Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido como Teodorin, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial y vicepresidente del país, ha comparecido este lunes ante la justicia francesa, acusado de blanqueo de capitales y desvío de fondos públicos, en relación con su patrimonio en territorio francés.

Su proceso, que comienza tras diez años de disputas legales sobre la jurisdicción de las autoridades parisinas, marca un hito en la lucha mundial contra la corrupción, según explica la asociación Open Society Foundations. Por primera vez, un alto dignatario de un país es juzgado en el extranjero por delitos de malversación. 

Según el acta de acusación, el hijo del presidente se apropió de cerca de 110 millones de euros de las arcas públicas de su país que le permitieron hacer -a través de empresas de su propiedad- compras, entre otros, de bienes inmobiliarios, obras de arte o coches de lujo. 

El punto de partida de la investigación fue un informe de 2007 titulado "Bienes mal adquiridos... a menudo benefician demasiado", en el que la ONG francesa CCFD Terre Solidaire examinaba la supuesta construcción ilícita de las fortunas de diversos líderes africanos y denunciaba la indiferencia de sus socios europeos. Transparency International France y la Asociación Sherpa se hicieron eco de sus observaciones para elevar ese mismo año una querella contra Teodorin Obiang ante los tribunales franceses, que tenían competencia sobre el caso porque los "bienes mal adquiridos" del hijo del presidente habían sido comprados en Francia, según informa RFI. 

"¡Lo nunca visto en la historia judicial mundial!"

Entre el 19 de junio y el 6 de julio está previsto que se celebren nueve audiencias en el Tribunal Correccional de París, en el marco del 'Caso de los bienes mal adquiridos'. Teodorin no estará presente, dejando su destino en manos de sus abogados, los franceses Emmanuel Marsigny y Thierry Marembert y el expresidente del Tribunal Supremo guineano Sergio Esono Abeso Tomo.

Los juristas se esforzarán por demostrar que el acusado goza de inmunidad diplomática como número dos del Gobierno de Guinea Ecuatorial y tratarán de defender que el tribunal parisino no tiene competencias sobre los presuntos delitos de corrupción. En declaraciones a la publicación francesa Jeune Afrique, uno de los abogados defensores, Emmanuel Marsigny, se echa las manos a la cabeza, alegando que permitir a la justicia francesa seguir adelante con el caso "crearía una competencia jurisdiccional universal" sobre los casos de corrupción estatal, "¡lo nunca visto en la historia judicial mundial!"

Para Open Society Foundations, una sentencia en este sentido constituiría un éxito sin precedentes para los activistas anticorrupción y tendría un poderoso efecto disuasorio sobre futuros infractores.