La Fiscalía pide bloquear en España 13 páginas web extranjeras por ofrecer vientres de alquiler
El Ministerio Fiscal también solicita la suspensión por parte de los prestadores de los servicios de intermediación, como Telefónica o Vodafone, de los servicios de acceso a Internet con dichos sitios web.

Madrid--Actualizado a
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al Ministerio de Igualdad el bloqueo en España de 13 páginas web de estados no pertenecientes a la Unión Europea que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre vientres de alquiler. La solicitud, a la que ha tenido acceso este medio, se formula a la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
"El objeto procesal de las diligencias preprocesales presentes contiene un interés social relevante, en cuanto concierne al derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y a la protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios de los servicios de la sociedad de la información", defiende el Ministerio Fiscal.
Esta actuación se ha tramitado en coordinación con las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo. En concreto, la batalla contra anuncios sobre vientres de alquiler fue impulsada tras la apertura de diligencias preprocesales por parte de ambas fiscalías. A su vez, estas fueron motivadas por una denuncia presentada por una asociación feminista de Vigo, que pedía investigar por la vía penal a entre 20 y 30 empresas de vientres de alquiler que se anunciaban por internet.
Las actuaciones originales se dirigieron contra ocho entidades. Por razón de competencia, fueron remitidas a las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Madrid y Málaga. De hecho, parte de las entidades cesaron su actividad ilícita tras el requerimiento del Ministerio Fiscal; y sobre otras, por las distintas Fiscalías Provinciales, se han interpuesto demandas civiles por publicidad ilícita.
Asimismo, en el marco de las actuaciones seguidas por las Fiscalías Provinciales de Madrid y Barcelona, se puso de manifiesto la existencia de otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que "realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España", subraya la Fiscalía.
Exige responsabilidades a 13 sitios web
El resultado de estas pesquisas, acumuladas por "conexidad de objeto", ha derivado en la actuación trasladada al Ministerio dirigido por Ana Redondo. Este escrito tiene por objeto "la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales".
Cabe señalar que, más allá de estar prohibida esta práctica en España desde 2006, el Gobierno aprobó el pasado mes de abril una instrucción para impedir que se inscriban de forma directa a los bebés nacidos a través de la gestación por sustitución.
Más allá de pedir a Igualdad la interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos sobre vientres de alquiler, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la suspensión por parte de los prestadores de los servicios de intermediación, como Telefónica o Vodafone, de los servicios de acceso a Internet desde España con relación a dichas páginas web.
"Con el consiguiente bloqueo del acceso a los nombres de dominio específicos desde el territorio español, y que esta medida se extienda, en su caso, a cualquier subdominio y/o dominio específico web que el responsable pudiera utilizar en iguales términos, o que redirija a dicho dominio, así como a todas aquellas webs proxy, IP, URL o cualquier otra forma técnica de migrado que permita o facilite el acceso al mencionado servicio de la sociedad", apunta el escrito.
Si en el curso de las actuaciones administrativas se aprecia "la existencia y afectación" a la libertad de expresión, la Fiscalía pide la preceptiva "resolución judicial" en la interrupción del acceso o retirada de contenidos a los sitios web referidos.

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