Unión EuropeaEuropa busca blindarse contra una nueva crisis en 2020

Siete años después, nadie en Europa quiere volver a las cumbres maratonianas de tensión máxima que se vivieron en 2011 para rescatar a Grecia, con los pequeños ahorradores mordiéndose las uñas mientras leían las noticias que llegaban Bruselas. Así que ahora que la cosa económica va algo mejor, los capitales están tratando blindar la Eurozona ante cualquier posible crisis. O, dicho en jerga bruselense, buscan profundizar la unión bancaria.

En una de las frases preferidas del anterior presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se trata de “arreglar el tejado mientras brilla el sol”. El problema es que arreglar el tejado europeo no es tan sencillo, y siete años después de que pasara lo peor, los dos lados del ring siguen definidos: a un lado los que quieren profundizar la unión de los mercados de capitales cuanto antes, como España; y al otro los que quieren evitar tener que pagar por los pecados del Sur, con Alemania, Países Bajos a la cabeza. 2019 ha sido un año de tiras y aflojas, pero en el que se ha avanzado más bien poco.

Cada mes, los ministros de la Eurozona se reúnen para tratar de avanzar, principalmente, en tres arreglos diferentes para tratar que las goteras del tejado sean lo más pequeñas posible. El primero, una reforma del fondo de rescate europeo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), que le dé más competencias y trate de hacer los rescates más estructurados y ordenados. Segundo: un principio de presupuesto de la eurozona, con el objetivo de permitir inversiones públicas incluso en países que atraviesen una crisis severa. Tercero, un fondo común de garantía de depósitos a nivel europeo (EDIS, por sus siglas en inglés).

Primer obstáculo: Salvini hace viral el MEDE en Italia

El instrumento que está más cerca de convertirse en realidad es una reforma del fondo de rescate, cuya medida estrella es la introducción a partir de 2024 de un mecanismo de salvaguarda con capacidad para movilizar hasta 65.000 millones de euros para entidades financieras en apuro.

En julio de este año los países de la UE ya llegaron a un principio de acuerdo para un texto común, pero, cuando los ministros estaban ya eligiendo su pluma favorita para estampar su firma en diciembre, saltó un terremoto político en Italia. ¿La razón? El nuevo tratado incluye una cláusula que hace algo más fácil que el Gobierno pueda negociar con sus acreedores una quita en caso de deuda excesiva.

Dice Matteo Salvini, el líder de la ultraderechista Liga, aconsejado por sus gurús económicos, que elevaría los costes de financiación de Italia, el país con el segundo nivel de deuda más alto de la Unión Europea solo por detrás de Grecia. Que si se aprueba esta ley, los mercados verían más posible una quita, lo que afectaría a los pequeños inversores y los bancos italianos, con mucha deuda pública en sus balances, que se enfrentarían al riesgo de unas pérdidas enormes. Es decir, Salvini piensa que sería echarle leña al fuego.

Hay más voces en contra de ese punto en la reforma: Luigi Di Maio, líder del Movimiento 5 Estrellas, y ministro de Exteriores ha llegado a calificarla de “no factible”, y el gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco se ha mostrado temeroso de que el mecanismo socave la confianza de los inversores ya que haría que un rescate fuera más probable, si bien apoya la reforma del MEDE en general.

El presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, confía en resolver el entuerto y firmar el tratado a antes de marzo de 2020, si bien él mismo admite que quedan pendientes “un par de detalles legales”. Por su parte, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, se mantiene más cauto y, preguntado durante la última reunión del Eurogrupo a principios de diciembre, dijo que prefiere esperar para dar una fecha para el acuerdo.

El ministro de Economía, el socialista Roberto Gualtieri, sí defiende la nueva norma, incluidas las facilidades de negación en caso de quita. De la misma opinión son muchos economistas, que piensan que el cambio en las normas no tendría un impacto negativo. Un ejemplo es Sebastien Grund, experto en Derecho financiero de la Universidad de Oxford y exasesor del Banco Central Europeo: “Los mercados financieros han reaccionado de manera benigna a la introducción de estas cláusulas”, explica. El cambio de las normas del MEDE “parece ser una estrategia de reforma sensata”.

