Madrid es la comunidad que más órdenes de protección deniega a víctimas de violencia machista

A finales del pasado mes de marzo se confirmó que la Casa Grande de Madrid, un centro pionero en España para la recuperación de mujeres maltratadas y sus hijos, iba a cerrar. Tras años de recortes sobre unas subvenciones que siempre han sido las justas, el centro no ha podido sostener durante más tiempo sus cuentas en números rojos. El territorio lleva meses siendo testigo de diferentes protestas por parte de las trabajadoras de la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género que denuncian la saturación y precariedad que afecta a los servicios de asistencia a mujeres victimizadas. No son las únicas, también han referido las mismas deficiencias otras profesionales de estas áreas, como asociaciones que colaboran en estos procesos de acompañamiento y reparación. 

Madrid se ha convertido en el epicentro de una paradoja que llama la atención: mientras crecen las denuncias por violencia de género, disminuye la protección institucional. Las carencias no se derivan solo de estas instancias que ofrecen amparo social, psicológico o habitacional –que cada vez están más escuálidas–, sino que también los últimos datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial confirman una tendencia inquietante: la Comunidad de Madrid es la región que más órdenes de protección deniega en toda España.

La tasa de mujeres víctimas de violencia de género reconocidas judicialmente en Madrid no ha dejado de crecer. En 2019 se registraban 71,8 víctimas por cada 10.000 mujeres; en 2022 se elevó a 75,8; y en 2024 ha alcanzado el número de 78. Siempre por encima de la media nacional, la región muestra una trayectoria ascendente que no encuentra freno. En paralelo, el número de denuncias también ha aumentado. Solo en 2024 se registraron 32.004 denuncias, frente a las 30.032 del año anterior y las 26.166 de 2019. Mientras en el conjunto de España las denuncias bajaron un 0,09%, en Madrid el incremento evidencia una mayor demanda de ayuda por parte de las mujeres.

Pese a este repunte, sin embargo, la respuesta judicial no acompaña. En 2024 se denegaron el 56% de las solicitudes de órdenes de protección en Madrid, con 3.532 denegaciones de un total de 6.330 solicitudes. Un dato que no solo supera el promedio nacional, donde se conceden siete de cada diez peticiones; sino que refleja un empeoramiento respecto a años anteriores. En 2022 y 2023 el porcentaje de denegaciones ya era alto, del 53%, y en 2019 era del 45%.

La magistrada y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, subraya la gravedad de este dato: "Realmente es como si en Madrid la mitad de las mujeres que piden una orden de protección se la estuvieran jugando a cara o cruz. Y eso es contradictorio con el mensaje de 'denuncia, denuncia, denuncia'". Rosell también alerta sobre la desconexión entre la protección jurídica y la realidad social: "Estos datos no dejan de ser los del 30% de la violencia de género judicializada, que en los casos de violencia sexual es todavía inferior, del 10%. La mayoría de las víctimas no están judicializadas, pero eso no significa que no existan".

Lorena Morales, secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, opina que este contexto es el resultado de responsabilidades políticas claras: "Tener una presidenta negacionista de la violencia de género tiene graves consecuencias para las mujeres. A Ayuso le importan tan poco que hasta los fondos del Estado vinculados al Pacto contra la Violencia de Género los gasta en sus políticas de natalidad. Y los suyos siguen su ejemplo: la alcaldesa popular de Collado Villalba se ha cargado el término violencia machista, sustituyéndolo por violencia doméstica, con tal de acordar sus presupuestos con Vox. El pacto del Ventorro llega a Madrid y Ayuso lo aplaude". "Nos tendrán enfrente porque las vidas de las mujeres no son moneda de cambio", asevera la diputada en la Asamblea.

Desde el ámbito académico, Débora Ávila, profesora de Antropología en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación La Laboratoria, explica cómo el sistema judicial no es tan objetivo como se puede presuponer a priori: "Las leyes son construcciones socioculturales… van a ser interpretadas por personas que no disponen de una herramienta de objetividad, sino que interpretan según su trayectoria personal, el contexto socioeconómico y los estereotipos en los que han sido socializados". Ávila hace hincapié en el papel que juegan los prejuicios en estas decisiones judiciales: "La percepción del riesgo o la necesidad de protección no son realidades medibles objetivas. Es muy común encontrar casos extremos donde una mujer ha sido asesinada tras la denegación de una orden de protección. Eso no es azar: es resultado de un sistema interpretativo". 

Ávila pone el ejemplo de la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), "pues lo que veíamos era que cuando se denunciaba violencia contra los los niños y las niñas, la mayoría de las veces no se cree a esas criaturas. Normalmente se interpreta que es la madre la que está influenciando y esta interpretación no se hace en base a unos criterios objetivos, un conocimiento riguroso, exhaustivo del caso y todo el contexto que la rodea. Sino que eso se hace en base a informes plagados de estereotipos (...) y con esos estereotipos son con los que tomamos las decisiones".

Considerar estos contextos, permite ser consciente de que las leyes "no son una tabla divina", expresando la idea en palabras de Ávila, sino que "son interpretadas, hechas por personas con sus prejuicios", trata de explicar la especialista en estudios de género. Una "mala praxis" que no duda de definir como una forma de violencia institucional. "Esta es una de las formas de entender esta disparidad de criterios entre unos lugares y otros", valora.

Además del caso de Madrid, los datos del CGPJ revelan un notable desequilibrio entre comunidades autónomas. Mientras que en el conjunto de España se denegaron el 33% de las órdenes solicitadas, regiones como Aragón (19%), Murcia (19%), Illes Ballears (20%) o País Valenciá (21%) se quedaron muy por debajo de esa media nacional, mostrando una mayor predisposición judicial a la hora de aplicar medidas cautelares. Por el contrario, Madrid se sitúa en el extremo opuesto, seguida de cerca por Catalunya, que también registra cifras elevadas de rechazos (52%), y Cantabria (40%). 

Entre tanto, Rosell subraya la necesidad urgente de incorporar los datos de los recursos administrativos y especializados de las comunidades autónomas para tener una visión real del fenómeno y de la atención que reciben las víctimas. La magistrada pone el foco en la importancia de complementar las cifras judiciales con indicadores que recojan el trabajo de servicios sociales, centros de atención psicológica, recursos de emergencia, programas de formación laboral, ayudas habitacionales y cualquier mecanismo de protección que no dependa de una sentencia condenatoria. "Hay que poner el acento en la protección y la reparación que ha de darse sin sentencia condenatoria", insiste, recordando que esto está recogido en la ley.