La condena a un coronel retirado por la desaparición en 1985 de diez civiles en el Palacio de Justicia de Bogotá enfrentó ayer al presidente colombiano, Álvaro Uribe, que cree que esa sentencia genera 'inseguridad jurídica', con los familiares de las víctimas, para quienes es 'ejemplarizante'.

'Creo que lo que se está construyendo [con esa condena] es un panorama de inseguridad jurídica que atenta contra el manejo del orden público en Colombia', sostuvo Uribe en una entrevista con la emisora La Voz, de Bogotá.

Uribe se refería a la condena a 30 años de cárcel impuesta al coronel retirado del ejército Alfonso Plazas por la desaparición de diez civiles en el destruido Palacio de Justicia.

Estas diez personas y otra desaparecida cuyos restos fueron hallados posteriormente formaban parte de los varios centenares de personas que se hallaban en la sede judicial el 6 de noviembre de 1985, cuando la desaparecida guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) ocupó el edificio.

Unos 40 rebeldes entraron en el edificio con el objetivo de someter a juicio político al entonces presidente del país, el conservador Belisario Betancur (1982-1986).

La acción guerrillera derivó en un asalto militar que terminó en tragedia al día siguiente con la muerte de más de cien personas, entre ellas diez magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la destrucción del palacio por el fuego.

La fiscalía obtuvo pruebas y testimonios de la salida con vida del palacio de los desaparecidos. Para las familias de las víctimas, la sentencia de Plazas es 'ejemplarizante'.

La magistrada también ordenó la entrega de su fallo a las instancias competentes para que investiguen al ex presidente Betancur y a quienes dirigían las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.