Feijóo retrocede a los tiempos de Rajoy y vuelve a atacar el derecho al aborto: "Es un Gallardón 2.0"

El Partido Popular nunca ha asumido el modelo de aborto libre y voluntario que España incorporó a su legislación en 2010. Se opuso a aquella reforma, la recurrió ante el Tribunal Constitucional y, en cuanto tuvo la oportunidad -con la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno-, trató de sustituirla por una regulación mucho más restrictiva. La movilización de miles de feministas consiguió frenar aquel intento, pero no impidió que el Ejecutivo del entonces presidente popular introdujera en 2015 una nueva barrera para las adolescentes de 16 y 17 años. Más de una década después, Alberto Núñez Feijóo ha recuperado precisamente esa cuestión para volver a arremeter contra la libertad sexual de las mujeres.

La historia del PP es la historia de un partido antiderechos y se remonta a los tiempos de Alianza Popular, cuando la formación que presidía Manuel Fraga votó en contra de la primera despenalización parcial del aborto, aprobada en 1985. La derecha no solo se opuso a aquella reforma, sino que también la recurrió ante el Tribunal Constitucional; estrategia que el PP imitaría en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio luz verde al sistema de plazos.

En 2013, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, impulsó un anteproyecto que pretendía recuperar el modelo de supuestos, todavía más restrictivo que el anterior a 2010. La interrupción voluntaria del embarazo quedaba limitada, esencialmente, a los casos de violación y de grave peligro para la vida o la salud de la mujer. La respuesta social fue determinante. Las movilizaciones feministas, entre ellas el multitudinario Tren de la Libertad de 2014, hicieron de la defensa del aborto uno de los principales conflictos políticos que tuvo que hacer frente el Gobierno de Rajoy. 

El presidente popular no tuvo más remedio que dar marcha atrás y renunciar a aquella reforma general, pero, en 2015, su Gobierno eliminó la posibilidad de que las adolescentes de 16 y 17 años abortaran sin el consentimiento expreso de sus representantes legales. Esa restricción ha estado vigente hasta 2023, cuando el Gobierno de coalición aprobó una nueva reforma de la ley. Ese mismo año, el Constitucional terminó desestimando el recurso que el PP había presentado en 2010. Y, un año después, respaldó expresamente la posibilidad de que las jóvenes de 16 y 17 años abortaran sin autorización parental, al resolver un recurso presentado por Vox.

El interés superior de las menores no es el que determinen sus familias

Las declaraciones que Feijóo ha dado durante una entrevista este viernes a la Cadena SER son coherentes con todos estos precedentes. "Ese debate procede y volveré a darlo", ha afirmado, refiriéndose a la capacidad de las adolescentes de 16 años para interrumpir por decisión propia su embarazo. "¿Qué ocurre cuando una niña de 16 años quiere abortar y sus padres no lo aceptan? Ese es el debate que yo quiero plantear porque estoy convencido de que una niña de 16 que tenga el apoyo de sus padres, habrá muchas que no quieran abortar", ha añadido el candidato a presidente del Gobierno.

Para Sílvia Aldavert, politóloga y directora de la Associació de Drets Sexuals i Reproductius, el anuncio debe interpretarse dentro de esa continuidad histórica. "La propuesta que nos hace Feijóo una vez más no deja de ser un aviso a navegantes", sostiene. La experta lo define como un "Gallardón 2.0".

La elección de las adolescentes como caballo de batalla no es trivial. "Me parece muy significativo", añade Bea Merchán, socióloga y escritora feminista, porque "el tema de la protección a la infancia tiene un montón de legitimidad social" y, por tanto, resulta más sencillo obtener respaldo para una restricción cuando se presenta como una medida destinada a proteger a las adolescentes. El asunto es que aquí no se trata de "protección", sino de arremeter contra la capacidad de estas chicas para decir y, si se tercia, incluso de decidir por ellas aun en contra de su voluntad. "Hay una cuestión de fondo bastante clara y es seguir discutiendo la autonomía de las mujeres desde la presunción de que alguien tiene que protegernos de nuestras propias decisiones", reflexiona Merchán.

En España, la edad de consentimiento sexual está fijada en los 16 años. La legislación sanitaria reconoce también capacidad para prestar consentimiento informado a partir de esa edad. Aldavert llama la atención sobre esta contradicción: "Una chica puede decidir a partir de los 16 años" sobre determinados procedimientos médicos, señala, mientras que la propuesta de Feijóo plantea que no pueda hacerlo en relación con su embarazo.

Hay, además, una diferencia evidente entre promover un acompañamiento y convertir a las familias en una condición para hacer valer este derecho. "Reconocer la autonomía de un adolescente no significa dejarla sola ante una decisión difícil", argumenta Merchán. Una menor puede necesitar información, apoyo psicológico, acompañamiento sanitario o familiar. Pero "nada de eso implica necesariamente que otra persona tenga que decidir por ella". 

La experiencia de las entidades que trabajan directamente con jóvenes apunta en esa misma dirección. Aldavert explica que desde el Centro Joven de Atención a las Sexualidades (CJAS) acompañan a centenares de adolescentes durante procesos relacionados con el embarazo y el aborto. La mayoría comparte su situación con sus familias y cuenta con su apoyo. Pero existe una parte que no porque sus circunstancias familiares no permiten ese acompañamiento. De ahí que considere injustificado volver a imponer una autorización general para resolver situaciones que requieren respuestas, en todo caso, individualizadas.

Desde Amnistía Internacional, Nuria Berro Fernández, responsable de campañas sobre aborto de la organización en España, recuerda que los mecanismos internacionales de derechos humanos han insistido en que las adolescentes deben poder decidir sobre su embarazo y también sobre la participación de terceras personas en ese proceso. "Que puedan recibir información veraz, objetiva, imparcial, pero que ese apoyo no se convierta en una barrera", resume. 

Berro Fernández insiste en que distintos comités de Naciones Unidas han abordado la cuestión desde el reconocimiento de los derechos de las menores y su "autonomía progresiva". La responsable de Amnistía Internacional señala que el interés superior de la menor no tiene por qué identificarse automáticamente con la voluntad de sus progenitores. O, lo que es lo mismo, el deseo o la voluntad de las familias no siempre es lo mejor para sus hijas.

"Feijóo ya dio síntomas cuando se alineó con Ayuso en el momento en el que Ayuso tomó la iniciativa de conceder beneficios al concebido no nacido", afirma la jurista y exdiputada europea María Eugenia Rodríguez Palop. "También dijo en aquel momento que si gobernaba iba a abordar una ley de semejantes características, de manera que es evidente que el Partido Popular, y no solo Vox, constituye un auténtico peligro para las mujeres", sostiene. "Considerar que esta tutela solo por definición afectaría a niñas y no a niños, lo que incorpora un elemento de infantilización de las mujeres que precisamente es uno de los elementos contra los que lucha el feminismo", remarca.

El aborto no necesita justificación

Pero eso no es todo; la entrevista de Feijóo ha dado mucho de sí. "Yo creo honradamente que una niña de 16 años que comparta con sus padres una decisión vital trascendente e irreversible como hacer un aborto es lo correcto", ha dicho también. Nadie está discutiendo la importancia de una decisión de estas características. Lo que desde posiciones feministas se cuestiona es que se atribuyan al aborto grandes consecuencias psicológicas mientras se obvian las que puede conllevar el llevar a término un embarazo no deseado.

"Parece que únicamente se considera trascendente la decisión de abortar cuando continuar un embarazo y asumir una maternidad también pueden transformar radicalmente una vida", critica Bea Merchán. No existe fundamento científico para afirmar que todas las mujeres que abortan desarrollan un trauma psicológico. Es más, investigaciones como Salud mental y bienestar de las mujeres 5 años después de recibir o ser denegadas un aborto, publicada en 2017, lo han desmentido. "Parece que una mujer que aborta tiene que sufrir o arrepentirse o justificar moralmente su decisión", reprocha Merchán.

Sílvia Aldavert recuerda, a este respecto, antecedentes como las iniciativas impulsadas en la Comunidad de Madrid en torno al denominado síndrome posaborto y las propuestas planteadas en Castilla y León sobre la escucha del latido fetal, ambas gobernadas por las derechas. Lo raro sería que el planteamiento de PP a nivel nacional fuera a ser diferente.

Obstaculizar el derecho al aborto

El debate sobre las menores constituye, sin embargo, solo una parte del problema. Mientras el PP plantea esta cortina de humo para llamar la atención en plena precampaña electoral, allí donde gobierna ya hace todo lo posible para impedir el acceso efectivo al aborto, que -conviene recordar- depende en buena medida de la comunidad autónoma en la que resida cada mujer y de la capacidad de sus servicios sanitarios para garantizar la prestación.

