Opinión
Los querubines de Núcleo Nacional y los terroristas de Altsasu

Directora corporativa y de Relaciones institucionales.
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Quienes usamos la memoria como referente (y la hemeroteca, y las fuentes originales...), hemos asistido estupefactas estos días a la detención y puesta en libertad de diez de los 14 integrantes de la organización nenonazi Núcleo Nacional (NN) decretada por un juzgado de Xixón (Asturias). Los neonazis amigos y protectores de Vito Quiles, el sicario con micrófono de la ultraderecha que pide apoyo para estos nazis, están acusados de delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas, a los que, en los sucesivos informes policiales, se han ido sumando la consideración de "estructura paramilitar", jerarquizada o con la capacidad de planificar acciones violentas, como "un alzamiento armado" contra los poderes democráticos para el cual se habrían entrenado en Ucrania, donde las hordas de neonazis son considerables.
Con estos mimbres -y otros de corte fascista a los que, por su creciente influencia en España venimos denunciando en Público hace tiempo-, el juzgado de instrucción asturiano ha decidido que "Oye, pelillos a la mar, que los hay peores". La comparación es inevitable para ilustrar, una vez más, la politización de los tribunales de élite -y algunos más- y cómo la utilización del terrorismo de ETA en este país ha dado carta blanca a jueces y juezas para elevar delitos y encarcelar a disidentes, para casos de un lawfare sangrante y poco analizado. Nos referimos, claro, al caso Altsasu, cuya imputación por un delito de terrorismo tras una pelea de bar con agentes de la Guardia Civil que no estaban de servicio dejó en shock a una mayoría social que había asistido en 2011 al fin de ETA, a la que la Audiencia Nacional se negaba a enterrar; no en vano, estábamos en 2016 cuando esa pelea en la puerta de un bar de la pequeña localidad navarra de Altsasu, a las cinco de la mañana, acabó con varios chicos detenidos, investigados por terrorismo, un duelo infinito de sus familias y una prisión provisional que duró entre dos años y medio y tres años.
La Audiencia Nacional, con Carmen Lamela en la instrucción, investigó a los jóvenes de Altsasu por delitos de terrorismo, aunque finalmente el Supremo no les condenó por ellos, si bien solo rebajó las penas decretadas por la AN de 13 a 9 años y medio, con una sentencia obscenamente ejemplificante para los antipatriotas que eran los de Altsasu, según el Alto Tribunal y, sobre todo, la Fiscalía, que mantuvo el delito de terrorismo en todo momento. Por su parte, Lamela pasó a ser magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo en 2018, gracias a un ascenso muy cuestionado por su virulencia latente -y patriota- en la Audiencia Nacional contra los independentistas catalanes juzgados por el procés y el procesamiento del jefe de los Mossos entonces, Josep Lluís Trapero, por los delitos de sedición y organización criminal. Trapero, como saben, fue absuelto de todo esto por la misma Audiencia Nacional, pero oigan, como con los jóvenes terroristas de Altsasu, la condena social y mediática estaba dictada en el momento justo, tiempo antes, para hacerle la vida imposible.
Ahora tenemos a diez integrantes de Núcleo Nacional -que levantaron todas las alertas hace años- libres como el viento con su arsenal de armas, su financiación oscura, sus líderes acosadores y agresores probados, sus ganas publicitadas de torturar y matar a quienes no piensen como ellos, a inmigrantes, feministas, progresistas, cómicos.... Tenemos a neonazis presentes en toda manifestación proderechos y/o contra el Gobierno que se precie y que no dudan en proteger a acosadores como Quiles o Alvise, los mismos que son homenajeados por el Partido Popular y Vox en sus mítines mientras la democracia batalla en las urnas por salir adelante lo menos dañada posible y a pesar de unos tribunales condescendientes con el fascismo, que ya es decir. O no.
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