Turquía intenta vender ilegalmente en España el aceite de oliva saqueado en Siria

El Gobierno de Turquía está intentando introducir ilegalmente en España a través de varias cooperativas y empresas interpuestas varios miles de toneladas de aceite de oliva producido con las aceitunas saqueadas por sus mercenarios islamistas en Afrin y otros municipios aledaños ocupados de Rojava (Federación Democrática del Norte de Siria). Parte de la producción podría haber sido vendida ya, o estar a punto de comercializarse, con documentos falsos de atribución de origen expedidos con las bendiciones de la administración turca. De acuerdo a un protocolo secreto dado a conocer hace unas semanas por la agencia kurda Firat (ANF), casi una cuarta parte de los ingresos obtenidos mediante la comercialización de ese producto serviría para pagar a los sicarios del Ejército Libre de Siria (FSA), las fuerzas mercenarias de las que se sirve Recep Tayipp Erdogan para sostener su ocupación de una porción de Rojava.

Rama quebrada de olivo

Durante la primeras fases de la operación militar turca que consumó la toma de Afrin —bautizada justamente con el nombre de Rama de olivo—, los soldados de fortuna de Turquía quemaron varias hectáreas de árboles del territorio kurdo que ocuparon. Claro que eso fue algo antes de que los islamistas descubrieran que la venta del aceite es más lucrativa incluso que la del petróleo, además de mucho más sencilla de realizar y de ocultar gracias a las facilidades que les otorgaron sus patrones turcos y los ventajosos acuerdos comerciales suscritos por ese país con la Unión Europea. Previamente a que los turcos se decidieran a crear un protocolo que regule el reparto de ese botín olivarero de guerra, los agricultores locales de Afrin y su comarca fueron robados a punta de kalashnikov, gravados con impuestos desorbitados o, según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, obligados a vender su producción a la mitad del precio de mercado.

Si consiguen introducir el aceite a la Península sin que intervengan antes las autoridades españolas para detener el fraude, la operación blanquearía un acto de pillaje que, con arreglo a los datos de la citada agencia kurda, proporcionaría 19 millones de euros a los islamistas para proseguir con sus actividades criminales y otros 50 más, a Turquía, cuyo Gobierno intenta abrir estos días una vía diplomática desesperada que le permita invadir otras zonas de Rojava con el beneplácito de los norteamericanos. El camino para una nueva agresión militar del territorio kurdo quedó mucho más expedito desde que el presidente Trump anunció su propósito de retirar las tropas estadounidenses de Siria, una decisión interpretada por los kurdos como una traición.

Toda la aceituna con la que ese aceite ha sido o va a ser en breve fabricado procede de los cultivos robados a los productores locales expulsados de Afrin y su comarca por los sicarios de Turquía así como de los impuestos abusivos con los que esos mercenarios tasaron la producción de los pocos agricultores que han permanecido en la zona y a quienes no han despojado de todos sus medios de vida.

De acuerdo al protocolo del pillaje diseñado por el Gobierno de Erdogan, el FSA está obligado a entregar los frutos del expolio a los consejos locales que sirven a los intereses turcos, quienes a su vez transportarían el producto a la ciudad turca de Hatay, desde donde se vendería a España antes o después de su procesamiento (este detalle no se menciona en el papel).

El citado documento tampoco aclara quién es el exportador ni la contraparte ibérica de esta operación ilegal, pero del modo en que se asume que el aceite será exportado a nuestro país, se colige que podría existir algún acuerdo previo con alguna compañía española para vender la mercancía como turca a precios inferiores a los de mercado.

No son conjeturas cocinadas por los kurdos

Aunque sin citar España o referirse de manera explícita al destino final que proyectan darle al producto de su expolio, incluso el ministro turco de Agricultura, Bekir Pakdemirli, reconoció hace unas semanas que su Gobierno se proponía apoderarse de las olivas y el aceite con el fin de impedir que cayeran en manos de las milicias kurdas y financiar, de ese modo, a sus mercenarios mediante su exportación a un tercer país europeo. Al igual que Pakdemirli, varios responsables más de la Administración turca han admitido que su Gobierno va a vender ese botín de guerra, lo que confiere un crédito adicional a los documentos aportados por los kurdos.

