Uruguay anula la impunidad legal de la dictadura militar

Uruguay comienza a resolver una de las cuestiones de Estado más dolorosas y controvertidas que ha debido afrontar en los últimos años: conseguir que los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura (1973-1985) puedan ser juzgados. El martes por la noche el Senado aprobó contra reloj y por un solo voto una ley para que esos crímenes no prescriban el 1 de noviembre y a última hora de hoy se esperaba la sanción final en la Cámara Baja.

El único partido que apoyó la iniciativa fue el Frente Amplio, la coalición en el poder liderada por el presidente uruguayo, José Mujica. El camino ha sido largo, desgastador y problemático, porque hubo que luchar contra la Ley de Caducidad, una norma promulgada en 1986 que hasta ahora amnistiaba a los militares involucrados en crímenes de la dictadura y que, por si fuera poco, fue refrendada en dos plebiscitos populares, celebrados en 1989 y 2009.

"Podemos mirar a la cara a las víctimas, porque hicimos todo lo que pudimos"

El primer paso para anular los efectos de esta normativa lo dio el Senado el martes, cuando los 16 parlamentarios de la coalición centroizquierdista lograron imponerse, con un único voto de ventaja, a favor de una ley que establece el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado en estos crímenes, su imprescriptibilidad y su calificación como delitos de lesa humanidad.

En concreto, esta normativa no elimina la Ley de Caducidad, pero al menos la modifica. Además, alinea a Uruguay en la senda que marcó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que lo condenó este año por la desaparición de María Claudia García nuera del poeta argentino Juan Gelman y lo conminó a llevar ante la Justicia a los culpables de esos delitos.

La votación sobre la idoneidad de esta ley en la Cámara Alta fue precedida por una discusión de más de nueve horas entre los senadores del Frente Amplio y los de los partidos Blanco y Colorado, principales opositores al Gobierno, que argumentaban que esta normativa era "contraria a la Constitución y al pueblo".

La oposición aduce que la reforma legal "va contra el pueblo y la Constitución"

"Nadie puede decir qué van a decir los jueces respecto a esta ley", defendió el legislador frenteamplista Rafael Michelini. Su padre, Zelmar Michelini, murió asesinado en 1976 tras exiliarse en Buenos Aires, adonde llegó para huir de la dictadura instalada en su país. "Lo que sí podemos hacer es mirar a la cara a los familiares y a las víctimas que todavía están vivos y decirles: hicimos todo lo que podíamos hacer, no nos quedamos con nada", sostuvo el senador.

Los dos plebiscitos que avalaron la Ley de Caducidad han sido hasta ahora, para el Frente Amplio, un lastre ético de gran magnitud y fuente de serias divisiones internas que han involucrado incluso a Mujica.

En mayo pasado, la coalición intentó derogar la normativa incluso en contra de la voluntad del mandatario, quien, bajo el peso de los referendos de la ciudadanía, decidió apartarse de la discusión. Tampoco estuvieron de acuerdo con aquel proyecto varios legisladores oficialistas. Aun así, el proyecto sobrevivió en el Senado, pero en la Cámara de Diputados el parlamentario del Frente Amplio Víctor Semproni alegó ser incapaz de contradecir la decisión popular de no anular la ley de caducidad y tumbó el proyecto de su coalición, al retirarse de la sala en el momento de votar.

En esta ocasión, Mujica se ha limitado a delegar en las cámaras con un "lo debe arreglar el Parlamento" la decisión de aprobar la nueva ley. Semproni, por su parte, ha afirmado que iba a votar a favor, dado que esta normativa no toca la Ley de Caducidad. "[El proyecto] no legisla para atrás", ha explicado a la prensa uruguaya. "Acá no estamos hablando de ir en contra de lo que resolvieron los plebiscitos, ya que no se está anulando la Ley de Caducidad", ha indicado.

Queda por saber cómo interpretará este proyecto la Suprema Corte de Justicia directa responsable de que las torturas, violaciones y asesinatos cometidos durante la dictadura fueran a prescribir el 1 de noviembre tras un fallo, el pasado mayo, que pasaba a considerarlos "delitos comunes". Se estima que unos 200 uruguayos perdieron la vida durante la dictadura.