Al frente de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco se dedica a ser un azote para los líderes latinoamericanos, a quienes señala las violaciones de los derechos humanos que siguen ocurriendo en sus países. Sus críticas no gustan. Venezuela lo expulsó tras la presentación de un informe crítico. Colombia lo incluyó en la lista de personas que los servicios secretos espiaron sin orden judicial para desacreditarle.

¿Cuál es el legado de Uribe?

Álvaro Uribe va a pasar a la historia como un autócrata que logró resultados significativos en la lucha contra las guerrillas de las FARC y el ELN. No logró la derrota de las FARC, pero sí su repliegue a zonas remotas. Estas siguen reclutando menores y plantando minas, pero hay un descenso muy positivo del secuestro, por las dificultades que tienen para operar. Se restablece el orden público y la comunicación por carretera entre departamentos. Para la mayoría de los colombianos, es un logro importante.

¿Y sin embargo?

Gobernó con un discurso que intentó dividir a los colombianos entre los incondicionales y los enemigos de la patria. Un discurso de agresión permanente hacia la sociedad civil, hacia medios que hacían investigaciones odiosas para el régimen y hacia líderes de la oposición. Consciente y deliberadamente, buscó debilitar el Estado de derecho, otorgando beneficios y un trato especial a los paramilitares. Hubo un esfuerzo por desmantelar la Constitución de 1991, sobre todo en cuanto a las instituciones que ejercen labores de fiscalización.

¿Cómo se da ese intento de desmantelamiento institucional?

Con Uribe ha habido una campaña para deslegitimar a los jueces, denunciándolos por los peores crímenes y ofendiéndolos constantemente. Eso contra una Corte Suprema que investiga a congresistas por vínculos con el paramilitarismo. Hay 87 procesados, de los que el 95% son uribistas. Era evidente que lo que buscaba el Gobierno era frenar esas investigaciones. No hay caso similar en América Latina donde un cuarto del Congreso esté sujeto a investigaciones.

En las legislativas de marzo, el nuevo partido PIN, formado por familiares de políticos presos o investigados por la parapolítica, logró 11 diputados.

Así es, la penetración del paramilitarismo en las instituciones democráticas continúa. Ello se une al uso dado al servicio de Inteligencia de la Presidencia, el DAS. Algo inaudito en la región, salvo en el Perú de Alberto Fujimori, cuyo director de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, se dedicó a pinchar comunicaciones, a seguir a opositores y jueces y coaccionarles lo mismo que ha hecho el DAS.

Por espiar sólo' a la oposición cayó el presidente Richard Nixon en Estados Unidos en 1974.

Sí, pero en Colombia no ha pasado nada, porque quien gobierna es Uribe y el récord de impunidad es lamentable. La norma ha sido la impunidad, frente a los hechos del DAS, o frente a los falsos positivos, otro hecho inaudito. En últimos 20 años no conozco caso similar donde el ejército se involucre de forma sistemática en asesinar a sangre fría a civiles pretendiendo que son guerrilleros.

¿Continúan los falsos positivos'?

Todo indica que el fenómeno ha parado, pero lo que no ha avanzado son las investigaciones. Sólo hubo unos oficiales destituidos.

El Gobierno niega que haya un conflicto armado interno.

Eso de que no hay conflicto y los paras ya no existen es parte de una inteligente propaganda para adornar mejor el paquete. Para no dejarlo sólo en un gobierno anti-FARC, era imprescindible mostrar resultados en la lucha contra el paramilitarismo. Por lo que vemos, en los sitios donde operaba el paramilitarismo operan estos nuevos grupos, con las mismas técnicas, e igual responsabilidad en el desplazamiento, en el narcotráfico. Son los cárteles de hoy. Atacan a la población civil, roban tierras. Pero el Gobierno no quiere oír hablar de este tema.

¿Por qué cree usted que es así?

Es reconocer que [la desmovilización de paramilitares] fracasó o fue deliberadamente un fraude. Y la extradición a EEUU por narcotráfico de los capos del paramilitarismo ha dificultado las investigaciones.

¿Puede juzgarles EEUU por crímenes de lesa humanidad?

Existe la posibilidad jurídica de investigar y juzgar a los paramilitares en EEUU, por torturas. EEUU cuenta con la legislación apropiada, con la jurisdicción y con el deber de investigar estos hechos. Pero sin el empuje de Bogotá, no es realista pensar que eso vaya a ocurrir.

¿Puede intervenir la Corte Penal Internacional (CPI)?

La CPI es competente si el Estado no ha tenido voluntad, no ha querido o no ha podido garantizar justicia. La fiscalía de la CPI no ha llegado a una conclusión sobre Colombia.

¿Qué opina de la firma del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Colombia?

Me parece que es un error y contradice los principios de la UE sobre derechos humanos y laborales. Las cifras de sindicalistas asesinados en Colombia son las más altas del mundo. Hablamos de 600 casos bajo el Gobierno Uribe. Si se va a firmar un tratado, lo mínimo es examinar si los trabajadores colombianos pueden ejercer sus derechos laborales. En EEUU se ha postergado la ratificación de un tratado de libre comercio mientras no haya evidencias de que la situación mejora.

¿Se puede atajar la parapolítica?

Hay una propuesta en el Congreso, boicoteada por el Gobierno de Uribe, para que el partido cuyo congresista es sancionado por parapolítica pierda ese escaño, en vez de ser reemplazado por alguien del partido.

¿Qué espera del nuevo Gobierno de Colombia?

Que abra un nuevo capítulo y esté dispuesto a fortalecer las instituciones, sobre todo la justicia, y a examinar estos temas sin minimizar su gravedad.