La defensa de Juana Rivas ha mostrado su satisfacción "moderada" después de que el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya confirmado este lunes la condena a esta madre de Maracena (Granada) por delito de sustracción de menores, después de que en verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos menores incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre, pero reduciendo su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos. 

En declaraciones a Europa Press, el letrado Carlos Aránguez ha señalado que "lo más importante es que queda pendiente en los tribunales italianos e internacionales la discusión sobre el tema principal" y "fundamental", en referencia a, según ha detallado en una nota de prensa, "el derecho" de Rivas a "estar con sus hijos y que se reconozca la violencia familiar ejercida" supuestamente por el padre. 

"Hemos luchado mucho", ha señalado Aránguez, que ha recordado asimismo que consideraban la pena anterior "desproporcionada", por lo que la decisión del Supremo la valoran "muy positivamente". La Sala basa su fallo en que, cuando en un mismo acto son varios los menores trasladados o retenidos, no se produce un concurso de delitos, sino que se comete un solo delito del artículo 225 bis del Código Penal, al lesionarse el derecho de custodia del progenitor con quien el menor convive (con independencia del número de menores sustraídos) y la paz en las relaciones familiares, según han informado desde el Tribunal Supremo.

Irene Montero cree que la condena evidencia "lo necesaria que es la perspectiva de género en la justicia"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha mantenido este lunes que la condena a Juana Rivas "sigue siendo una alerta de lo necesaria que es la perspectiva de género en la justicia", después de que el Tribunal Supremo haya confirmado su condena por delito de sustracción de menores aunque rebajando la pena de prisión de cinco años a dos años y seis meses. 

Tras conocer la sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Irene Montero ha sostenido a través de su cuenta de Twitter que "también le debemos reparación a las madres que son perseguidas por proteger a sus hijos e hijas de la violencia de género". "No descansaremos hasta hacerlo realidad", ha agregado.

La Plataforma 25N ve "tremendamente injusta" la condena

La Plataforma de 25 de Noviembre, 8 de Marzo de Granada, ha lamentado "profundamente" la sentencia del Tribunal Supremo que condena a Juana Rivas a dos años y medio de cárcel por sustracción de menores y la inhabilita durante seis años para el ejercicio de la patria potestad, alegando que se trata de un fallo "tremendamente injusto" que "condena también a sus hijos".

A juicio del colectivo, esta sentencia deja al "descubierto, una vez más, la gran debilidad del sistema de protección a las víctimas en una Unión Europea en la que aún no se aplican las normas internacionales vinculantes que establecen la necesaria coordinación entre las instituciones y órganos judiciales de los Estados cuando, como es el caso de Juana Rivas y sus hijos, son varios los países implicados".

Así, critican en un comunicado que "mientras en Italia hay una investigación penal en curso sobre posibles malos tratos" por parte del madre a los menores y, según sus datos, "se está realizando una nueva pericia en el ámbito civil cuyo contenido versa sobre cuestiones fundamentales que explican por qué Rivas actuó el verano de 2017 movida por la necesidad de proteger a sus hijos, en España se la condena, al margen del resultado" que puedan tener estas actuaciones.

Entienden así que esta "es tremendamente injusta" pues "el sistema no sólo no ha atendido la petición de ayuda que Juana Rivas hizo en el mes de julio de 2016 a la justicia española si no que, bien al contrario, es ella la que ha terminado siendo perseguida y condenada, a la vez que sus hijos viven en Italia una auténtica pesadilla".

Por otro lado, recalcan que esta sentencia, al inhabilitar a Juana Rivas para el ejercicio de la patria potestad, "no sólo la condena a ella, sino que condena también a sus hijos, al impedirles alcanzar su deseo de poder vivir con su madre en España".