Un tribunal de apelaciones da la razón a Trump y avala el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles

Vuelco judicial en la pugna entre Donald Trump y el estado de California. Una corte de apelaciones de Estados Unidos ha dado este viernes la razón a la Administración republicana y ha autorizado la continuidad del despliegue de la Guardia Nacional en las calles de Los Ángeles. El fallo revierte la decisión anterior del juez federal Charles R. Breyer, quien había declarado ilegal la intervención de los 4.000 soldados ordenada por Trump para contener las protestas contra redadas migratorias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).

La decisión supone un respiro para el presidente, que había sido obligado por un tribunal de distrito a devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador de California, Gavin Newsom. Ese fallo, dictado el jueves, había considerado que Trump violó la Décima Enmienda de la Constitución y excedió su autoridad al federalizar a las tropas sin consentimiento estatal. El juez Breyer también alertó de que la militarización de la ciudad privaba a California de recursos esenciales para combatir incendios, vigilar la frontera y frenar el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones ha suspendido ahora de forma cautelar esa orden, atendiendo a los argumentos de la Fiscalía federal. En un comunicado, el Departamento de Justicia ha calificado la medida de Breyer como una “intrusión poco común” en las competencias que la Constitución otorga al presidente, asegurando que el despliegue es necesario “para proteger a los agentes de Policía” y contener los disturbios. Los fiscales sostienen que impedir la intervención “pondría en peligro la seguridad del personal del Departamento de Seguridad Nacional e interferiría con las operaciones federales”.

Además, Trump ha reconocido públicamente que contempla invocar la Ley de Insurrección si las protestas se intensifican. Ha acusado a los manifestantes de estar recibiendo pagos por protestar contra las detenciones del ICE, en unas movilizaciones que se han extendido ya a una decena de ciudades del país.

Hasta ahora, la Casa Blanca se ha amparado en el Título 10 del Código de EEUU, que le permite asumir el control de las tropas estatales en tres supuestos: invasión, rebelión o imposibilidad de hacer cumplir la ley mediante fuerzas civiles. La defensa legal de Trump insiste en que la situación actual encaja en esos escenarios, aunque los tribunales todavía no han determinado si se cumplen los requisitos constitucionales.

Enfrentamiento entre Trump y el gobernador Newsom

La batalla legal comenzó cuando California presentó una demanda el pasado martes para frenar lo que calificaron de “militarización ilegal” de la ciudad. En ella, el fiscal general Rob Bonta alegaba que el despliegue violaba la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de las fuerzas armadas para tareas policiales. “Desde que el presidente anunció su plan, el malestar en las calles ha crecido, lo que ha puesto en peligro a la población”, señaló. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, decretó incluso un toque de queda parcial ante los disturbios y saqueos registrados.

A pesar del fallo inicial favorable a Newsom, la corte de apelaciones ha bloqueado su aplicación y permitirá que los soldados sigan desplegados en al menos ocho puntos de la ciudad. Casi 150 militares custodian instalaciones de Seguridad Interior en Paramount, unos 300 se encuentran cerca del aeropuerto internacional, más de un centenar acompañan a agentes del ICE en redadas y otros 32 operan en Santa Ana, en el condado de Orange. Su despliegue total, reforzado con 700 marines, tiene un coste estimado de 134 millones de dólares, cubriendo transporte, manutención y alojamiento durante un periodo máximo de 60 días, según cifras del Pentágono.

Mientras tanto, el gobernador californiano ha advertido que esta batalla aún no ha terminado. “Donald Trump debe trabajar con los límites de la Constitución. No es un rey, no es un monarca”, sentenció. Aunque se mostró dispuesto a colaborar con la Administración federal en otras materias, insistió en que el control de las fuerzas de seguridad debe permanecer en manos del Estado.

El caso sigue abierto. Hay una nueva vista judicial prevista para el 20 de junio. Hasta entonces, las tropas seguirán patrullando Los Ángeles bajo mando federal en uno de los choques más significativos entre un estado y el Gobierno central en lo que va de siglo en EEUU.