El hijo menor de Juana Rivas tendrá que declarar ante el juez acompañado por su padre, acusado de maltratarlo

El hijo menor de Juana Rivas tendrá que declarar este viernes ante la Corte Civil de Cagliari (Cerdeña, Italia). Llegará previsiblemente acompañado por su padre, Francesco Arcuri, imputado formalmente por la Fiscalía por maltrato físico y psicológico hacia él y su hermano mayor. Arcuri, sin embargo, sigue negando no solo las acusaciones, sino incluso haber sido notificado del proceso. Hace dos días, mintió ante los medios de comunicación al afirmar que no sabía "absolutamente nada" de un cambio en el curso del caso, pese a que existe al menos un acta judicial a la que ha tenido acceso Público que confirma que fue informado a través de su abogado en la audiencia del pasado 15 de noviembre y en su domicilio el mismo día. Pero el calvario que llevan ya casi una década sufriendo Rivas y sus hijos no se limita a sus manipulaciones, hay que sumar la inacción de un sistema judicial que sigue permitiendo que el menor de diez años viva con su presunto agresor, ignorando tanto las normativas internacionales como el sufrimiento del niño, que este verano suplicó ayuda a su madre y a su hermano.

"Es como si a una mujer maltratada le dijeran que hasta el día del juicio tiene que seguir viviendo con quien la maltrata", señala con firmeza Paqui Granados, directora y asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), centro desde el que se viene prestando atención, asesoramiento y apoyo a Juana Rivas desde junio de 2016. "Ese niño está bajo coacción y amenaza constante, tal y como confirma la Fiscalía de Cagliari", añade Granados en una conversación con Público. El problema, llegados a este punto, trasciende el silencio y la violencia institucional que ha sufrido Rivas: la cuestión está en la "falta de diligencia" para garantizar la seguridad de un menor cuya voz sigue siendo "ignorada". 

Desde el minuto uno, el entorno de Rivas ha vivido el procedimiento como una "monstruosidad". Italia ha ignorado "continuamente" la normativa internacional que les es vinculante y el convenio de Estambul, que desde 2014 obliga a proteger a las víctimas de violencia de género (las madres y sus hijas e hijos), parece letra muerta en este caso. Como ha argumentado la periodista Marisa Kohan, especialista en Igualdad y derechos de la infancia: "El caso Rivas no se puede mirar sólo por la sentencia de un juez machista y misógino, sino por los garrafales fallos de un sistema de Justicia que cuestiona a la madres y desprotege a sus hijos e hijas cuando denuncian violencia de género que sufren ellas y sus vástagos".

A lo largo de los años, la Justicia italiana ha desacreditado los testimonios de Gabriel, el hijo mayor, que relataban diferentes episodios de maltrato, calificándolos como manipulados por su madre (de nuevo, el falso SAP) y ha desoído múltiples informes médicos. "Hay pruebas contundentes: ingresos hospitalarios por moratones, sospechas de maltrato documentadas y hasta tres informes del Servicio Andaluz de Salud. ¿Qué más hace falta para actuar?", se pregunta Granados. Este miércoles, el propio Gabriel, que ya tiene 18 años, expresó su preocupación por la incapacidad de su padre para "controlar su impulsividad y su ira" e incidió en que veía a su hermano "en gran peligro".

La custodia del menor depende de una Sala de lo Mercantil

La Corte Civil italiana, donde tendrá que declarar el menor de los hermanos, puede equipararse en funciones generales a las Audiencias Provinciales en España, aunque con algunas diferencias. Las Audiencias Provinciales se encargan de resolver recursos contra las decisiones de los juzgados de primera instancia, incluyendo los relacionados con derecho civil y familia, con un detalle clave: los casos de violencia de género, incluyendo los que afectan a menores, se concentran en juzgados especializados de violencia sobre la mujer. Estos órganos unifican las cuestiones penales y civiles relacionadas con la protección de las víctimas, garantizando una mayor coherencia y sensibilidad en el tratamiento.

Por contraste, en Italia, no existe esta unificación, lo que ha llevado a que las cuestiones penales del caso de Juana Rivas y la custodia de sus hijos se lleven por instancias judiciales diferentes. Con el agravante, además, de que a pesar de existir ya normas internas italianas que exigen ("expresamente") que la Justicia Civil no puede obviar los procedimientos penales sobre violencia de género o doméstica, tanto el Juzgado de familia, como la Corte de Apelación Civil de Cagliari, han desatendido las causas penales abiertas contra Arcuri por maltrato", recuerda Granados. Ello incluso una vez imputado éste formalmente por violencia física y psicológica habitual contras sus hijos.

Desatención que llega a su máxima expresión cuando, en estos momentos, la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema de Casación está en manos de la Sala de lo Mercantil de la Corte de Apelación de Cagliari, que no tiene especialización alguna en derecho de familia ni en violencia de género.

"¿Cómo puede ser que un niño esté obligado a vivir con su agresor y que se considere que ir a declarar de nuevo de la mano de su padre no le va a afectar? Es un incumplimiento de toda lógica, de toda normativa internacional comprometida con la lucha contra la violencia machista, en particular de la vicaria y la protección de la infancia", insiste Granados. La asesora de Rivas hace alusión a lo referido por la Corte de Apelación de Cagliari, que ha citado al menor este viernes 6 de diciembre a las 11.00 horas. 

En el acta de la audiencia del pasado 15 de noviembre en la que se dispone sobre la referida citación, la presidenta de dicha Corte, tras hacer constar que la Fiscalía ha presentado un escrito de acusación contra Arcuri por maltratar a sus hijos, refiere a que "no hay elementos que permitan creer que la audiencia del menor pueda perturbar su serenidad". "¿Cómo se puede hablar de la serenidad de un niño que vive bajo el mismo techo de alguien al que la Fiscalía acusa formalmente de agredirle física y psicológicamente?", replica Granados; "es un insulto a ese niño y a sus derechos más elementales".

La asesora recuerda que "el niño lleva años viviendo bajo la amenaza constante de su padre. Cuando estuvo en España este verano, le pidió a su madre y a su hermano: Por favor, ayudadme. No puedo decir la verdad mientras esté con mi padre". Y subraya que el sistema italiano ha ignorado incluso las pruebas forenses que reflejan la coacción a la que está sometido. "En 2022, cuando fue escuchado por primera vez, un informe determinó que el niño estaba mintiendo. Decía que su padre era bueno, pero el fiscal y la forense concluyeron que lo hacía bajo presión", explica.

Piden la actuación de Justicia, Igualdad y Exteriores

Mientras Gabriel vive en España con su madre desde los 16 años, su hermano ha permanecido en Italia con su padre porque así lo decidió la Justicia. Recientemente, hubo una sentencia de casación que resolvió que los hermanos no podían vivir separados, pero aun así, la Justicia italiana ha dilatado el proceso, iniciando un nuevo juicio en lugar de ejecutar lo que su Tribunal Supremo ya dictó. "La solución es clara: los hermanos deben reunirse en España con su madre. Pero mientras esto no se ejecute, el menor debería ser apartado de su padre de inmediato", argumenta Granados. 

¿Qué más  se puede hacer para proteger al niño? Granados es contundente: "Esto no es un problema de interpretación de los hechos, es un incumplimiento de la ley". Ella misma, como directora del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, ha enviado a los ministerios de Justicia, Igualdad y Exteriores una serie de informes pidiéndoles que actúen dentro de sus competencias: "Ninguna institución que tenga algo que decir puede mirar para otro lado. Ese niño necesita ayuda. No mañana, no dentro de un mes. Hoy", concluye la asesora.