Dado el alcance de esos hechos, un diputado suizo, Bernhard Guhl, se ha dirigido ya en dos ocasiones al Parlamento de su país para solicitar que contribuya a esclarecer los detalles de la operación y sobre todo, en demanda de que intervenga de algún modo para tratar de abortarla. "En la primera de mis interpelaciones solicité que se esclareciera qué estaba haciendo el Bundesrat para impedir ese robo con supuesto destino a España", ha asegurado a Público este representante del Partido Demócrata Cívico. Claro que en vista de la vaguedad de la respuesta que obtuvo, Guhl volvió a dirigirse al Parlamento suizo el 14 de diciembre del pasado mes con una nueva y detallada batería de preguntas sobre los detalles de la operación comercial ilegal y una petición a su Gobierno de que interceda ante los turcos para que pongan fin a la ocupación de la zona kurda de Afrin. "No importa si el destino final es España o Alemania pero en mi opinión, es muy importante que el país o países a donde se envíen inicie una investigación criminal que determine las compañías que están comerciando con las olivas o el aceite robado. Si se está vendiendo como turco están infringiendo la ley", nos aclara el suizo.

Se halla confirmado por fuentes turcas que los ingresos obtenidos por el Gobierno de Erdogan se destinarán al banco público Ziraat y al servicio postal turco PTT. ¿Cuál podría ser el volumen de la operación? El ministro de Agricultura Pakdemir aseguró a los productores de su país durante unas jornadas sobre la aceituna organizadas el 26 de noviembre del pasado año en Ajisar (Turquía) que la producción conjunta de la cosecha saqueada por el FSA no superaría las seiscientas toneladas. Claro que lo que ese miembro del Ejecutivo pretendía era persuadir a los productores turcos de que el botín de guerra no tendría una influencia negativa en el mercado nacional, ni tiraría a la baja de los precios del aceite.

Incluso los agricultores turcos pusieron en duda la fiabilidad de esa cifra. Según una información aparecida en el diario Hurriyet, los productores turcos insinuaron que, en el peor de los escenarios, el robo de la producción de Afrin y otros municipios de la zona kurda de Siria como Bulbul, Jindirese, Mabatli, Shera, Rajo y Sheyhhedit debería proporcionar al Gobierno de su país no menos de cinco mil toneladas de aceite. A precios actuales de mercado, los ochenta millones de dólares en que los kurdos cifraban el volumen total de la operación ilegal equivalen a una horquilla de producción de entre diez y veinte mil toneladas, lo que, por establecer un símil, vendría a ser una décima parte de la producción de la provincia de Jaén, o algo menos de la del municipio andaluz de Montoro. Según el protocolo del pillaje, la cosecha de la aceituna debería estar concluida a mediados de este mes.

Almazaras de Afrin

No se sabe con certeza dónde se ha procesado o se procesará el aceite de oliva con hipotético destino a España. De entrada, no es descartable que la aceituna se traslade de manera inmediata para su molturado a molinos turcos, dotados con tecnología de última generación gracias a las ayudas económicas otorgadas por la Unión Europea. Claro que, ¿para qué complicar ese proceso cuando se sabe a ciencia cierta que en la zona usurpada a los kurdos poseen también la tecnología necesaria para obtener un aceite de calidad? Lo más razonable es que la oliva se procese en las almazaras de Afrin, dado que un aceite virgen de calidad exportable a nuestro país sólo podría ser fabricado a partir de olivas recién cosechadas. Veinticuatro horas después de ser recolectadas, comienzan a fermentar y a perder sus cualidades. Con certeza, ese producto se está transportando hasta Hatay (Turquía), franqueando para ello la frontera de Jindirese. Según algunas fuentes turcas también citadas por el diario Hurriyet, desde allí podrían haber sido trasladadas a Bakíroğlu.

Por otro lado, no es la primera vez desde el inicio del conflicto sirio que ese aceite de Afrin acaba en los almacenes turcos. También sucedió durante el otoño de 2013, cuando el cantón kurdo estaba totalmente asediado por el Dáesh, después de que los yihadistas expulsaran al Ejército Libre de Siria de las zonas de Idlib y Alepo limítrofes con la región. En plena época de la cosecha de la aceituna y visto que era imposible exportarlo, el embargo islamista provocó en un primer instante que las almazaras de Afrin acumularan miles y miles de garrafas de aceite y que su precio se desplomara.

La situación cambió después de que Turquía diera luz verde a una entrada y salida limitada de personas y productos entre Afrin y su territorio. Gran parte del aceite de oliva producido y almacenado en la región kurdosiria pudo venderse a empresas turcas como consecuencia de las relaciones cordiales entre Turquía y el PYD a las que dio lugar el proceso de paz que Ankara había arrancado con el PKK en marzo de 2013 y que a la sazón aún seguía en marcha.

