México vive una crisis humanitaria silenciosa. Cuarenta personas desaparecen al día en el país, una cada 45 minutos. Según registros oficiales hay más de 125.000 personas desaparecidas, pero organizaciones humanitarias creen que la cifra real es mucho mayor.

Una mezcla de cultura de la violencia, impunidad, incapacidad del Estado o directa vinculación de este con el crimen organizado han hecho que México se vea envuelta en una espiral de violencia silenciosa que alcanza sus peores cifras desde que existen registros.

Detrás de estas cifras, una sociedad rota, resignada a convivir con la violencia, y un Estado incapaz —o indiferente— para frenar esta tragedia. Durante varias semanas el periodista Néstor Prieto Amador se acercó a quienes enfrentan este horror: madres buscadoras y defensores de derechos humanos.

Pese a los esfuerzos de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, las familias de las víctimas creen que aún “falta mucho por hacer”. El crimen organizado sigue infiltrado en amplios sectores de la sociedad y del propio Estado mexicano. Solo el 7% de las investigaciones por desaparición llegan a juicio, y de esos casos, apenas el 2% concluyen con una condena. “Desaparecer a alguien en México sale barato, porque la impunidad es enorme”, afirma Edgar Cortez, miembro del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Para María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo —desaparecida en 2017—, el Estado mexicano falló tanto al prevenir la desaparición de su hija como al garantizar justicia y una búsqueda efectiva. Asegura sentirse “revictimizada” por la justicia y la burocracia. “Yo no era una víctima; quien me hizo víctima fue el Estado y sus instituciones, que deberían protegernos y garantizar la seguridad de nuestras hijas y familias, pero fallaron”, lamenta.