El Tribunal Supremo de Pakistán acusó de desacato al primer ministro, Yusuf Raza Gilani, ordenándole comparecer ante la Corte por no haber perseguido al presidente y a otros altos cargos en casos de corrupción. El TS considera que el premier no se ha tomado 'en serio' la sentencia que invalidó la NRO, una amnistía concedida por el régimen de Pervez Musharraf, en el poder hasta 2008.

Esta benefició a muchos políticos que hoy ocupan altos cargos en el Gobierno. Y también permitió el regreso al país de la exprimera ministra, Benazir Bhutto (asesinada en 2007), y de su viudo, el actual presidente, Asif Alí Zardari.

La orden coincide con una situación de extrema debilidad del Gobierno, que paralelamente convocó al Parlamento a una moción de apoyo a la democracia ante el temor a un golpe militar. La votación, celebrada este lunes, resultó favorable. 'Hoy es el mejor día para la democracia', dijo Gilani.

La acusación del Supremo, sin embargo, podría arrastrar al país a una crisis más profunda. 'En esta circunstancia, no se nos ha dejado otra opción y, como primera medida, hemos emitido un aviso de desacato', explicaron en un comunicado los miembros del TS, que han exigido a Gilani que se presente ante ellos el 19 de enero.

Su decisión es una escalada en la batalla del Gobierno por su supervivencia, con dos frentes abiertos. El del escándalo del memogate, que lo enfrenta con el Ejército por una supuesta petición secreta de ayuda a Estados Unidos en caso de que se produjese un golpe. Esta parece haber tenido lugar tras el asesinato de Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, por un comando de EEUU.

El proceso está en manos del TS, con el que mantiene una pugna por la aplicación de numerosas órdenes dictadas por la Corte. Indicios de inestabilidad que contribuyen a desequilibrar tanto a Pakistán como a la región.

Aunque es Gilani el que se enfrenta a una vista por desa-cato, muchos observadores creen que el objetivo del TS apunta Zardari. En los noventa, el presidente paquistaní incurrió en casos de corrupción e incluso fue acusado de asesinato. Sin embargo, él sostiene que todos son falsos o tienen una motivación política.

La amnistía que le protegía fue anulada en 2009 y la Corte ha estado presionando al Gobierno para que reabra las investigaciones. El Ejecutivo se niega, alegando que Zardari goza de inmunidad por ser el jefe del Estado.