones sin excepción han votado a favor– los helvéticos han decidido que sean los accionistas y no los propios directivos los que decidan sobre sus remuneraciones.

La campaña alarmista de la patronal Economiesuisse y de los partidos de derechas de que una vez aprobada la reforma cientos de empresas saldrían a instalarse al extranjero y que se perderían miles de empleos no ha surgido efecto, y el pueblo ha defendido la iniciativa Minder –en referencia a Thomas Minder, el senador que la propuso– o más directamente como la "iniciativa contra los salarios abusivos". Sólo 762.000 votantes dijeron "no", mientras que más de 1,7 millones de ciudadanos apoyaron la iniciativa.

En esencia, esta propuesta pretende poner límite a los salarios que cobran los directivos de grandes compañías a través del control y el aval de los accionistas. Una vez su entrada en vigor –el gobierno tiene un año para redactar la normativa– la ley se aplicará a todas las sociedades anónimas helvéticas que coticen en la bolsa suiza o en el extranjero.

La junta general de la compañía elegirá anualmente al presidente del Consejo de Administración y a sus miembros; además, se pronunciará anualmente sobre las remuneraciones del consejo de administración, de la dirección y del comité consultivo. Asimismo, la nueva ley, prohibirá que los miembros de los órganos directivos no reciban ni indemnización de partida, conocidos como los "paracaídas dorados", ni primas por contratación.

Además, cuando los directivos partan no podrán obtener ninguna remuneración anticipada, ni podrán estar vinculados por contrato al consejo o a una sociedad del grupo. Los estatutos de la empresas deberán regular todo lo relacionado con los bonos y las participaciones, y los créditos y los préstamos que se les puedan entregar a la dirección.

Conscientes del rechazo que la propuesta generaría, los promotores de la iniciativa no olvidaron incluir sanciones en caso de que se violen las disposiciones de la misma: cuando se viole lo establecido, la falta será sancionada con una pena privativa de libertad de tres años de máximo y del pago de hasta seis remuneraciones anuales.