Uruguay publica un listado de víctimas de la dictadura

El Gobierno de Uruguay ha publicado una lista con los nombres de 465 víctimas de la última dictadura (1973-1985), entre los que se incluyen 88 casos que fueron archivados bajo la Ley de Caducidad, que desbloqueó hace dos meses el presidente José Mujica mediante un decreto.

El listado, publicado en la página web del Ejecutivo, incluye todas las denuncias presentadas ante la Justicia uruguaya sobre desapariciones o asesinatos durante la dictadura. A partir de ahora cualquier ciudadano podrá pedir todo tipo de información sobre los procesos judiciales. También permitirá a los magistrados conocer las causas que ahora se pueden investigar y solicitar la reapertura de los casos.

El Gobierno advierte, sin embargo, que en la lista quizás no aparecen los nombres de todas las víctimas de la dictadura, "debido a la dispersión de la información existente al respecto", dado que "no existe un índice específico de estas causas en dependencias del Poder Judicial".

En esa relación de nombres se incluyen tanto las causas que siguieron su trámite como las bloqueadas por la Ley de Caducidad de 1986, que impide la investigación de crímenes perpetrados por los militares entre 1973 y 1985. Esta normativa tiene una cláusula, no obstante, que otorga al Ejecutivo la capacidad de decidir qué causas pueden ser juzgadas y cuáles no.

Pero como escollo siempre han estado los dos referéndums con los que la ciudadanía ratificó la ley en 1989 y 2009, hasta el punto de que abrieron en mayo una crisis en el Gobierno cuando una parte de la coalición trató sin éxito de anular la norma por vía parlamentaria.

Aún con la Ley de Caducidad vigente, el Frente Amplio el partido gobernanteha tratado de revertir la impunidad que esa legislación concede a los militares por delitos de terrorismo de Estado. El primero en hacerlo fue el expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010), que habilitó la investigación de algunas causas.

Mujica fue más allá al revocar en junio, por "razones de legitimidad", todos los actos administrativos de gobiernos anteriores que habían paralizado los 88 casos. Tiene bien presente Mujica que el próximo 1 de noviembre prescriben, por sentencia de la Corte Suprema de Justicia, todos los delitos cometidos durante la dictadura, al ser considerados "ilícitos comunes y no de lesa humanidad", que no prescriben.