El año pasado 35 mujeres sobrevivieron a intentos de asesinatos machistas. La Fiscalía General del Estado ha revelado estos datos que no suelen visibilizarse en las estadísticas en su memoria anual de 2022, año en el que murieron 50 mujeres víctimas de violencia de género.

Según el organismo, además de los feminicidios también se han registrado 43 hechos graves de violencia de género, entre los cuales figuran 35 tentativas frustradas de acabar con la vida de las víctimas, lo que supone un incremento del 66% con respecto a 2021.

Esos intentos de asesinato se perpetraron en Andalucía (10), Catalunya (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), País Valencià (2) y Balears, Navarra, La Rioja (1) y Castilla y León (1). Once de ellas habían denunciado previamente a sus agresores. 

A 19 de las víctimas las apuñalaron, a cinco las golpearon, a cuatro las quemaron, a tres las estrangularon, dos recibieron disparos con arma de fuego, una fue cortada con una botella y otra, arrojada al vacío.

En la memoria, la Fiscalía también contabiliza los "feminicidios ampliados", que son aquellos asesinatos vicarios de hijos e hijas o personas del entorno íntimo de la mujer cuando son asesinados junto a ella o para hacerle el mayor daño posible.

En 2022, se perpetraron siete feminicidios ampliados y hubo tres intentos no consumados. Fueron asesinados tres hijos e hijas, un bebé a punto de nacer, dos amigos y una madre de las víctimas. Los intentos frustrados tuvieron como víctimas a un hijo común de 19 años, un sobrino de 15 años y un amigo.

Factores que aumentan la vulnerabilidad de las víctimas

La discapacidad, vivir en el entorno rural o ser extranjera son algunos de los factores que, según el Ministerio Público, aumentan la vulnerabilidad de las víctimas de violencia machista.

La memoria ha dedicado este año un apartado específico para las víctimas extranjeras, que fueron el 28% de las mujeres asesinadas en 2022, el 34% de las que denunciaron violencia de género y el 33% de quienes solicitaron órdenes de protección.

Las mujeres extranjeras sufren una carencia de redes de apoyo: barreras idiomáticas, el desconocimiento de la legislación, variables socioestructurales y, "sin duda", la irregularidad administrativa en España y la dependencia económica del agresor.

También han mostrado su preocupación por la incidencia de la violencia de género en el ámbito rural –el 30% de los asesinatos de mujeres se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes–, donde el "enraizamiento de la cultura patriarcal" determina un mayor grado de normalización y dificulta la percepción y el reconocimiento de las conductas violentas y la denuncia.

La escasez de recursos y la dificultad para acceder a ellos por las distancias y deficiencias estructurales, la ausencia de anonimato, el miedo de las víctimas al estigma y a ser señaladas o culpabilizadas son algunos de los factores que repercuten negativamente en las víctimas.

Desigual respuesta en cada territorio 

La Fiscalía también denuncia la desigualdad entre territorios. Vuelven a observarse diferencias en las órdenes de protección adoptadas, la existencia y dotación de las unidades de valoración forense y las oficinas de atención a las víctimas.

Mientras que las medidas de protección ascienden en Aragón y La Rioja al 84%; en la País Valencià, al 83% y en Baleares, al 80%; en Madrid se quedan tan solo en el 46% y en Catalunya en el 47%.

Además, el escrito lamenta que en materia forense solo el País Valencià esté dotado de suficientes recursos materiales y personales y que la respuesta nacional de las unidades de valoración forense esté en los ocho meses.