Comunidad de MadridAyuso deja en manos de defensores del falso SAP la asistencia a hijos de víctimas de violencia machista

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido que la atención psicológica a menores hijos de víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid siga siendo gestionada por una empresa que administra un defensor del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). La Comunidad de Madrid aprobó la prórroga del contrato a AEBIA TECNOLOGÍA Y SERVICIOS, S.L. el pasado mes de diciembre, otorgando la responsabilidad de atender a los niños y niñas que han sufrido la violencia machista a quienes promueven teorías que minimizan la existencia de esta violencia y criminalizan a sus víctimas. 

El PSOE-M ya ha registrado dos preguntas en la Asamblea para que el Ejecutivo rinda cuentas. Mientras que desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales alegan en respuesta a este medio que "es falso que desde la Comunidad de Madrid se promueva el Síndrome de Alienación Parental, que no tiene base clínica".

Esta concesión, adjudicada inicialmente en marzo de 2023, fue renovada por un importe total de 323.050,73 euros y tendrá vigencia al menos hasta el 31 de diciembre de 2025. Así consta en la orden de prórroga firmada por la Directora General de Igualdad, Patricia Reyes Rivera, disponible en el Portal de Transparencia.

El administrador de AEBIA, José María Pascual Adalid, es el fundador de la Fundación Filia de Amparo al Menor, entidad duramente criticada por organizaciones feministas debido a su defensa abierta del SAP. Esta teoría, no reconocida por la comunidad científica internacional y rechazada por el Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial y el Colegio Oficial del Trabajo Social, ha sido utilizada históricamente para desacreditar a mujeres que denuncian violencia machista o violencia sexual hacia sus niños, argumentando que manipulan a los menores para alejarlos de sus padres.

Madres e hijos, "en manos de sus enemigos"

La Fundación Filia impulsó en 2015 el primer proyecto piloto de Coordinación de Parentalidad en España, un mecanismo que, según diferentes entidades jurídicas y de madres protectoras, ha servido como vía de entrada del SAP en los procesos judiciales del país. La misma institución se ha dedicado, años después, a promover cursos universitarios sobre esta disciplina, cuyos títulos carecen de reconocimiento oficial y solo están avalados por la propia fundación. Para reforzar su legitimidad, de hecho, se creó la Asociación Española de Coordinadores Parentales (ASECOP), encargada de formar a profesionales en esta supuesta especialidad. 

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) denunció en 2018 ante el Observatorio de Violencia sobre la Mujer la contratación del juez y expresidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, por parte de la Universidad Rey Juan Carlos para impartir, junto a Filia, uno de estos cursos sobre coordinación parental. Todo pese a que el magistrado había sido inhabilitado siete años antes por un periodo de dos años por mala práctica, precisamente en un caso de custodia de un menor.

Además, en el diario de sesiones de la Comisión sobre Infancia y Adolescencia del Congreso de los Diputados, correspondiente al 30 de octubre de 2018, hay recogidas intervenciones de Lucía del Prado, presidenta de la Fundación, donde se puede leer cómo pone en cuestión la violencia de género, insiste en la existencia de denuncias falsas y defiende abiertamente la existencia del SAP. "Esa ley (la de violencia de género) tiene una serie de fallos que deberían de regularse, porque están dando pie a esas denuncias y ese abuso por parte de algunas mujeres", declaró Del Prado en sede parlamentaria.

Desde la oposición, la secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, Lorena Morales, ha manifestado su indignación ante la prórroga de este contrato. "Es aterrador que Ayuso haya subastado al peor postor algo tan delicado como el servicio de atención psicológica a los niños y niñas víctimas de violencia de género. Pero lo es más aún que la empresa que lo gestiona esté vinculada directamente con una fundación que defiende la existencia del SAP y las denuncias falsas por parte de víctimas de violencia machista", ha expresado en declaraciones para Público. 

La también portavoz de Políticas Sociales del Grupo Socialista en la Asamblea argumenta que esta decisión demuestra el posicionamiento ideológico del Ejecutivo madrileño, insistiendo en que "Ayuso ha puesto a las madrileñas más vulnerables en manos de sus enemigos. Y, aunque ella es conocedora porque lo hemos denunciado desde la oposición, lo acaba de prorrogar porque es una negacionista que gobierna contra la mitad de la población, las mujeres". 

Desde el departamento de Ana Dávila-Ponce, consejera de Políticas Sociales y Familia, argumentan que "la Dirección General de la Mujer mantiene un contrato con la entidad AEBIA para dar apoyo psicológico a los menores que acuden junto a sus madres a los puntos municipales de atención a víctimas de violencia contra la mujer, pero en ningún caso los profesionales de esta entidad ponen a los menores en contra de ninguno de sus progenitores".

Añaden que la concesión "funciona correctamente" y que "no constan quejas de ninguno de los puntos municipales". Además, "en los criterios de solvencia técnica se pidió una relación de servicios de los últimos tres años en la gestión de uno o más programas específicos de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia y menores a su cargo".

Una estrategia para legitimar el SAP

El Segundo Informe sobre Coordinación de Parentalidad desde una Perspectiva Feminista Jurídica y Psicológica, elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis y la Asociación de Psicología y Psicoterapia Feminista, expone cómo la coordinación parental se ha convertido en una herramienta para introducir el SAP bajo nuevas formas. El estudio, publicado en 2021, recuerda que la figura del coordinador parental carece de apoyo normativo expreso en la legislación estatal y se ha impuesto en numerosos casos sin que haya sido solicitada por ninguna de las partes ni debatida en el recurso.

Asimismo, revela que esta figura se utiliza principalmente para garantizar el contacto con el progenitor no custodio, incluso cuando existen denuncias por violencia de género. En un alto porcentaje de casos, los jueces han impuesto coordinadores parentales a madres que han denunciado malos tratos, obligándolas a mantener contacto con sus agresores y forzando a los menores a cumplir regímenes de visitas, incluso en contra de su voluntad.

También el Informe Sombra sobre Violencia Institucional y SAP, elaborado por investigadoras de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de Valencia en 2023, señala que el uso del SAP en los tribunales sigue presente bajo eufemismos como "manipulación materna" o "conflicto parental". En un 78,5% de los casos analizados, al menos un informe pericial o psicosocial invocaba el SAP para desacreditar las denuncias de violencia sexual o de género.

Según esta investigación, la figura del coordinador parental ha sido una de las principales herramientas para trasladar los casos de violencia de género y abuso infantil al terreno del "conflicto familiar", minimizando la violencia y otorgando credibilidad al agresor sobre la víctima. Además, en un 92% de los casos que analizan, se observan medidas judiciales en contra de la voluntad de los menores, obligándolos a mantener contacto con sus agresores bajo supervisión de estos coordinadores.