El pasado 20 de enero, el Parlamento de Turquía aprobó una revisión constitucional que será sometida a referéndum este domingo. Promovida por el propio presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, pretende sustituir el actual sistema parlamentario por uno presidencial. La reforma en la cámara parlamentaria fue apoyada por el partido en el poder, el islamoconservador AKP, y la derecha nacionalista del MHP, frente a la oposición del partido pro kurdo HDP y del socialdemócrata CHP, que tachan la medida como una deriva autoritaria del mandatario.

“Votar NO es oponerse al autoritarismo y defender los derechos y demandas de millones de personas que tienen opiniones diferentes a las del Gobierno”, afirma Sevinç Doğan, socióloga y estudiante de doctorado en Turquía. “Erdogan utiliza la tentativa de golpe de Estado para imponer un cambio en la Constitución, alegando que necesita más poder para controlar la crisis económica y política del país”, asegura por su parte Öznur Karakaş, investigadora sobre movimientos sociales turcos en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

“Quieren vender que el referéndum otorgará más democracia, pero es mentira, quieren convertir nuestro país en una dictadura”

Ambas son activistas del movimiento Biraradaylz, Buradaylz ─Estamos aquí, juntos─ que forma parte de la Plataforma Demokrasi Için Birlik ─Unión para la Democracia─ y de su campaña HAYIR ─“No” en turco─. Los cambios constitucionales que plantea Erdogan implican la desaparición de la figura del primer ministro, con lo que el presidente tendrá la potestad de nombrar y revocar a los ministros, promulgar decretos, declarar el estado de emergencia, disolver y reconstruir el Parlamento y reconfigurar el Tribunal Constitucional y el Consejo Supremo de Jueces y Fiscales.

Además, legitima que Erdogan pueda presentarse a las próximas elecciones de 2019 y mantenerse en el cargo hasta 2029.“Quieren vender que el referéndum otorgará más seguridad y democracia a la población, pero es mentira, quieren convertir nuestro país en una dictadura”, confiesa Karakaş.

Miedo en las calles

El grupo local Biraradaylz, Buradaylz (BiBu) inició la campaña en Estambul con panfletos informativos sobre los costos económicos y políticos del régimen de Erdogan y su gestión durante el tiempo que dura el estado de emergencia, impuesto desde el pasado julio tras el fallido golpe. Gracias al éxito de esta acción, los grupos activistas se sintieron más seguros y comenzaron a organizar asambleas, talleres políticos y stands informativos en diferentes puntos estratégicos de las poblaciones turcas.

“Hay grupos de jóvenes que atacan a las activistas del NO y dañan edificios de las organizaciones del partido pro kurdo”

“¡Claro que hay represión!”, señala Karakaş. “Hay grupos de jóvenes que atacan a las activistas del NO y dañan edificios de las organizaciones del partido pro kurdo”. El miedo está presente en las calles, ya que tras la proclamación del estado de emergencia el Gobierno puede detener a cualquier persona y acusarla de terrorista.

BiBu se rige bajo un sistema horizontal de asambleas participativas. Como la mayoría de formaciones de la plataforma Demokrasi Için Birlik, la organización surgió a raíz de las protestas ciudadanas de 2013 para detener la destrucción del parque Gezi de Estambul. “A partir de Gezi, empezamos a organizar asambleas de barrios para defender los derechos de la población ante las vulneraciones por parte del Gobierno”, matiza la investigadora de la UOC.

El objetivo principal de la campaña HAYIR es aclarar y desmentir la información del Gobierno, cuyo discurso se basa en el miedo. “Alegan que si la población no les apoya, el país podría acabar en una guerra civil como la de Siria”. Karakaş señala que intentan analizar y entender bien el contenido de la reforma, explicando lo que significa a las personas indecisas. “Nos centramos más en votantes de AKP y MHP que apoyan al Gobierno, pero que no creen que el referéndum sea una buena idea”.

“En Turquía hay una polarización entre la parte más moderna y la más conservadora. Esto le sirve a Erdogan para intimidar”

De la misma manera, huyen del discurso de odio que utiliza Erdogan. “En Turquía, desde que se fundó la República, hay una polarización entre la parte más moderna y la más conservadora. Esto le sirve a Erdogan para intimidar a la ciudadanía”, matiza la investigadora en movimientos sociales. “La oposición inició la campaña en tiempos de guerra, en medio de operaciones militares y bajo amenazas. Desde la oposición tenemos que actuar en consecuencia”, afirma Doğan.

