Las víctimas de violencia sexual en Madrid esperaron tres meses para que las viera una psicóloga en 2024

El tiempo medio de espera para que una mujer víctima de violencia sexual comience a recibir atención psicológica en el Centro de Atención Integral de la Comunidad de Madrid (CIMASCAM) es de tres meses. Así lo ha reconocido oficialmente el Gobierno autonómico, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso, en dos respuestas dirigidas a la secretaria de Igualdad del PSOE de Madrid, Lorena Morales Porro, a las que ha tenido acceso Público. Este plazo se ha mantenido al menos desde julio de 2023 y se extiende a todo el año 2024.

El CIMASCAM es un recurso público especializado que presta atención psicológica, jurídica y social a mujeres que han sufrido algún tipo de acoso, abuso o agresión sexual. También contempla apoyo a familiares cuando es necesario. El centro comenzó a funcionar en 2009 y actualmente es gestionado por la Fundación Aspacia mediante un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid. Tal y como explican fuentes especializadas en esta asistencia, llegan personas "muy dañadas", muchas de las cuales no han recibido apoyo antes, o que han pasado por muchos terapeutas sin encontrar comprensión. En algunos casos, el centro es el primer lugar donde se sienten entendidas y no juzgadas.

El CIMASCAM funciona en la actualidad con un presupuesto anual de algo más de medio millón de euros. El contrato 2021-2022 fue adjudicado por 1.026.494,62 euros, lo que representa un promedio de 513.247,31 euros anuales, según consta en el Portal de la Contratación Pública. Además, dos prórrogas posteriores, en 2023 y 2024, se han firmado por el mismo importe anual.

El pasado 6 de mayo, la Comunidad de Madrid licitó un nuevo contrato con una duración de 30 meses y un importe total de 1.763.190 euros con impuestos, lo que equivale a un promedio anual estimado de 705.276 euros. Esta cifra representa un incremento del 37,4% respecto al presupuesto anual de los años anteriores. Un aumento, sin embargo, que resulta limitado si se tiene en cuenta la inflación acumulada del 21,5% desde 2021, según el Instituto Nacional de Estadística, y que el número de profesionales que prestarán asistencia directa pasará solo de 11 a 12. Uno más, pese a los tres meses de espera que una mujer que ha sufrido una agresión ha de esperar para ser tratada. En concreto, en 2021 trabajaban en el centro cinco psicólogas, tres abogadas, dos trabajadoras sociales y una persona coordinadora. Mientras que en 2025 el nuevo contrato prevé pasar de cinco a seis psicólogas.

"Importamos bien poquito las mujeres en Madrid"

La diputada socialista Lorena Morales critica que el aumento sostenido de delitos sexuales en la región no haya ido acompañado de una respuesta institucional a la altura. "Hemos pasado de 2.179 delitos contra la libertad sexual en 2021 a 2.985 en 2024, un 36,9% más", subraya Morales en declaraciones a Público. Además, advierte de que las agresiones sexuales con penetración se han incrementado un 142% en ese mismo periodo, según datos del Ministerio del Interior. "Y, sin embargo, la respuesta del Gobierno de la Comunidad ha sido mantener exactamente el mismo presupuesto y personal durante años", lamenta.

Morales señala, además, que el pliego vigente del CIMASCAM, lanzado en 2021, permitía reforzar el equipo cuando se registraran listas de espera superiores a un mes. "Hace tiempo que sabemos que hay listas de espera de tres meses para recibir atención psicológica, y aun así no se ha aumentado el número de psicólogos, pese a que el pliego lo permite", denuncia. De hecho, la última prórroga –en vigor hasta el 30 de junio de 2025– no contempla tampoco ningún tipo de refuerzo.

Lorena Morales (PSOE-M): "Pasar de cinco a seis psicólogas en un contexto de crecimiento brutal de los delitos sexuales es inaceptable"

Con respecto al nuevo contrato publicado recientemente, Morales considera que las mejoras son insuficientes. "Pasar de cinco a seis psicólogas después de 54 meses es casi insultante. En un contexto de crecimiento brutal de los delitos sexuales es inaceptable", afirma.

Morales también cuestiona la adecuación normativa de la prórroga actual. "La nueva licitación se ha publicado fuera del plazo mínimo de tres meses antes de la finalización del contrato en vigor, que expira el 30 de junio. Esto implicará una prórroga automática bajo las mismas condiciones, y sin mejoras, como máximo por nueve meses", señala. Y concluye: "Parece que importamos bien poquito las mujeres en Madrid".

