La troika regresa a Portugal para estudiar las medidas de ajuste propuestas por el Gobierno

Un equipo de técnicos de la troika comienza hoy en Lisboa una nueva visita a Portugal con el propósito de analizar las últimas medidas de austeridad anunciadas por el Gobierno conservador luso.

El ministerio de Finanzas de Portugal informó el lunes de que los miembros de la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirán hoy con el Ejecutivo portugués para estudiar los más recientes ajustes, divulgados el pasado viernes. "La Comisión realizará ahora un análisis detallado de todas estas medidas con los socios de la troika para examinar su compatibilidad con los objetivos acordados", explicó el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor. Pero no aclaró si el veredicto estará listo a tiempo para que el Eurogrupo del próximo lunes pueda desbloquear el siguiente tramo del rescate a Portugal.

La Comisión celebra el "fuerte compromiso" de Portugal para aplicar los ajustes

El Ejecutivo comunitario celebra el "fuerte compromiso" del Gobierno portugués para garantizar el cumplimiento del programa de ajuste. También se felicita de que el nuevo plan base la consolidación en "reducciones permanentes del gasto en lugar de medidas extraordinarias o aumentos de impuestos", porque estos últimos "son más perjudiciales para el crecimiento". La Comisión ha resaltado además que el plan portugués pretende una mayor convergencia entre el sector privado y público y ha sido dialogado con los interlocutores sociales y los partidos políticos.

El primer ministro Pedro Passos Coelho anunció el viernes, en una declaración televisada al país, una batería de medidas ya anticipadas a grandes rasgos en abril con las que pretende lograr un ahorro de 4.800 millones de euros en el gasto público entre 2013 y 2015. Passos Coelho propone eliminar 30.000 funcionarios -cerca de un 5 % del total-, aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 66 años y alargar la jornada laboral de los trabajadores públicos de 35 a 40 horas semanales, ajustes que necesitan ahora del visto bueno de la troika.

Algunas de estas medidas se dirigen a compensar el fallo del Tribunal Constitucional que anuló en abril varios de los recortes incluidos en los Presupuestos de 2013, mientras que otras forman parte de la reforma del Estado comprometida por Portugal en el rescate financiero que le concedieron la UE y el FMI. El primer ministro luso también anunció, para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, la creación de un nuevo impuesto sobre las pensiones.

Coelho afirmó que las medidas están abiertas al diálogo con la oposición, sindicatos y empresarios  Passos Coelho señaló que todas esas medidas están abiertas al "dialogo" con la oposición, sindicatos y empresarios, pero prácticamente todos se mostraron ya contrarios a su aplicación. El gravamen a las pensiones fue rechazado también el domingo, de forma tajante, por los democristianos del CDS-PP, que forman parte de la coalición conservadora que gobierna desde junio de 2011. Su líder, Paulo Portas, subrayó que aprobar una tasa especial para los pensionistas "es una línea que no se puede atravesar", especialmente por las dificultades que atraviesa ese colectivo, y se mostró convencido de que Passos Coelho respetará su postura y desechará finalmente esa opción.

El regreso de los técnicos de la troika a Lisboa se produce apenas dos semana después de que abandonaran por última vez el país, y se espera que en esta ocasión den su visto bueno al proyecto de las autoridades lusas para dar definitivamente por aprobada la séptima revisión del programa de rescate financiero. Portugal se encuentra bajo supervisión de la UE y el FMI desde mayo de 2011 cuando le fue concedido el préstamo de 78.000 millones de euros a cambio de un severo programa de ajustes y reformas aplicado casi a rajatabla por el Ejecutivo luso.

Desde entonces, el país no ha necesitado de emitir deuda a largo plazo en el mercado para financiarse y ha evitado así pagar intereses muy superiores a los que le exigen la UE y el FMI, aunque pese a la asistencia su economía se ha desplomado cerca de un 7 % y el desempleo se ha disparado hasta el 17 %.