El Tribunal Supremo estadounidense aceptó este viernes la petición del Gobierno de Donald Trump de retirar el estatus de protección temporal concedido por la anterior Administración de Joe Biden a 532.000 personas migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que también les permitía trabajar en el país.

La decisión del Supremo abre la puerta a la expulsión de más de medio millón de personas que pudieron en su día entrar legalmente en Estados Unidos tras solicitar desde el extranjero su incorporación a este programa, al que ahora Trump quiere poner fin dentro de una batería de medidas para limitar la llegada de migrantes.

La orden, sin embargo, se topó en un primer momento con un bloqueo ordenado por una jueza federal de Massachusetts que entendía que la Administración Trump no podía adoptar este tipo de medidas masivas sin un estudio caso por caso. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, elevó una petición al Tribunal Supremo, a la espera no obstante de que el proceso siga su curso en instancias inferiores, informa la cadena CNN.

Se trata de la segunda victoria judicial lograda por Trump en materia migratoria en el mes de mayo, ya que el Tribunal Supremo ya había permitido en otra decisión previa la eliminación del estatus de protección dirigido específicamente a migrantes procedentes de Venezuela. El magnate republicano ha abogado desde su retorno a la Casa Blanca por limitar este tipo de beneficios y agilizar las deportaciones. 

La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con los votos de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.

"Una chapuza"

En su escrito de desacuerdo, el juez Brown Jackson considera que "el tribunal literalmente ha hecho una chapuza con su dictamen hoy". 

"El tribunal no exige prácticamente nada al Gobierno en cuanto a daños irreparables. Y subestima las devastadoras consecuencias de permitir que el Gobierno trastoque precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros mientras sus demandas legales siguen pendientes", escribe la jueza.

Brown Jackson subraya que el más de medio millón de migrantes encara ahora "dos opciones insostenibles". Por un lado, pueden optar por abandonar EEUU y enfrentarse a "peligros en sus países de origen", tal y como advirtió ya la jueza de Massachusetts, o pueden permanecer en el país después de que expire su parole "y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del Gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva".