Asociaciones y colectivos de mujeres lesbianas llevan años denunciando los casos de discriminación en el servicio de reproducción asistida de la Seguridad Social. Reivindican el derecho a la reproducción asistida sin necesidad de que exista un varón estéril, puesto que el impedimento para procrear en estos casos es el mismo para una pareja heterosexual, como para una homosexual o para mujeres que quieren ser madres solteras.

"Después de invertir varios meses sometiéndose a  las pruebas previas al proceso de reproducción asistida, la inspectora médica les manifestó por vía telefónica que no podían acogerse a tratamientos de fecundación porque no existía un problema de fertilidad", asegura Eli Pérez, presidenta de la asociación Nós Mesmas de Vigo y Pontevedra. Eli se refiere a una pareja de mujeres lesbianas que quiso tener un hijo a través del servicio de reproducción asistida de la Seguridad Social.

El Artículo 6 de la Ley de Reproducción Humana Asistida de 2006 no deja lugar a duda y otorga el derecho de someterse a procesos de reproducción asistida a "toda mujer mayor de 18 años con plena capacidad de obrar (...) con independencia de su estado civil y de su orientación sexual". Sin embargo algunas comunidades se han amparado en la ambigüedad que introduce el Real Decreto 1030/2006 del 15 de septiembre de 2006, que fija la cartera mínima de prestaciones del sistema de salud.  El decreto establece que estos tratamientos sólo se financian públicamente "cuando haya un diagnóstico de esterilidad o una indicación clínica establecida". 

"La pareja pidió la información por escrito y nunca recibieron respuesta"En este caso, desde el Hospital Materno Infantil de A Coruña, confirmaron que sí se estaban financiando estos tratamientos pero que era necesario pasar la inspección. "La inspectora aseguró que simplemente se estaba acogiendo a la ley y, aunque la pareja pidió dicha información por escrito en varias ocasiones, nunca recibieron respuesta", explica Eli Pérez. Por su parte, fuentes de Sanidad aseguran que, de ser así, se estaría cometiendo una infracción. Las mujeres afectadas prefieren no identificarse porque hace varios meses denunciaron su caso ante el Defensor del Pueblo y el procedimiento continúa abierto.

Desde Sanidad declaran no tener constancia de este caso. Se remiten al último consejo interterritorial celebrado el pasado mes de diciembre, cuando en la rueda de prensa posterior al consejo la ministra de Sanidad, Ana Mato, aseguró que en las solicitudes para acceder a los procesos de reproducción asistida no se hace ningún tipo de diferenciación entre sexos ni se pregunta por el estado civil.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) mantiene que estos casos se dan con frecuencia, pero muchas mujeres prefieren mantenerse en el anonimato por miedo a que la visibilidad de la denuncia pueda afectar al proceso. No es el caso de Silvia García, una mujer lesbiana a la que en 2011 también impidieron someterse a la inseminación artificial porque el servicio no admitía a "mujeres lesbianas o solas sin problemas de fertilidad". De nuevo, desde Sanidad desmintieron que se incurriera en discriminación.

La reproducción asistida podría quedar fuera de la cartera básica

En este último consejo interterritorial de Sanidad se debatió, entre otras cosas, sobre la posibilidad de revisar la cartera básica de servicios en lo relativo a tratamientos de fertilidad, el cribado neonatal, los implantes oftalmológicos, o las mamografías y el aborto.  Aunque estos asuntos quedaron en el aire, el próximo consejo interterritorial tendrá lugar a finales de julio, cuando es posible que se retome este debate de una forma más contundente.