La socióloga confiesa que si gana el NO será una gran victoria para la oposición, pero que el Gobierno no se detendrá e intentará adelantar las elecciones para conseguir más votos e instaurar la reforma. Karakaş mantiene que Erdogan va a seguir imponiendo el cambio porque no puede gobernar sin el estado de emergencia. “El problema es que no tiene un grupo que le apoye para gobernar el país, ya que ha echado a todas las personas cualificadas, que pertenecen a Hizmet”.

Hizmet es la organización religiosa del líder Fethullah Gülen, que ayudó en 2002 al AKP a ganar las elecciones, filtrándose en el aparato del Estado, en la Administración de Justicia y en la policía durante 10 años. A partir de 2013, a raíz de Gezi y de la acusación de Erdogan a Gülen de promover investigaciones por corrupción que afectaron a su Ejecutivo, empezaron las tensiones y la posterior ruptura con Hizmet. Además, Erdogan culpa al líder religioso, que vive en Estados Unidos, de ser el cabecilla del fallido golpe de Estado.

El Gobierno mantiene el estado de emergencia desde hace casi nueve meses y se escuda en él para presionar a los medios y prohibir las manifestaciones

El Gobierno mantiene el estado de emergencia desde hace casi nueve meses y se escuda en él para presionar a los medios de comunicación y prohibir las manifestaciones, silenciando así a la oposición. “Movemos la información a través de panfletos por las calles y en las redes sociales”, expone Karakaş.

Para extender la campaña del SÍ, Erdogan y su Gobierno han intentado buscar apoyos en Europa, concretamente dónde más población hay a su favor, Alemania y Holanda, ya que tienen derecho a votar desde los consulados. Sin embargo, las tensiones aumentaron debido a que estos países europeos vetaron las intervenciones de autoridades turcas a favor del referéndum. Erdogan respondió comparando estas acciones europeas con actividades nazis, justo cuando se cumplía un año del gran acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en materia de personas refugiadas.

Las activistas estarán el domingo en Estambul, junto a un grupo de voluntarias y voluntarios que vigilaran en todo el país el proceso de votaciones, para impedir cualquier intromisión y ayudar a un correcto funcionamiento del derecho a la libre decisión de la ciudadanía turca.

Oposición perseguida

Erdogan llegó al poder en 2002 y permaneció once años como primer ministro. En 2014 fue directamente elegido presidente. En las elecciones de junio de 2015, el AKP, partido de Erdogan, perdió el poder absoluto del Parlamento a causa del ascenso del partido pro kurdo HDP que obtuvo alrededor de un 13% de votos.

Los resultados electorales desembocaron en la ruptura de paz con la población kurda, que derivó en la persecución y detención de sus líderes. Ante este panorama, un grupo de académicos y personalidades de la universidad firmaron una petición para la restauración de la paz con el pueblo kurdo.

Tras la tentativa de golpe de Estado, se está acusando de terroristas a las personas que firmaron esta petición, echándolas de sus puestos de trabajo y retirándoles el pasaporte. “Usan las firmas como una lista negra. Han dejado de renovar contratos e interfieren tanto en universidades públicas como en privadas”, relata la investigadora de la UOC.

Así, desde julio de 2016 más de 150.000 funcionarios públicos han sido despedidos de sus puestos de trabajo, y una decena de diputados del HDP ─incluyendo sus líderes─ y más de 150 periodistas han sido encarcelados. De hecho, según el Comité de Protección de Periodistas, en 2016 Turquía encabezó el ranking de comunicadores entre rejas.

La investigadora en movimientos sociales turcos alega que la mayoría de personas expulsadas de sus puestos de trabajo son profesionales de la educación, especialmente personal universitario y de investigación. Además, sostiene que desde hace cuatro años el Gobierno está cambiando el sistema educativo en todos los niveles, eliminando asignaturas como filosofía e introduciendo más clases de religión.

Desde julio de 2016 más de 150.000 funcionarios han sido despedidos y una decena de diputados del HDP y más de 150 periodistas han sido encarcelados

La proclamación del Estado de excepción siempre es temporal, hasta que la situación que lo justificó se revierta. “Ahí es dónde está la manipulación de Erdogan: mientras él siga considerando que se puede volver a producir un golpe de Estado va a continuar prorrogando el estado de excepción. Esta es la excusa que le da cobertura para poder eliminar a la oposición y a las voces críticas”, afirma David Bondia, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Barcelona y Presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya.

Bondia aclara que no se puede prorrogar a gusto la proclamación del estado de emergencia y que no se debería celebrar un referéndum bajo la vigencia de un estado de excepción, ni poco después de su levantamiento. “Va en contra de la garantías esenciales de cualquier consulta democrática”. El profesor asegura que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos se pronunciará sobre este hecho y acabará condenando a Turquía aunque “pasarán algunos años hasta que eso ocurra”.