El presidente estadounidense, Donald Trump, ha autorizado este jueves sanciones económicas, así como ampliar las restricciones de visados, contra los miembros del Tribunal Penal Internacional dedicados a investigar a tropas estadounidenses.

Todo ello con el objetivo de "proteger a los militares" y "defender la soberanía nacional". "Las acciones del Tribunal Penal Internacional son un ataque a los derechos de los estadounidenses y amenazan con socavar con nuestra soberanía nacional", ha señalado la Casa Blanca en un comunicado.

Han insistido, además, en que adoptan "investigaciones por motivos políticos", sin aludir directamente a la decisión del TPI de autorizar una investigación formal por los presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán, también por parte de las tropas de Estados Unidos.

"El TPI se creó para que rindiesen cuentas criminales de guerra, pero en la práctica ha supuesto una burocracia internacional ineficaz que ataca y amenaza al personal de Estados Unidos, así como al de nuestros socios y aliados", ha esgrimido la oficina de Trump.

Crímenes de guerra en territorio palestino

Estados Unidos también reprocha a La Haya que la fiscal jefe, Fatou Bensouda, abriera el año pasado una investigación formal sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio palestino, lo cual pone en el punto de mira a Israel, estrecho aliado de Washington.

Además, "tenemos fuertes razones para creer que hay corrupción y malas prácticas al máximo nivel de la Fiscalía", ha apuntado la Casa Blanca por lo que estaría en tela de juicio la "integridad" de cualquier investigación por parte del órgano que encabeza Bensouda.

Acusación a Rusia

A la vez que la Casa Blanca ha hecho este anuncio, el secretario de Justicia, Bill Barr, ha acusado a Rusia de "manipular" al TPI. El jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo ha asegurado que la corte es "ineficaz y corrupta", una sospecha que también ha esgrimido el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que ha deslizado incluso la posibilidad de imputar a los funcionarios supuestamente corruptos.

"Estados Unidos tiene razones para dudar de la honestidad del TPI", ha afirmado el jefe del Departamento de Justicia, que contaría con "información sustancial y creíble" sobre las presuntas irregularidades y el "largo historial de corrupción económica".

Barr ha puesto en duda la "integridad" de las investigaciones que pueda emprender la corte de La Haya, "manipulada" al servicio de "potencias extranjeras como Rusia" que quieren que siga "su propia agenda". Por su parte, el consejero de la Casa Blanca para la seguridad nacional Robert O'Brien ha asegurado que estas "manipulaciones" intentan específicamente impulsar las pesquisas de la jurisdicción internacional de La Haya contra militares estadounidenses en Afganistán, una investigación que ha irritado a EEUU.

Caso por caso

La orden ejecutiva firmada por Trump deja ahora en manos del Departamento del Tesoro, en colaboración con el Departamento de Estado, la adopción de cualquier futura medida. Pompeo ha defendido que actuarán "caso por caso" para imponer tanto sanciones económicas contra individuos y entidades como restricciones de visado.

Pompeo ha advertido en una comparecencia pública de que, si prosiguen las pesquisas del TPI, puede darse el caso de que un militar sea detenido cuando está de vacaciones en Europa solo por lo que ha descrito como una "cruzada ideológica". "No podemos quedarnos parados mientras nos amenaza un tribunal amañado", ha subrayado.