Rodrigo Salazar Quiñones, de 44 años, quiso proteger a su comunidad de la covid-19. El pasado verano, colocó un portón de acceso a la entrada del territorio indígena Piguambí Palangala, en la región colombiana de Tumaco. El 9 de julio, a las 11.30 horas de la noche, dos hombres le cortaron el paso cuando salía de su casa y le asesinaron a tiros. Este líder de la comunidad indígena awá había sufrido repetidas amenazas de muerte. Llegó a tener escoltas y un coche blindado proporcionado por el Gobierno, pero en 2020, este esquema de seguridad se redujo a un guardaespaldas y un teléfono móvil. Cuando lo mataron, su escolta no estaba presente. La Fiscalía considera que fue asesinado porque ese portón cortaba el paso al grupo armado que controlaba la zona, Los Contadores, dedicado al narcotráfico e integrado por antiguos miembros de las FARC.

El 11 de febrero de 2018, varios guerrilleros del Ejército Popular de Liberación (EPL) se llevaron a la fuerza a Deiver Quintero Pérez mientras estaba trabajando. Era un líder comunitario de la región colombiana de Catatumbo que organizaba actividades deportivas para mantener a los niños alejados de grupos armados que operan en la zona. Pasaba la una de la tarde cuando sus alumnos lo vieron por última vez. Pocas horas después, su cuerpo apareció a orillas de un río con varios impactos de bala en la cabeza.

El 24 de febrero de 2019, Demetrio Barrera Díaz iba con su hermana en moto por la región de Piedemonte de Arauca, en Colombia. Mientras conducía, dos hombres se pusieron a la par, le detuvieron y le preguntaron cómo se llamaba. Cuando terminó de pronunciar su nombre recibió siete balazos que acabaron con su vida en el acto. Tenía 32 años y era el líder de su comunidad indígena. Su hermana, que sobrevivió al ataque, y otros familiares explicaron a las autoridades judiciales que miembros de la disidencia de las FARC le habían pedido que les enviara niños indígenas para reclutarlos. Había sido amenazado de muerte al negarse.

Hablar de paz en Colombia sigue siendo imposible casi cinco años después del histórico acuerdo entre el Gobierno y las FARC, la principal guerrilla del país. En los últimos cuatro años han sido asesinados 421 líderes sociales y defensores de derechos humanos en zonas rurales y aisladas del país, según las últimas cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Defensoría del Pueblo eleva la fatídica cifra a más de 700 muertos y la organización internacional Human Rights Watch (HRW) achaca una "responsabilidad directa" a la dejación del actual Gobierno en los programas para la protección de las comunidades rurales aisladas.

"Esto no es una fatalidad. No estamos ante un desastre natural, algo inevitable o caído del cielo. La responsabilidad directa es del Gobierno colombiano. Es posible abordar esta triste realidad. Las políticas pueden lograr resultados si no se dejan abandonadas o en punto muerto", ha insistido José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La violencia y la persecución contra estos referentes de las comunidades más aisladas —donde el Estado ni existe, ni existió, y que la guerrilla ha abandonado tras su desmovilización— se ha recrudecido desde que Iván Duque llegó a la presidencia de la República con un discurso crítico con los acuerdos de paz iniciados por su antecesor, Juan Manuel Santos, que logró al menos sobre el papel pactar el fin de la lucha armada con las FARC tras más de medio siglo de conflicto.

Sin embargo, el nuevo Gobierno, heredero del uribismo más conservador, "ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios" y en la consolidación de gran parte de los acuerdos de paz, ha denunciado este miércoles HRW en un informe titulado "Líderes desprotegidos y comunidades indefensas. Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia".

Más de 136 páginas que son el resultado de 130 entrevistas a jueces, fiscales, funcionarios, policías, defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones humanitarias de 20 de los 32 departamentos del país. Las conclusiones son demoledoras: el Estado ha abandonado a estas comunidades y ha dejado en el cajón mecanismos y recursos efectivos para protegerlas. Todo en un contexto en el que el vacío dejado por las FARC ha sido ocupado con rapidez por bandas criminales, herederos de los paramilitares, otros grupos guerrilleros en activo y disidencias de las FARC que decidieron volver a las armas o que nunca las dejaron, advierte HRW.

Disputa por el territorio y los cultivos de coca

Entre la espada y la pared, bajo la amenaza constante y la falta de protección efectiva del Gobierno, los campesinos, líderes indígenas y de organizaciones sociales sufren de nuevo desde hace al menos seis años, una sangrienta cacería por oponerse a la presencia y a las actividades de estos grupos criminales con intereses diversos. Sobre todo, mantener mediante extorsión el cultivo de coca destinada al narcotráfico. Queda claro que los programas de sustitución de cultivos ilegales (un punto fundamental de los acuerdos de paz) sigue siendo papel mojado para muchos campesinos extorsionados o simplemente presos del hambre y la pobreza por la falta de inversiones que hagan rentables otros cultivos. Aunque los grupos criminales también pugnan por el control de la minería, la tala ilegal y otras actividades delictivas.