Los pequeños ahorradores, algo más desprotegidos

La realidad es que el cambio de normas sí puede tener un impacto para los pequeños ahorradores, los que tienen unas pocas letras del Tesoro. ¿De qué manera? Desde 2013 los bonos incluyen una ‘cláusula de acción colectiva’ que, en caso de que el Gobierno puede activar en caso de emergencia, si no tiene dinero suficiente para realizar todos los pagos. Con esa norma en la mano, los acreedores pueden negociar una quita de la deuda que les evite arriesgarse a quedarse sin nada en caso de impago. Para conseguir esto, se organiza un voto entre los acreedores. De aprobarse, la nueva norma quiere hacer este voto más fácil, de manera que los pequeños tendrán menos poder de veto –ese es el cambio de la discordia al que se opone Salvini–.

Serían los bancos quienes dictarían las condiciones en la mayor parte de los casos, ya que suelen ser quienes poseen la mayor parte de los títulos de deuda de los Gobiernos. Para evitar eso, las condiciones de votación que se incluyeron en 2013 eran más rígidas.

Sin embargo, desde entonces, “se ha encontrado una solución”, defienden los economistas de Bruegel, Grégory Claeys y Antoine Mathieu Collin: una cláusula de ‘tratamiento equitativo’, promovida for el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si la negociación se hace de mala fe contra los pequeños inversores, estos pueden llevar a los tribunales al Gobierno.

Este cambio en las reglas sería ahora “pequeño pero positivo” para Claeys y Collin. “No aumenta de por sí la probabilidad de una reestructuración de la deuda pero, en el caso excepcional de que esto ocurra, allanaría el proceso y reduciría el coste para los Gobiernos”.

Un presupuesto ‘anti-recortes’ para la Eurozona

La segunda pata de la reforma de la unión bancaria es la creación de una especie de presupuesto para la Eurozona, un fondo común que permita a los países realizar reformas e inversiones en tiempos de dificultad. La idea es que sea un salvavidas para que un país no se ahogue si sufre recortes.

En 2020 veremos a la ministra de Economía, Nadia Calviño, discutir con sus homólogos europeos para conseguir un presupuesto que sea lo mayor posible, y también por incluir la palabra “anticíclico” en el acuerdo, de manera que no sirva solo para realizar las reformas que dicte Bruselas, sino que ayude a acercar la economía española al resto de la UE. 

En cuanto al tamaño del instrumento, la última cifra sobre la mesa, propuesta por los finlandeses –cuya presidencia de turno termina con el fin de año– es de 12.903 millones de euros, una cantidad muy inferior a los 17.000 millones que se habían barajado hasta ahora, y a años luz de los 55.000 millones de euros que propuso la Comisión en 2018.

El dinero depositado en España, tan seguro como en Alemania

El que está aún muy lejos de convertirse en realidad es el fondo de seguro de depósitos europeo. Ya existe una norma europea que obliga a los bancos a respaldar los depósitos de todos sus clientes hasta 100.000 euros en caso de bancarrota, pero quien paga los platos rotos en caso de emergencia es el Gobierno de cada país.

Lo que pretenden los países del sur es que sea un fondo europeo el que asegure, al menos en parte, esos depósitos en toda la Eurozona. Así, el riesgo para quien tiene una cuenta en un banco español o uno alemán sería el mismo, evitando parte de las fugas de capitales hacia el norte que se produjeron durante la crisis. “El seguro de depósitos es el gran eslabón perdido”, resume la investigadora de Bruegel Rebecca Christie en una tribuna en El Confidencial.

Sin embargo, hay cierta esperanza de que el EDIS avance algo en 2020. Después de años de bloqueo, Olaf Scholz dio una señal de apertura en un artículo escrito en el Financial Times el pasado noviembre en el que hablaba de una “innegable” necesidad de profundizar la unión bancaria y de que “algún tipo de mecanismo europeo de depósitos” sería necesario. “Un paso que no es pequeño para un ministro de Finanzas alemán”, reconocía él mismo.

Eso sí, Scholz dijo que si se llega a crear ese fondo europeo, la asistencia sería complementaria a la nacional. Y, en cualquier caso, antes de ponerse a hablar en serio sobre el tema pone una serie de condiciones sobre la mesa, como que los bancos reduzcan los préstamos de riesgo y los bonos de deuda soberana que tienen en cartera.

El 20 de enero se celebrará la primera reunión de ministros de Finanzas de la Eurozona en Bruselas, en la que veremos cómo de cerca estamos de cumplir la lista de deseos de España. Será el momento de constatar si el lío político italiano se ha calmado, y si se concreta la señal de optimismo lanzada Scholz, cuyo partido socialdemócrata está por una crisis histórica.