El Tribunal Supremo de Estados Unidos se mostró este miércoles escéptico sobre el poder del presidente, Donald Trump, para imponer aranceles a prácticamente todos los territorios del mundo al plantear que el uso que el mandatario hizo sobre una ley de emergencia para justificar los gravámenes pudo no ser correcto.

El alto tribunal, de mayoría conservadora, celebró este miércoles una audiencia para determinar si la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA), que otorga a los mandatarios el poder de hacer frente a una "amenaza" durante "una emergencia nacional", es aplicable en este caso del aumento de aranceles anunciado desde abril.

Desde el principio de la sesión, los magistrados plantearon dudas sobre la legalidad de la política arancelaria de Trump –incluidos los jueces conservadores, que acostumbran a ir en línea con el planteamiento del presidente– y si el poder de imponer los gravámenes recae en el Congreso de acuerdo con la Constitución.

Un fallo en contra de la política arancelaria de Trump, aunque parcial, sería un duro golpe para el mandatario, que ha construido su plan económico y hasta sus relaciones diplomáticas en base a estas tarifas.

El fiscal John Sauer, que representó la postura de la Administración, intentó defender la necesidad de aplicar estos gravámenes por una emergencia económica, pero negó que se buscase el beneficio económico. Sin embargo, Trump ha hecho bandera en más de una ocasión del dinero que iba a recaudar el Gobierno federal gracias a los aranceles.

El presidente del Supremo, el juez conservador John Roberts, que fue uno de los más incisivos con el abogado del Gobierno durante el interrogatorio, aseguró que la imposición de aranceles ha sido siempre competencia del Congreso y que otorgar también este poder al presidente "neutraliza" la separación de poderes.

Jueces como la magistrada progresista Sonia Sotomayor se mantuvieron firmes en que los aranceles son parte de la política tributaria, algo que, como defendió, corresponde al Congreso.

Uno de los momentos clave fue cuando el abogado de un grupo de empresas afectadas, una de las partes demandantes, declaró que el magistrado conservador Neil Gorsuch, nominado por Trump en 2017, había dado "en el clavo" con uno de sus planteamientos, que ponía en duda el proceder de la Administración.

Varios magistrados se mostraron convencidos con el argumento de que los aranceles busquen paliar una emergencia y especialmente con el hecho de que gran parte de los países recibiesen aranceles "recíprocos", como los bautizó Trump.

El caso llegó al Supremo después de que tribunales inferiores y una corte federal de apelaciones considerasen que el presidente había excedido sus poderes al determinar su batería arancelaria.

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La impugnación fue presentada por un grupo de 12 fiscales estatales demócratas, representados por el fiscal general de Oregón, y por un grupo de empresas representadas por el abogado Neal Katyal, que fue fiscal general de EEUU durante parte del mandato de Barack Obama.

Más allá de las dudas sobre la política de Trump, algunos jueces del Supremo también se mostraron preocupados por problemas que podrían surgir en el caso de que el tribunal fallase en su contra, como las posibles devoluciones de los aranceles que las empresas ya han pagado o las repercusiones que podría tener limitar el poder del presidente de cara a una futura emergencia.

Se espera que el Supremo dicte una sentencia a finales de junio, al cerrar el curso político, aunque es posible que llegue antes dada la importancia del caso.