En numerosas comunidades, buena parte de las intervenciones continúa realizándose gracias a las clínicas que trabajan mediante conciertos o acuerdos de financiación pública. Su participación ha permitido sostener durante años el acceso a una prestación que muchos hospitales públicos no han incorporado de manera suficiente. Esta dependencia tiene muchas explicaciones, entre otras la disponibilidad de profesionales, la formación sanitaria, la organización de los equipos, la dotación de recursos y, sobre todo, la voluntad de las administraciones.

"Lo que no puede ser es que haya territorios enteros donde las mujeres no puedan acceder a esta prestación. Aquí me parece que está claro que aparece una cuestión de clase y de desigualdad territorial, porque cuando un servicio sanitario no está garantizado, como ocurre en este caso, hay consecuencias desiguales para todas las mujeres. Una mujer que tiene recursos económicos se puede desplazar, buscar alternativas y incluso acudir a sanidad privada. Pero cuando una mujer no tiene esos recursos o tiene criaturas a su cargo, o está en una situación de violencia donde no puede decir ni que está embarazada ni que va a abortar, acaban apareciendo las desigualdades", expresa Sílvia Aldevert.

La reforma de 2023 estableció la creación de registros internos de objetores de conciencia precisamente para permitir a las administraciones conocer con qué personal cuentan y garantizar la prestación, que es su obligación por ley; cosa que a Feijóo tampoco parece convencerle demasiado. El dirigente ha dicho comprometerse a que una mujer que quiera realizarse una interrupción voluntaria del embarazo pueda hacerlo con "los mejores médicos", pero no sin recalcar que "no" puede "obligar a un médico a hacer una interrupción voluntaria del embarazo".

La realidad es que las listas de objetores son listas que se crean para la organización interna de la administración sanitaria, sin la cual resulta complicado, por no decir imposible, saber cómo y con qué medios humanos se puede garantizar la prestación. Y, si no se garantiza, lo que da lugar a una situación de desatención institucional. "El derecho de un profesional sanitario a objetar por motivos de conciencia no puede suponer que otra persona se quede sin poder ejercer un derecho que tiene reconocido por ley", sostiene Aldavert. Es una cuestión de "equidad", defiende en el mismo sentido Nuria Berro Fernández.

Cosa distinta sería hacer "una lista de los que sí estarían dispuestos a practicar abortos, como Feijóo sugirió en algún momento (...) es infinitamente más perturbador para los que no están dispuestos a practicarlos y viola mucho más y con más intensidad su derecho a la intimidad, e incrementa también más las posibilidades de ser señalados o estigmatizados", opina María Eugenia Rodríguez Palop.

De la teoría a la práctica

Hacer operativa la lista de objetores es eficiente. Sílvia Aldavert llama la atención sobre los avances que se están produciendo en diferentes territorios, pese a todo, gracias a la voluntad de las sanitarias. La politóloga reconoce avances en Catalunya, Burgos y Ceuta, donde, según explica, las mujeres tenían que desplazarse anteriormente a Andalucía para interrumpir su embarazo y ahora pueden hacerlo en el propio hospital de la ciudad autónoma.

Pero Aldavert destaca especialmente el caso de Galicia, precisamente una de las comunidades a las que Feijóo se ha referido durante su entrevista. Según cuenta, allí se está desarrollando un modelo que pretende incorporar tanto los abortos farmacológicos como los instrumentales a los centros de la red pública, sin necesidad de derivar a las pacientes a clínicas privadas acreditadas. "Creo que esta es la primera apuesta en el Estado español que se hace para hacer un modelo realmente público", sostiene, frente a los sistemas mixtos que funcionan en otras comunidades, como Catalunya o Balears.

La experta considera que esta experiencia merece especial atención porque demuestra que es posible avanzar hacia una prestación íntegramente pública cuando existe una organización por parte de las profesionales que lo hace posible. De hecho, frente a las declaraciones de Feijóo, Aldavert sostiene que "es la comunidad que a día de hoy está siendo más pionera en este sentido". "Sí se están haciendo cosas", insiste, reivindicando el papel de profesionales sanitarios que están siendo "puntales transformadores de estos procesos".

No se puede perder de vista que la alternativa a todo este sistema de garantías, como advierte desde Amnistía Internacional Nuria Berro Fernández, es que las personas "acudan a a procedimientos fuera del marco legal, es decir, ilegales con más inseguridad".