Entidades del tercer sector acusan a Igualdad de querer imponer "una visión doctrinal" de la prostitución a través de sus ayudas

Una coalición de organizaciones del tercer sector y colectivos feministas ha comparecido este martes en una rueda de prensa -organizada en el Ateneo La Maliciosa- para denunciar que el Ministerio de Igualdad pretende modificar las bases de varias subvenciones públicas de manera que condiciona el acceso a fondos a que las entidades asuman una posición ideológica concreta. En particular, considerar el trabajo sexual o la prostitución voluntaria per se (equiparándola a la explotación sexual y la explotación reproductiva) como forma de violencia contra las mujeres.

Su rechazo público se produce tras el cierre, el pasado 9 de febrero, del trámite de audiencia e información abierto por el propio ministerio para reformar esas órdenes ministeriales. En el borrador de modificación de la orden que regula subvenciones para programas de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, el departamento de Ana Redondo ha introducido que las entidades deben tener entre sus fines estatutarios (o acreditar experiencia) en la prevención y erradicación de la violencia "incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva". 

Las organizaciones han criticado que ello introduce, en realidad, un filtro que divide el acceso a fondos entre entidades "aptas" e "inaptas" por su posicionamiento político y no por su capacidad técnica. A su juicio, se trataría de una medida "grave e incompatible con los principios del derecho administrativo, el pluralismo democrático y la protección efectiva de los derechos humanos", y advierten de que el Estado "no puede" utilizar el régimen de subvenciones "para imponer una visión doctrinal concreta" ni para "redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador". 

"No se puede legislar sobre nuestras vidas sin escucharnos"

Mónica Martín, secretaria general del sindicato OTRAS, e Iris Meza, cofundadora de Afemtras, han insistido en que combatir la violencia, la explotación y la trata -objetivo que comparten al ser ellas "sujetas" de esas violencias- no equivale a cerrar por decreto administrativo el debate sobre prostitución como violencia "en sí misma" y exigir esa conclusión a terceros como "peaje" para acceder a fondos. "No se puede legislar ni diseñar políticas públicas sobre nuestras vidas sin escucharnos", ha apelado Martín.

Begoña Aramayona, investigadora de la UNED y portavoz de la Red de Voces Feministas por los Derechos, ha planteado el riesgo de que este modelo se normalice: "Es como si el Ministerio de Ciencia nos pusiera a las universidades y a sus equipos de investigación que aceptáramos de antemano una definición cerrada de la prostitución (…) para poder conseguir fondos para estudiarla". "Hoy es el tercer sector", advierte Aramayona, "pero mañana puede ser cualquier otro ámbito" -incluido el académico- el que padezca esta imposición. "Un Ministerio de Igualdad que se tome en serio este debate no puede ahogarlo, debe asumir esta pluralidad", señala Aramayona.

Iris Meza se preguntaba: "¿Nos habéis preguntado a las trabajadoras sexuales si estamos de acuerdo? ¿Nos habéis consultado? ¿Sabéis realmente qué es lo que queremos?". Si la Administración diseña políticas sobre realidades atravesadas por migración, exclusión y estigma sin integrar a quienes viven esa realidad, el resultado -sostienen- puede "empeorar las condiciones materiales de vida y debilitar la intervención de proximidad".

Contra la discriminación de las prostitutas

La Asamblea Feminista de Madrid, a través de Justa Montero, se ha sumado a la crítica de la reforma al considerarla un "cambio gravísimo". Desde su perspectiva, la equiparación entre prostitución y explotación sexual borra diferencias, homogeneiza situaciones y empuja a soluciones únicas para realidades diversas. Montero insiste además en que el intento de imponer un enfoque abolicionista a través de intervención social se produce "cuando no existe consenso (…) ni en el ámbito político (…) ni en el ámbito social ni (…) en el feminismo". 

En la comparecencia ha participado también Mamen Briz, de Alianzas Rebeldes, que ha subrayado que "independientemente de si nos declaramos abolicionistas o proderechos, muchas organizaciones preferimos centrarnos en aquello que sí nos une: la lucha contra la trata de seres humanos poniendo en el centro los derechos de las víctimas y basada en la prevención, la protección y la persecución, por este orden; el exigir condiciones de vida materiales realistas para quienes decidan abandonar la prostitución; y la no discriminación de quienes en algún momento de sus vidas decidieron ejercer".

Las entidades presentes han recordado que, cuando tuvieron constancia de la puesta en marcha de esta modificación, solicitaron con carácter de urgencia una reunión con el Ministerio de Igualdad, que accedió inicialmente. Sin embargo, cuando el departamento de Redondo empezó a recibir las alegaciones presentadas por las organizaciones y asociaciones, decidieron cancelar el encuentro. Desde entonces, las entidades -según han detallado- no han vuelto a recibir ninguna comunicación por parte de Igualdad.

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En el ámbito político, Sumar ha registrado preguntas al Ministerio de Igualdad y Esquerra Republicana ha solicitado explicaciones sobre las bases. Las organizaciones comparecientes, por su parte, han sintetizado cuatro demandas: eliminar de las bases cualquier exigencia que obligue a asumir posiciones ideológicas concretas para acceder a subvenciones; garantizar criterios de concesión "exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios"; respetar neutralidad ideológica y pluralismo democrático en el diseño de políticas públicas; y adoptar un enfoque de derechos humanos en la lucha contra trata y violencia conforme a estándares internacionales. 

Si la orden prospera "en los términos planteados", han anunciado, emprenderán "las acciones legales que correspondan" para defender derechos fundamentales e interés público. Preguntadas por el detalle de esas acciones, han respondido que están siendo estudiadas por un gabinete jurídico y que, antes, esperan la respuesta del Ministerio y agotar los plazos.

El Ministerio de Igualdad insiste en su posición

El Ministerio de Igualdad ha insistido este martes, tras la rueda de prensa, que la reforma "es jurídicamente sólida, respeta el marco constitucional y las normas europeas e internacionales, y no vulnera la concurrencia competitiva". Según fuentes ministeriales, exigir que las entidades beneficiarias compartan la consideración de la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva como formas de violencia contra las mujeres no supone una imposición ideológica, sino una orientación del gasto público hacia objetivos de igualdad.

Preguntado por la fecha estimada en que se dará respuesta a las alegaciones presentadas por las organizaciones que han criticado la reforma, el departamento de Redondo no concreta plazos. En cuanto a la evaluación interna que llevó a considerar necesaria esta modificación, fuentes del ministerio señalan que no harán públicas todas sus conclusiones.