Medio siglo después de que el Tribunal Supremo legalizara el aborto en Estados Unidos, el mismo órgano vuelve a decidir cuál será el futuro de este derecho para las mujeres en el país. El caso que deben dirimir los jueces versa sobre una ley aprobada en Misisipi que restringe las interrupciones voluntarias del embarazo. 

En concreto, la norma que impulsó el gobernador republicano Phil Bryant fijaba el plazo para realizar el aborto en las 15 semanas de gestación, chocando con la sentencia de 1973 que reconoció el derecho constitucional de las mujeres para poder interrumpir el embarazo hasta el momento en el que exista viabilidad para el feto, lo que sucede sobre la semana 24.

Las feministas y defensoras del derecho al aborto temen que este nuevo proceso judicial tumbe el precedente establecido hace cinco décadas y permita que cada estado regule a su antojo ese servicio médico. "Si eso ocurre, creemos que alrededor de la mitad de los estados de Estados Unidos volverían a criminalizar el aborto", ha señalado la presidenta del Centro para los Derechos Reproductivos (CRR), Nancy Northup, en unas declaraciones recogidas por Efe.

El camino por la Justicia de este caso se antoja lento. La decisión final no se espera hasta 2022, aunque llegará, como muy tarde, a finales de junio. Sin embargo, el proceso ha echado a andar este miércoles, cuando el estado de Misisipi ha defendido su norma ante el Tribunal.

En concreto, Misisipi ha pedido en sede judicial que el Tribunal Supremo derogue la decisión de 1973. El procurador general del estado, Scott Stewart, ha argumentado que esa sentencia, conocida como Roe versus Wade, "no tiene base en la Constitución" y debe ser anulada, junto con otro precedente de 1992 que limitó los casos en los que los estados pueden restringir la interrupción voluntaria del embarazo.

Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos ha reclamado al Supremo que no elimine el precedente que legalizó el aborto al opinar que esa corte "nunca ha revocado un derecho tan fundamental" para los estadounidenses. La procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, cree que "los efectos en el mundo real de derogar Roe versus Wade serían graves e inmediatos". 

Las abogadas de la única clínica que todavía practica abortos en el estado también están presentes en el proceso que se inicia este miércoles. "Alrededor de un cuarto de nuestras pacientes son de Texas. Nos llaman en un estado de pánico, sin saber qué hacer", ha explicado la directora de la clínica, Shannon Brewer. "Y estamos hablando solo de un estado. Imaginen lo que pasará si el Tribunal Supremo decide que cada estado puede gestionar el acceso al aborto como deseen", ha sentenciado Brewer.

Un caso que dictará jurisprudencia

En el caso de Texas, el Alto Tribunal también tiene pendiente decidir en los próximos meses sobre su ley, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación. Sin embargo, el Supremo no entrará a juzgar si la medida es constitucional, algo que sí hará respecto a la ley de Misisipi.

Así, el caso de Misisipi es el más decisivo de las últimas décadas sobre el aborto en Estados Unidos. En el país no hay ninguna ley nacional que garantice la libertad de interrumpir el embarazo y los estados más conservadores llevan años con el afán de restringirlo.

Todas las miradas están puestas ahora en un Supremo con la mayoría conservadora reforzada con la confirmación en 2020 de la jueza Amy Coney Barrett, ahora hay seis magistrados de esa tendencia frente a los tres de inclinación progresista. 

La jueza Sonia Sotomayor, de tendencia progresista, ya ha expresado su alarma ante el hecho de que Misisipi pida el fin del precedente marcado en 1973 y que lo haga por el hecho de que "hay nuevos magistrados" en el Supremo. 

"¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea, en la percepción de la gente, de que la Constitución y su lectura son simplemente actos políticos?", ha preguntado la jueza. En el mismo sentido, el juez progresista Stephen Breyer ha destacado la necesidad de que el Supremo actúe en este caso "basándose en principios legales, y no en la presión social o política".

Sin embargo, el juez que preside la corte, John Roberts, ha opinado que reducir el límite en el que el aborto es legal en Estados Unidos a las 15 semanas de gestación que propone Misisipi "no es una diferencia muy drástica" respecto a la situación actual. Por su parte, otro de los jueces más conservadores de la corte, Samuel Alito, ha señalado que "las únicas opciones reales" que tiene el Supremo son mantener en pie la decisión de 1973 o derogarla.