La jubilación forzosa de 250 jueces, así como la pérdida de independencia del Banco Central y de la autoridad de protección de datos de Hungría han acabado con la paciencia de Bruselas. La Comisión Europea abrió ayer expediente a Budapest por la vía rápida y exigió al Gobierno de Viktor Orban, que cuenta con una cómoda mayoría parlamentaria, que cambie de nuevo su Constitución o suspenda las polémicas reformas.

La Comisión abrió ayer tres expedientes de infracción, uno de ellos por la jubilación forzosa que el Gobierno pretende aplicar a 250 jueces a los que obligará a retirarse con 62 años. Los otros dos consideran incompatible con la legislación comunitaria la nueva gestión del Banco Central y de la autoridad de protección de datos. 'Espero que Hungría haga los cambios necesarios', confió en Estrasburgo José Manuel Durão Barroso, presidente de la Comisión. 'Las decisiones que hemos adoptado hoy reflejan nuestra determinación de garantizar el cumplimiento íntegro del Derecho europeo, en letra y espíritu', argumentó.

La Comisión censura la pérdida de independencia bancaria en Hungría

Según la comisaria de Justicia, Viviane Reding, Orban decidió 'no tener en cuenta las dudas legales de la Comisión' al proponer los cambios, por lo que ahora no tiene más remedio que hacer 'cambios reales en la legislación en cuestión o suspenderla inmediatamente'. La Comisión dará ahora un plazo de un mes para que Budapest proporcione una respuesta. En caso contrario, el expediente acabará en el Tribunal de Justicia de la UE.

Orban ha preferido pasar al ataque y hoy se presentará por iniciativa propia en la Eurocámara para justificar su reforma. 'No permitiremos que la izquierda internacional acuse a Hungría con mentiras y un acoso sin base', aseguró ayer, advirtiendo de que su país no acepta lecciones de democracia. 'Defenderemos la integridad de los húngaros', prometió.

El primer ministro culpa a la 'izquierda internacional' de acosar a su país

Orban ya se convirtió en el centro de la polémica el año pasado, coincidiendo con su mandato como presidente de turno de la UE. En aquel momento, la causa fue una ley de prensa que coqueteaba con la censura y que fue rechazada por las autoridades europeas. El primer ministro se reunirá hoy con Barroso, con quien espera llegar a una solución que evite más críticas internacionales y una posible sentencia judicial en contra en el futuro.