Llegaron a la Plaza Mayor de Segovia, el primer municipio en extracción de oro de Colombia, situado a unos 240 kilómetros de Medellín, en vehículos camperos. Eran varias decenas de hombres. Con los rostros cubiertos y espectacularmente armados, se dirigieron al ayuntamiento. Allí mataron de inmediato a la alcaldesa y a quienes se encontraban despachando con ella. Luego recorrieron el pueblo en busca de personas que llevaban en una lista. Al pasar por un bar, atestado de gente en aquella noche lluviosa del 11 de noviembre de 1988, un viernes de puente, ametrallaron indiscriminadamente a quienes se encontraban dentro del local.

Cuando salieron del pueblo, después de firmar su acción en varias pintadas, los paramilitares dejaron tras de sí 43 muertos y más de 50 heridos. Ni la policía de esta población de más de 20.000 habitantes, ni la guarnición de la Brigada XIV del ejército, por cuyas inmediaciones pasaron de ida y vuelta los asaltantes, parecieron darse cuenta.

César Pérez, ex presidente del Congreso, es uno de los investigados

Mientras recuperaban los cuerpos de sus deudos, las gentes de Segovia daban por cierto que el crimen paramilitar había sido encargado por el viejo cacique de la zona, César Pérez García, que había perdido su influencia política ante el ascenso de la formación izquierdista Unión Patriótica, que ostentaba ya la alcaldía y la mayoría municipal. También asumían que era un escarmiento para una región progresivamente controlada por la izquierda, tras más de un siglo de dominio conservador. A César Pérez se le encausó brevemente como instigador de la masacre. Quedó libre sin cargos y llegó a ocupar la presidencia del Parlamento colombiano.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia acaba de reabrir su caso y calificarlo como crimen de lesa humanidad, que no prescribe y que está pendiente de ser juzgado adecuadamente.

En la matanza de Segovia, en 1988, hubo 43 muertos y 50 heridos

La Corte Suprema determinó el pasado martes por la noche abrir investigaciones preliminares a Pérez y a otros ocho ex parlamentarios: Jorge Castro, Nicolás Maloof, Jose Gamarra, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo, Salomon Saade, Jorge Caballero y Mauricio Pimiento, según consta en el sumario número 34.248.

La investigación busca establecer si estas personas patrocinaron, conocieron o ejecutaron actos relacionados con la actividad de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) durante el tiempo en el que los congresistas recibieron apoyo de los jefes y comandantes paramilitares.

Los nueve legisladores, que formaron parte de la coalición del presidente Álvaro Uribe en el Parlamento, ya habían sido condenados a penas leves, en el marco del escándalo de la llamada parapolítica, por haber pactado con el paramilitarismo apoyos para su elección y el dominio en sus zonas de influencia mediante la financiación, la coacción a los electores y la compra de votos. La mayoría se encontraba ya en libertad.

Los encausados formaron todos parte de la coalición del presidente Uribe

Según el antiguo jefe de Informática del Servicio Secreto (DAS) Rafael García, los parapolíticos ahora procesados por crímenes de lesa humanidad forjaron una alianza con el jefe paramilitar apodado Jorge 40 para reafirmarse en sus distritos electorales, aunque fuera a costa de masacres de civiles y del desplazamiento forzado de miles de campesinos.

En medios judiciales se estima que el mismo camino es decir, la apertura de un proceso por delitos de lesa humanidad podría seguir una buena parte de los más de cien políticos colombianos actualmente encausados por parapolítica en procesos que podrían extenderse a sectores de la sociedad colombiana hasta el momento fuera de toda sospecha: terratenientes, banqueros, militares.

La Corte Suprema de Justicia está aplicando la doctrina de la 'estructura criminal integrada', que significa que quienes pactaron con los paramilitares su apoyo en sus distritos electorales para mantener su influencia son coautores de sus crímenes y deben ser juzgados por ellos.

'Los políticos argumenta el tribunal, en su condición de miembros de la organización criminal, no sólo ayudaban a la permanencia del grupo irregular, sino que resultaban funcionales a la empresa delictiva, constituyéndose en un paso más en el proceso de toma de todos los poderes e instancias de decisión del Estado. Es decir, hacían parte de una estructura criminal integrada por un número plural de personas, con división de tareas y concurrencia de aportantes a un mismo fin'.

Para el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, la decisión de la Corte Suprema de Justicia 'es trascendental. Quien haya sido beneficiario de un grupo criminal se le considerará integrante de esa organización y responderá de todos sus actos: homicidios, torturas, desaparaciones'.

Para este prestigioso jurista, 'se ha abierto un debate muy grande y con unas implicaciones muy serias, porque esta política de la Corte Suprema, en coincidencia con la doctrina del Tratado de Roma (que dio origen a la Corte Penal Internacional) podría implicar en el futuro a las fuerzas económicas que financiaron el paramilitarismo y a los miembros de las fuerzas de seguridad que favorecieron su expansión'.

Por otra parte, portavoces del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, confirmaron ayer a Público que acaba de ser fijada para el próximo 22 de julio la audiencia pública, que estará presidida por una Comisión del Senado de la República, para exigir claridad sobre el cementerio que alberga en la localidad de la Macarena una fosa común en la que se estima que hay al menos 2.000 cadáveres 'NN' (sin identificar) al parecer ejecutados por el ejército y los grupos paramilitares.

A la audiencia está previsto que asistan seis miembros del Parlamento Europeo y tres del británico, además de delegaciones internacionales de juristas procedentes de Europa y de EEUU.