El Gobierno sigue sin aprobar tres años después la ley para proteger a los mayores frente a la banca

Carlos San Juan puso en marcha en 2022 una verdadera revolución contra el trato de la banca a las personas mayores. Así, con el lema #SoyMayorNoIdiota denunció la situación del mercado financiero. Su iniciativa provocó el compromiso del Gobierno de la Ley de Creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero, pero tres años después sigue sin aprobarse.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha trasladado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa la urgencia inaplazable de aprobar la Ley, así como de implementar medidas vinculantes que garanticen la inclusión financiera plena de las personas mayores y con discapacidad mayores.

La Plataforma ha realizado estas reclamaciones durante la Reunión del Foro de Seguimiento de Inclusión Financiera convocada en el Ministerio, en la que el ministro Carlos Cuerpo recibió a las patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC);  el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, la asociación de usuarios financieros (ASUFIN); el promotor de la campaña ‘Soy mayor, no idiota’, Carlos San Juan; y una delegación de la PMP compuesta por su presidente, Jesús Norberto Fernández; la vicepresidenta, Manuela Carrión y el vicepresidente, José Luis Fernández.  Además, en esta ocasión, el encuentro ha contado con la participación de representantes de la comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, representado por el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando.

Los canales presenciales y digitales no cumplen plenamente con criterios de accesibilidad y deja a muchas personas mayores y con discapacidad sin acceso pleno.

Protección a mayores y personas con discapacidad

Durante la reunión la Plataforma ha señalado que “tras casi tres años, la ley que debe proteger a los usuarios financieros más vulnerables sigue bloqueada en el Congreso”, recalcando que retrasar esta ley supone "perpetuar el abandono" y negar el acceso a una justicia ágil y cercana para quienes más la necesitan. 

De este modo, ha insistido en que un marco legal vinculante es imprescindible, dado que el sistema actual de reclamaciones ha demostrado ser fallido: las reclamaciones alcanzaron su máximo histórico en 2024 con un aumento del 69%, y en el 21% de los casos las entidades no acataron el criterio del supervisor, obligando a los consumidores a acudir a los tribunales.

La PMP ha recalcado que garantizar la autonomía real de las personas mayores y con discapacidad exige accesibilidad universal en todos los canales financieros, ya sean aplicaciones móviles, páginas web, entornos físicos de las oficinas y cajeros automáticos. En este sentido, ha presentado una serie datos que demuestran la persistencia de barreras.

Según un estudio de Fundación ONCE y Mastercard (2025), el 54% de las personas con discapacidad visual en España encuentra dificultades al pagar en tiendas, principalmente por TPV no accesibles Según un estudio de Fundación ONCE y Mastercard (2025), el 54 % de las personas con discapacidad visual en España encuentra dificultades al pagar en tiendas, principalmente por TPV no accesibles, además problemas para identificar billetes o tarjetas, llegando al 47 % en personas mayores de 65 años. Un 10 % necesita ayuda de otra persona para completar el pago, mientras que un 69 % valora positivamente soluciones adaptadas, como TPV con audio, teclas en relieve o interfaces accesibles. 

Además, el Banco de España confirma que, aunque se mantiene un uso elevado de oficinas y cajeros presenciales, los canales presenciales y digitales no cumplen plenamente con criterios de accesibilidad, y los cajeros existentes tienen plazo de adaptación hasta 2030, lo que deja a muchas personas mayores y con discapacidad mayores sin acceso pleno durante años.