El Supremo de EEUU debatirá sobre las prohibiciones de los estados a los tratamientos a menores trans

El Tribunal Supremo de EEUU ha admitido a trámite un recurso que ha presentado el Gobierno de Joe Biden contra una ley aprobada por el Estado de Tennessee que prohíbe algunos tratamientos médicos para menores trans, según recoge el diario El País.

El caso admitido es Estados Unidos contra Skrmetti. "Los recursos ante el Supremo se presentan en forma de pregunta y la que el Gobierno de Biden planteó en este caso es si la ley SB1 de Tennessee, que prohíbe todos los tratamientos médicos destinados a permitir 'a un menor identificarse con, o vivir como, una supuesta identidad incompatible con el sexo del menor' o a tratar 'una supuesta incomodidad o angustia derivada de una discordancia entre el sexo del menor y la identidad afirmada', viola la cláusula de igualdad de la 14 Enmienda de la Constitución", recoge El País.

Esta norma restringe los bloqueadores de la pubertad y la terapia hormonal para menores transexuales. Numerosos estados republicanos han aprobado leyes similares. El Supremo de EEUU está controlado por magistrados conservadores, seis por tres progresistas. 

"Mientras los estados demócratas han aprobado leyes de protección de los derechos transexuales, los republicanos han promovido normas que limitan no solo los tratamientos médicos, sino que se extienden también a la participación en los deportes escolares, el uso de los cuartos de baño o incluso la representación de espectáculos por parte de personas transexuales. En los tribunales federales ante los que se han presentado impugnaciones ha habido fallos en sentido contrario, con lo que corresponderá al Supremo unificar la doctrina", recoge El País.

Idaho

En abril de este año, según recoge la agencia EFE, el Tribunal Supremo ya se pronunció a favor del estado de Idaho, al que permitió temporalmente la entrada en vigor de una ley que penaliza a los médicos que brinden tratamientos de reasignación de género a menores trans.

El fallo anuló la decisión de un juez federal que había detenido la puesta en vigor de la ley HB71 que castiga hasta con diez años de prisión a los médicos que brinden tratamientos hormonales u otras prácticas de afirmación de género a menores de edad.

Este magistrado había bloqueado la medida en respuesta a una querella legal, presentada por las familias de dos menores que estaban recibiendo tratamiento, que alegaban que la ley era inconstitucional porque viola sus derechos.

Los seis miembros conservadores de la máxima corte estuvieron de acuerdo con permitir la implementación de la ley, mientras los tres jueces liberales opinaron que la ley se debió mantener suspendida.

Sin embargo, el fallo del Supremo permitió que los dos menores que demandaron la ley puedan continuar recibiendo el tratamiento durante el litigio.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y su filial en Idaho calificaron la decisión del Supremo como algo "terrible" para los demás jóvenes transgénero y sus familias en ese estado.

"El fallo de hoy permite al estado (de Idaho) cerrar la atención de la que dependen miles de familias y, al mismo tiempo, sembrar más confusión y perturbación", agregó la organización en un comunicado.

No obstante, ACLU destacó que el fallo de la máxima corte no determina la constitucionalidad de esta ley por lo que continuarán con la batalla legal.

Idaho no es el único estado que ha aprobado consecuencias penales para los médicos que brindan este tipo de tratamientos; Texas, Alabama, Luisiana y Arizona también han promovido medidas similares.