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Europa comienza puntual la deportación de refugiados a Turquía

Dos ferries, que partieron de la isla de Lesbos con solicitantes de asilo a bordo, han llegado al puerto turco de Dikili. Otra embarcación, procedente de la isla de Quíos, llegará a la localidad turca. El pasado viernes el Parlamento heleno aprobó el protocolo de expulsiones en el marco del polémico acuerdo entre la UE y Turquía.

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Varios solicitantes de asilo son conducidos por la Policía griega a un barco en el que serán deportados desde Lesbos a Turquía.- EFE/EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

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MADRID/ ATENAS / LESBOS.- A primera hora del día, cumpliendo a rajatabla los plazos fijados por el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, Grecia ha iniciado el proceso de deportación de inmigrantes y refugiados al otro lado de su frontera con Turquía. Los plazos no se cumplieron nunca, en cambio, cuando se referían a la ayuda económica de la UE al país heleno para gestionar la oleada de refugiados, como tampoco se han cumplido a la hora de cursar solicitudes de asilo de los mismos. Las deportaciones sí están siendo puntuales.

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Ewa Moncure, la portavoz de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, ha afirmado que la mayoría de los deportados son ciudadanos de Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, más tarde, el diario Hürriyet aseguraba que a bordo de los ferries también había al menos dos refugiados sirios que, según fuentes del Gobierno griego, "por razones personales" pidieron volver a Turquía. Policías antidisturbios griegos han embarcado junto a ellos.  

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Policías antidisturbios vigilan la deportación de refugiados de Lesbos a Turquía.- EPA/EFE

Las devoluciones se han iniciado después de que el Parlamento griego aprobara el viernes una enmienda para permitir la implementación del acuerdo UE-Turquía, que contempla la devolución de los refugiados e inmigrantes que lleguen a las islas helenas.

Activistas en Dikili muestran una pancarta reclamando la apertura de las fronteras y la paralización de las deportaciones. REUTERS/Murad Sezer

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y varias organizaciones para la defensa de los Derechos Humanos han denunciado que el acuerdo no posee las garantías legales suficientes.

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