Denuncian maltrato en un centro público de acogida para víctimas de violencia de género en Madrid

La Fiscalía de Alcalá de Henares ha puesto en conocimiento de los Juzgados de Arganda del Rey este mes de junio una denuncia por deficiencias de funcionamiento, malos tratos y vejaciones en un centro de acogida para víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid.

La denuncia ha sido interpuesta por una asociación de mujeres, un grupo de usuarias y de extrabajadoras de la casa de acogida número 4, que depende de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales y que gestiona Trama, una empresa privada sin ánimo de lucro.

Ahora, la Comunidad de Madrid está investigando posibles casos de "mala praxis" en este centro de acogida, tras una denuncia presentada en el mes de diciembre por la asociación de mujeres. Por su parte, desde Trama han declinado hacer declaraciones sobre la acusación.

En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, las denunciantes describen un ambiente hostil en el que son continuamente amenazadas con expulsiones, sanciones y la retirada de la tutela de sus hijos cuando muestran disconformidad con cuestiones como la comida, las condiciones de habitabilidad o el funcionamiento interno del centro.

Según sus relatos, el personal del centro las somete a un control excesivo de sus movimientos, registra sus pertenencias y habitaciones sin permiso y las aísla socialmente. "Pasamos de tener miedo a unos hombres a tenérselo a quienes debían ayudarnos", afirman las víctimas. Asimismo declaran que "lo que podría entenderse como un refugio para las mujeres víctimas de violencia machista llegó a convertirse, en ocasiones, en una cárcel". 

Las denunciantes exponen situaciones como la prohibición de usar aire acondicionado en verano, restricciones alimentarias y sanciones por no cumplir horarios de manera estricta. De esta forma, si llegan tarde a las comidas, se quedan sin comer, y se les obliga a consumir todo lo que se les sirve bajo amenaza de sanción.

También aseguran que se les niega la atención médica adecuada, ya que los responsables del recurso deciden cuándo deben, tienen y pueden ir al médico ellas y sus hijos, llegando a anular algunas consultas con especialistas o no facilitando ir a urgencias en una situación de enfermedad de los hijos.

Asimismo, denuncian el uso de motes despectivos por parte del personal, como "King Kong", "mora" o "cara quemada", en relación con el origen, aspecto o condición física de las mujeres.

La directora del centro es señalada específicamente por manipular a las usuarias, enfrentándolas entre sí y utilizando a algunas como informantes a cambio de privilegios.

Las denunciantes han decidido hacer públicas las condiciones en las que viven ellas y sus hijos menores en este recurso, cuya ubicación no puede revelarse por la seguridad de las mujeres afectadas y sus hijos, ya que algunas se han planteado volver con sus maltratadores, poniendo en peligro sus vidas y las de sus hijos.

Otras, por el contrario, han preferido permanecer en el anonimato porque, o aún son usuarias de estas casas y tienen miedo a represalias por parte de la dirección del centro, o se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y pueden ser localizadas por sus agresores.