Un tribunal de Seúl aprobó este martes la solicitud de un equipo conjunto de investigación para detener de manera temporal al presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, por su breve imposición de la ley marcial, convirtiéndose en el primer presidente surcoreano en ejercicio en enfrentar un arresto.

El Tribunal del Distrito Oeste de Seúl emitió la orden contra Yoon –acusado de planear la fallida declaración de ley marcial del 3 de diciembre, orquestar una insurrección y abusar de su poder– después de que el mandatario haya ignorado tres citaciones para ser interrogado al respecto.

Tras obtener la orden judicial, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO por sus siglas en inglés) cuenta ahora con 48 horas para mantener detenido a Yoon para interrogarlo. En ese periodo puede solicitar otra orden para extender el arresto en caso de que quiera seguir interrogando al mandatario.

Un funcionario del CIO indicó en declaraciones que recoge la agencia Yonhap que la orden obtenida es válida durante una semana y que aún no se ha decidido cuándo ejecutarla.

En todo caso, persisten la incertidumbres sobre si la CIO puede ejecutar la orden, ya que el Servicio de Seguridad Presidencial ha impedido que los investigadores entren tanto en el complejo de la oficina presidencial como en la residencia oficial de Yoon para realizar registros aprobados por el tribunal.

A su vez, los abogados del presidente indicaron que técnicamente solo la Fiscalía puede solicitar este tipo de órdenes de arresto y que han presentado un escrito para tratar de anular el edicto.

Aunque Yoon tiene inmunidad presidencial frente al procesamiento penal, el privilegio no se extiende a los cargos de insurrección, que en Corea del Sur acarrea la cadena perpetua o la pena capital (sobre la que existe una moratoria desde 1997) para aquellos a los que se considera líderes de una revuelta de este tipo.

El anuncio supone la primera vez en la historia democrática del país asiático en que un presidente aún en el cargo encara la posibilidad de ser detenido.

Yoon fue destituido el pasado 14 de diciembre por la Asamblea Nacional (Parlamento), lo que lo ha despojado momentáneamente de sus funciones hasta que el Tribunal Constitucional decida de aquí a junio si restituye sus competencias o lo inhabilita definitivamente.

Insurrección

La solicitud alega que Yoon lideró una insurrección y abusó de su cargo al declarar el estado de excepción el pasado 3 de diciembre y que supuestamente ordenó al ejército que impidiera a los diputados del Parlamento votar en contra de su decisión para revocarla.

Los parlamentarios finalmente lograron votar en contra de la ley marcial, aparentemente gracias en parte a la negativa de mandos militares intermedios a cumplir órdenes, lo que obligó al presidente a rescindir el estado de excepción a las pocas horas de decretarla.

Yoon ha negado las acusaciones argumentando que su declaración de la ley marcial fue un "acto de gobernanza" que buscaba advertir a la oposición, que tiene mayoría en el Parlamento, contra lo que ha descrito como un abuso del poder legislativo que busca minar al Estado y apoyar al régimen de Corea del Norte, con quien el Sur está técnicamente en guerra.

"Ilegales e inválidas"

Los abogados del presidente surcoreano anunciaron este martes que pedirán una orden judicial para anular la orden de detención temporal emitida contra el mandatario para interrogarlo con respecto a su declaración de la ley marcial a principio de mes.

Uno de los letrados de Yoon, Yun Gap-geun, afirmó que las órdenes de arresto y registro de la oficina y la residencia presidencial son "ilegales e inválidas" porque los solicitantes –el equipo formado por la oficina anticorrupción, la policía y el Ministerio de Defensa– no tienen potestad para investigar los cargos de insurrección de los que se acusa a Yoon.

Yun también indicó que el equipo de asesores legales del presidente pedirá al Tribunal Constitucional que revise la constitucionalidad de la orden emitida.