Trump sufre varios reveses judiciales a sus órdenes sobre diversidad, pagos del Tesoro y sus ataques a la Administración pública

Dos jueces federales y el Tribunal supremo de EEUU han bloqueado este viernes 21 de febrero los planes de Trump en cuanto a las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), el acceso del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del magnate Elon Musk al sistema de pagos del Tesoro estadounidense, y han decidido no respaldar su decisión de destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial (OSC, en inglés).

El juez federal, Adam Abelson, de Maryland, bloqueó parte de las órdenes ejecutivas del presidente de EEUU para desmantelar las políticas DEI en el Gobierno, las empresas y las universidades del país.

Además, emitió un bloqueo temporal que impide al Gobierno de Trump eliminar o modificar contratos federales relacionados con políticas DEI en respuesta a una demanda de la ciudad de Baltimore y varios grupos educativos.

Abelson también impidió al Gobierno de Trump hacer cumplir sus directivas contra empresas que cotizan en bolsa o grandes universidades, y argumentó que esas acciones podrían ser consideradas inconstitucionales por violar la libertad de expresión.

"Esto es una discriminación de libro, basada en el punto de vista", dijo el juez en su fallo, según The Washington Post, señalando que "se enfoca expresamente y amenaza la expresión de puntos de vista que apoyan la equidad, diversidad e inclusión".

Trump inició su mandato con una serie de órdenes ejecutivas que buscaban desmantelar estas políticas, popularizadas en EEUU tras las protestas por la justicia social de 2020, tras el asesinato con motivación racista del afroamericano George Floyd por parte de un policía blanco

Según las directivas, todos los empleados federales contratados bajo estas políticas han sido puestos en licencia administrativa con miras a su futuro despido, pero medios nacionales reportaron que también han resultado afectados empleados involucrados en esas iniciativas en el pasado.

La Administración federal solo tiene competencias para acabar con los programas DEI en los puestos gubernamentales, pero grandes compañías del país, entre ellas las tecnológicas, se han sumado a la estrategia del mandatario. 

Veto del DOGE al sistema de pagos del Tesoro 

La jueza Jeannette A. Vargas, de Nueva York, mantuvo este viernes el bloqueo del acceso del DOGE del magnate Elon Musk al sistema de pagos del Tesoro estadounidense y pidió medidas para proteger los datos que contiene.

Además, confirmó el bloqueo emitido por otro juez el pasado 8 de febrero y dio un plazo hasta el 24 de marzo al Gobierno de Donald Trump para demostrar que los empleados del DOGE tienen formación en ciberseguridad, entre otras cosas.

Vargas señaló en un fallo de más de 60 páginas que el interés del Gobierno en la modernización y mejora de eficiencia del sistema de pagos del Tesoro no queda "socavado" por su bloqueo y señaló la importancia de "mitigar potenciales preocupaciones de seguridad".

"Sin atajar estos problemas, las potenciales consecuencias de una brecha de ciberseguridad podrían ser catastróficas", dijo la magistrada en el documento.

Vargas indicó que podría levantar el bloqueo si el Gobierno le da una serie de informaciones sobre la correcta formación de los empleados del DOGE, los procesos de seguridad que tendrán que superar o la cadena de reporte en la que se basará la relación entre estos, el DOGE y Tesoro.

El 8 de febrero, el juez federal Paul Engelmayer bloqueó el acceso del DOGE al sistema de pagos del Tesoro tras una demanda de casi una veintena de fiscales generales estatales, y además reclamó destruir los datos descargados desde el 20 de enero, día de la investidura de Trump.

Los fiscales habían pedido impedir que el DOGE desarrollara procesos automatizados o manuales que pudieran paralizar los pagos del sistema del Tesoro, pero Vargas consideró que la solicitud estaba fuera de sus límites.

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"El remedio en este caso debe ajustarse estrechamente a la reparación del daño específico argumentado por los denunciantes: la amenaza de divulgación de la información bancaria sensible de los estados contenida en los sistemas de pago del Tesoro", opinó la jueza. 

Revés a Trump en sus ataques a la Administración pública

El Tribunal Supremo de EEUU propinó este viernes a Trump un primer revés al no respaldar su decisión de destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de Asesoría Especial, el organismo federal encargado de proteger a quienes denuncian irregularidades dentro de la Administración.

La decisión del Supremo tiene carácter temporal y es relevante porque se produce en respuesta al primer recurso que Trump presentó ante esa corte desde su regreso a la Casa Blanca, hace un mes, con el objetivo de defender su ofensiva contra la Administración pública, que busca recortes de gastos y garantizar la lealtad de sus funcionarios.

Dellinger asumió en marzo de 2024, bajo el Gobierno de Joe Biden, el liderazgo de la OSC, una agencia cuyo principal objetivo es proteger a los empleados públicos de represalias por denunciar irregularidades dentro del Gobierno.

Trump ordenó su destitución el 7 de febrero, pero un juez bloqueó temporalmente la decisión. El pasado sábado, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, una instancia inferior al Tribunal Supremo, rechazó el recurso de la Casa Blanca contra esa orden judicial.

En teoría, Trump partía con ventaja en el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces —incluidos tres designados por él en su primer mandato (2017-2021)— son conservadores.

Además, el año pasado, el tribunal falló a favor de otorgar a Trump y a todos los futuros presidentes una amplia inmunidad por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que en la práctica supuso una expansión sin precedentes del poder presidencial.

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Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió no dar la razón a Trump. Concretamente, el alto tribunal no aprobó ni rechazó la solicitud de la Administración para destituirlo de inmediato y, en su lugar, dejó la orden de destituir a Dellinger en suspenso.

El despido de Dellinger forma parte de la ofensiva del nuevo Gobierno de Trump para reducir el gasto público y limitar las funciones de la administración federal, una estrategia liderada por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), bajo la supervisión del empresario Elon Musk.

Como parte de este plan, también se ha desmantelado de facto la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés), creada tras la crisis financiera de 2008, con sus oficinas cerradas y sus empleados en el limbo.