"Le queremos apostar a la sustitución [de coca], pero ellos [los grupos armados] no dejan, nos amenazan, no dejan que salgamos de esta situación de pobreza, pero además, como el Gobierno no nos cumple, pues no tenemos de otra que seguir sembrando [coca] o nos matan o, peor, nos toca empacar con la mujer y los hijos y quién sabe para dónde", relataba a HRW un líder comunitario bajo condición de anonimato en una de sus entrevistas para este informe.

Los puntos calientes de la violencia

Norte del Cauca, Catatumbo, Pacífico Sur, Bajo Cauca, Bajo y Alto Caguán y el Piedemonte de Arauca son las regiones más castigadas por esta violencia que, según HRW, no se combate ni investiga adecuadamente, generando altos índices de impunidad. A pesar de los múltiples programas, mecanismos y leyes destinadas a la protección de estas personas y sus comunidades, su efectividad queda en entredicho con cada nuevo asesinato, si es que han llegado siquiera a aplicarse en su totalidad. "El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos", constata el extenso informe.

Colombia ha contabilizado el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina en los últimos años, pero la respuesta gubernamental "ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios", ha criticado Vivanco, que insiste en que "no es necesario reinventar la rueda" o hacer anuncios con nuevas políticas, sino aplicar las que ya están sobre la mesa. "El Gobierno del presidente Iván Duque condena frecuentemente estos homicidios, pero la mayoría de los programas gubernamentales para prevenir estos asesinatos apenas funcionan o tienen graves deficiencias", ha añadido.

Protección escasa

La seguridad de estos líderes y defensores corre desde 2011 a cargo de la Unidad Nacional de Protección, dependiente del Ministerio del Interior. Hoy hay más de mil activistas o líderes bajo estos sistemas de protección. Los esfuerzos, según HRW, son grandes, pero solo ofrecen esquemas de protección individual en respuesta a las amenazas que se denuncian ante la Fiscalía, un requisito que para HRW les pone en riesgo. Muchas de las personas asesinadas no habían recibido amenazas, tenían miedo de acudir al fiscal o no habían podido denunciarlas. "Se dan casos de territorios enormes en los que casi no hay presencia de la fiscalía para denunciar amenazas", ha apuntado Vivanco, que pide eliminar este requisito.

Por otra parte, el informe pone énfasis en el escaso presupuesto para la unidad de protección colectiva de determinadas comunidades. "El 90% de las peticiones de protección colectiva se rechazan porque apenas tienen un presupuesto de 250.000 dólares al año", resumen. 

La organización también critica que el Ejecutivo tampoco ha convocado de forma periódica a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, una entidad que se ocupa de diseñar políticas dirigidas a acabar con estos grupos criminales. De ahí que no haya "resultados concretos" a la hora de identificar, investigar y descabezar "a las mafias", añade Vivanco.

421 crímenes, 59 condenas

En cuanto la justicia, HRW sí aprecia "esfuerzos más significativos" para investigar, detener y condenar a los autores de las matanzas. La Fiscalía General ha aprobado directivas y ha creado una unidad especializada para investigar estos crímenes. Desde 2016, hay 59 condenas y decenas de procesos abiertos. Pero sigue habiendo serias limitaciones, apunta la organización. "Un obstáculo clave es el número limitado de jueces, fiscales e investigadores en las áreas donde ocurren la mayoría de los asesinatos", insiste.

De las condenas, tan solo diez de ellas han recaído sobre los instigadores de los crímenes o los autores intelectuales. "Se persigue y se juzga al sicario que asesina a los líderes sociales, pero este es sustituido por otro si no se llega hasta la cúpula, hasta quien da la orden de matar", ha insistido. Por ello, HRW pide que los fiscales y juzgados se centren en obtener confesiones a los sicarios que de información relevante para perseguir a los instigadores

En mayo de 2019, el presidente Duque reconoció esta escasez de personal judicial y anunció la creación de un "cuerpo especial" de jueces para estos casos. En diciembre del año pasado, este cuerpo aún no se había constituido. Esta y otras apreciaciones serán puestas sobre la mesa del Ejecutivo en próximas reuniones con HRW, que también tiene previsto informar de la situación al nuevo Gobierno de EEUU. Consideran fundamentales más apoyos de la comunidad internacional, no solo para visibilizar el drama, sino a la hora de orientar políticas de cooperación internacional.