Investigación criminal

Tal y como sugiere el diputado suizo Bernhard Guhl, toda posibilidad de que se esclarezca qué empresas españolas o europeas podrían estar implicadas en el fraude pasa por la apertura de una investigación sobre las importaciones de aceite turco. Según explica a Público un analista kurdo, la operación está siendo organizada desde Turquía a través de una cooperativa conocida con el nombre de Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği, pero a partir de ahí, "se están sirviendo de empresas interpuestas", lo que dificulta su rastreo. Se da por cierto que ese aceite virgen de oliva robado en Siria se mezclará con un producto similar, fabricado del lado turco, y se exportará con documentación de origen falsa. Eso significa, a su vez, que establecer su origen podría obligar a llevar a cabo análisis químicos, pruebas organolépticas o paneles de cata que permitan detectar el el fraude en su envasado, importación y ulterior comercialización, una costumbre de gran raigambre entre algunas empresas españolas del sector que a menudo no han dudado en vender aceites de otros países del Mediterráneo como propios. Esos análisis y protocolos de cata permiten averiguar la variedad de la oliva con la que el aceite ha sido fabricado, las características del terreno, el microclima donde crecen los árboles o incluso la maquinaría con la que se fabricó el producto. Es conocido que en la zona turca de Hatay próxima a la frontera siria se cultiva una variedad de aceituna local conocida como saurani.

Si sabe algo sobre este fraude, el director de Asoliva (Asociación Española de la Industria y el Comercio Exportador de Aceites de Oliva y Aceites de Orujo) no contesta. Claro que el experto al que Público trata infructuosamente de consultar, Rafael Pico, representa justamente los intereses privados de los productores y la gran industria exportadora del sector, la misma que, eventualmente, se ha visto salpicada por escándalos de fraude.

Según Luis Escalante, responsable de una pequeña empresa andaluza llamada Spanish Aurum, no es descabellado en absoluto que, tal y como sugieren las denuncias de los kurdos de Rojava, una o varias empresas españolas estén tratando en este momento de importar en condiciones ventajosas ese botín de guerra. "Hace sólo unos días se puso en contacto con nosotros una compañía exportadora de Adana llamada Ozcelic Trading para ofrecernos aceite, y lo cierto es que eso no es lo habitual", asegura Escalante. El momento para vender a España es ideal porque la cosecha en nuestro país se ha retrasado un poco, y el precio del producto aún no ha caído, tal y como acostumbra a suceder a partir de febrero.

"Tampoco es improbable que haya empresas españolas implicadas en esas actividades ilegales porque en nuestro país existe una larga tradición de importar aceites de países como Túnez, para comercializarse después como propio a terceros países. De hecho, varias empresas españolas fueron sancionadas el pasado año por vender aceite de Marruecos a los Estados Unidos como si fuese español", añade Escalante.

La picaresca española

El responsable de esta pequeña empresa sevillana conoce bien los entresijos del mercado de Oriente Medio porque lleva veinte años comerciando con países como Irán. Y en su opinión, "no es sorprendente que los turcos hayan recurrido a España. Primero, porque la picaresca aquí es habitual y segundo, porque posee la mayor producción del mundo y es más difícil controlar el fraude que en otras naciones como Italia. Buena parte de las importaciones del Mediterráneo entran por Valencia, donde se encuentra el puerto de referencia donde debería concentrar su investigación la policía aduanera".

Por otra parte, se da la circunstancia de que Turquía tiene suscritos ventajosos acuerdos comerciales con la Unión Europea que aún simplificarían más una operación así, especialmente si la Administración española ignora las alarmas, mira hacia otra parte o, en definitiva, no extrema los controles, a pesar de todos los indicios que sugieren que una o varias empresas de nuestro país podrían estar financiando de manera indirecta, con o sin su conocimiento, las actividades de una banda de mercenarios islamistas. Al decir de Escalante, si la Administración española desea en verdad hacer sus deberes, "tendría que poner especial celo en controlar todo el producto procedente de Turquía. Claro que aquí lo que prevalece es el capitalismo salvaje, y este sabe a menudo anticiparse a la policía. A lo mejor ese aceite turco ni siquiera llega a envasarse en España, del mismo modo que ha llegado producto procedente de Túnez que se vendió a los Estados Unidos remacheado como mercancía española, sin bajar tan siquiera del barco donde se cargó en origen. De hecho, eso es lo que se ha hecho toda la vida con el azafrán".