Igualdad busca excluir a entidades no abolicionistas de las ayudas para luchar contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad ha iniciado la modificación de las bases de dos de las subvenciones públicas que convoca anualmente destinadas, por un lado, a la lucha contra la violencia contra las mujeres y, por otro, al apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual y a sus hijas. Aunque desde el departamento que dirige la ministra Ana Redondo se insiste en que el procedimiento ha superado todos los controles legales y que las alegaciones presentadas serán estudiadas, el contenido de las modificaciones ha generado una fuerte preocupación entre organizaciones de base que trabajan en intervención e investigación en el ámbito de la prostitución. 

El cambio, según numerosas organizaciones, introduce un condicionamiento ideológico explícito. Para acceder a las ayudas, las entidades deberán acreditar en sus estatutos o mediante experiencia previa una posición que reconozca la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres. Una exigencia que, a juicio de estas entidades, equivale a vincular el acceso a fondos públicos a la adopción de una perspectiva abolicionista concreta, excluyendo así a entidades que trabajan desde enfoques de derechos humanos y reducción de daños.

Imponer un marco ideológico

Desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), una de las 34 asociaciones y organizaciones sociales -además de unas 140 académicas, activistas y personas de la sociedad civil-que han presentado alegaciones a esta modificación, alertan de la gravedad del cambio. La antropóloga Irene Adán, parte del equipo de CATS, explica a Público que el contenido de la propuesta de Igualdad va mucho más allá de un ajuste técnico.

Según Adán, este planteamiento no es nuevo, sino que amplía una línea ya presente en convocatorias anteriores, como el Plan Camino, donde -afirman- la financiación se dirigió de forma exclusiva a organizaciones abolicionistas.

Un debate abierto

Uno de los argumentos centrales de las alegaciones es que esta exigencia carece de respaldo normativo en el ordenamiento jurídico español. Las organizaciones firmantes sostienen que no existe una definición legal estatal que equipare la prostitución, en sí misma, a una forma de violencia contra las mujeres: "La prostitución no está legalmente definida como violencia en España. No es un delito, no existe una definición legal estatal que califique la prostitución como una forma de violencia". Desde su perspectiva, condicionar el acceso a fondos públicos a una interpretación concreta supone vulnerar el principio de neutralidad ideológica de la administración. 

Adán subraya además que ni siquiera los instrumentos internacionales citados por el Ministerio avalan esa equivalencia: "En el Convenio de Estambul tampoco se califica la prostitución en sí misma como violencia, sino que se insta a combatir la violencia que puede producirse en determinados contextos, como la explotación y la trata, desde un enfoque de derechos humanos"

"Las perjudicadas una vez más serán las putas y las víctimas"

Más allá del debate jurídico, organizaciones y diferentes personalidades expertas en la materia alertan de las consecuencias prácticas de esta modificación. En primer lugar, porque restringe el pluralismo en un ámbito donde no existe consenso político ni social: "Hay una gran divergencia de opiniones, posiciones tanto en partidos como en asociaciones que vienen trabajando con esta población desde un enfoque de derechos humanos desde hace muchos años". 

En segundo lugar, porque la exclusión de entidades con experiencia acreditada puede traducirse, según las firmantes, en un peor diseño e implementación de las políticas públicas: "Este carácter ideológico de las subvenciones restringe el pluralismo y excluye injustificadamente entidades con mucha experiencia y solvencia técnica, reduciendo el número de entidades potencialmente colaboradoras y perjudicando a las personas destinatarias".

El precedente estadounidense

Desde los colectivos de trabajadoras sexuales, la alarma es aún mayor. Kenia García, del colectivo de prostitutas de Sevilla, compara la situación con un precedente internacional que, asegura, tuvo consecuencias devastadoras: "Están imitando las políticas que se impusieron en EEUU en el 2003. Es una auténtica vergüenza todo lo que están haciendo con el dinero público". García se refiere a una ley estadounidense que obligó a las ONG receptoras de fondos públicos a adoptar una postura abolicionista explícita. Según su análisis, "las consecuencias fueron nefastas porque esto lleva a restringir proyectos con trabajadoras sexuales y a una autocensura por parte de las entidades para no perder fondos". 

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Entre los efectos concretos que enumera se encuentran la imposibilidad de trabajar por la salud y los derechos de las prostitutas sin estigmatizarlas, la fragmentación del tejido asociativo y el aumento del aislamiento social: "Muchas entidades tuvieron que cancelar proyectos que reconocían a las trabajadoras sexuales como sujetos de derechos. Aumentó el aislamiento de las prostitutas y la desconfianza hacia las entidades". 

"No se puede combatir la violencia sin reconocer derechos"

Tanto CATS como otros colectivos insisten en que su oposición a la modificación no implica negar la existencia de violencia, explotación o trata, sino defender que esas realidades no se combaten imponiendo marcos ideológicos únicos: "No se puede combatir la violencia sin apoyar y reconocer a las trabajadoras sexuales como sujetos de derechos". Desde esta óptica, las subvenciones públicas deberían regirse por criterios técnicos, objetivos y no discriminatorios, evaluando la eficacia de los proyectos y su impacto real en la vida de las mujeres, y no la adhesión a una determinada corriente ideológica. 

En palabras de Kenia García, el riesgo es que estas medidas terminen teniendo un efecto contrario al buscado: "Más estigma, menor acceso a servicios y menor cooperación entre prostitutas y sistemas de asistencia. Al final, las perjudicadas una vez más serán las putas y las víctimas de trata".