Sorprende mucho que sea precisamente Pável Durov, el dueño de ese pozo de criminalidad que es Telegram, quien acuse al presidente del Gobierno de dictador por querer que el Código Penal que nos mandata a todos y todas en un Estado de derecho sea obligatorio también para los dueños de las redes sociales. 

"Es que las redes son gratis y cada uno elige", les dirán ellos apelando a la falsa libertad que supone el manejo interesado de los algoritmos y la captación de datos en masa que obtienen de nosotros los usuarios y usuarias para, en definitiva, ir moldeando las sociedades a medida de sus intereses de poder y económicos: 11.000 millones de dólares anuales en EEUU han sido los beneficios de los tecnócratas amigos y socios de Trump sólo con los menores, solo con niños y niñas.