"Es una estrategia de neoliberalización"

Fuentes expertas en la atención a víctimas señalan asimismo que, a pesar de la importancia de este recurso, la relación entre las organizaciones feministas que gestionan estos servicios y la Administración pública es, en muchos casos, tensa y ambivalente. Las mismas fuentes apuntan que existe un temor real a hablar públicamente de las carencias del sistema por el riesgo que esto puede implicar en la renovación o adjudicación de contratos.

El principal problema, señalan, es el modelo de adjudicación que prioriza los criterios económicos por encima de los técnicos: "La Comunidad de Madrid ha renunciado a valorar proyectos técnicos en los concursos públicos. Esto convierte las adjudicaciones en auténticas subastas económicas, lo cual merma claramente la calidad de los servicios". Todo ello lleva a que se presenten "sabiendo que al tercer o cuarto año estaremos en pérdidas. No muy grandes, porque si no ni nos presentaríamos. Pero las ONG no tenemos colchón para afrontar pérdidas prolongadas. Esto favorece a las entidades con respaldo empresarial".

Este sistema no es nuevo. Durante la crisis económica de 2008, aunque muchos servicios de atención a mujeres no se cerraron, sí se redujeron drásticamente los recursos humanos: "Se empezó a contratar personal a media jornada o con contratos precarios. La consecuencia fue una alta rotación de profesionales, que afectó directamente la atención a las usuarias. Llevábamos años pidiendo que no se liciten plazas con jornadas parciales. Finalmente, eso se escuchó, pero ha costado mucho. Es una estrategia de neoliberalización".

Además, las mejoras valoradas en los pliegos -que puntúan para ganar la licitación- muchas veces terminan siendo financiadas por las propias entidades que gestionan los recursos: "Nos piden formación y supervisión para el personal, pero no la dotan presupuestariamente. Peor aún, algunas mejoras puntuables son directamente subidas salariales al personal, que tenemos que cubrir nosotras. Es decir, se está trasladando a las ONG la financiación que debería asumir la Administración pública".

En el caso concreto de CIMASCAM, el último concurso inicialmente se adjudicó a una fundación ligada a un despacho privado de psicología, con escasa trayectoria en servicios integrales. Su proyecto en Castilla-La Mancha ofrecía solo atención psicológica, sin el componente social ni jurídico que define un enfoque integral. Finalmente, fueron descartados.

Fuentes consultadas subrayan que la propia Dirección General de la Mujer es receptiva a algunas de estas críticas, pero "carece de peso político dentro del organigrama de la Comunidad". En este contexto, se evidencia la falta de control real por parte de la Administración sobre el cumplimiento de lo ofertado: "Muchas veces las mejoras no se cumplen. He visto concursos ganados con la promesa de subir horas de contrato que nunca se ejecutaron. Otras entidades no ofrecemos esa mejora porque no la podemos asumir, pero pierdes frente a alguien que sí la promete... y luego no la cumple".

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"Antes había un pacto no escrito entre entidades sociales donde si alguien lo gestionaba bien, no nos presentábamos. Pero en cuanto entran grandes empresas, ese respeto se rompe. Y, cuando el peso del proyecto técnico baja, pierde sentido. Aunque digan que valorar un proyecto técnico es subjetivo, no lo es: se nota cuando lo ha escrito alguien que sabe de lo que habla", añaden.

Actualmente, además del CIMASCAM, existen dos centros de crisis 24 horas en la ciudad de Madrid y otros tres centros de tratamiento para mujeres víctimas de explotación sexual y en situación de prostitución. Pero su función y diseño son diferentes. Los centros de crisis están más pensados para intervenciones urgentes. Se trata de un modelo basado en el Centro Pilar Estébanez, impulsado por el Ayuntamiento durante el mandato de Manuela Carmena y pionero en España, que sirvió de modelo para los centros que luego impulsó el Ministerio de Igualdad. En ese momento, el Ayuntamiento abrió el centro para complementar al CIMASCAM, que ya estaba colapsado.

La Consejería afirma que no hay lista de espera

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, por su parte, afirman que la Comunidad "destina este año cerca de 40 millones para la Dirección General de la Mujer, que cuenta con la red de atención a mujeres más completa de España" y ponen en cuestión la respuesta oficial que el Gobierno regional dio por escrito a Lorena Morales: "Actualmente este recurso no tiene lista de espera para que las mujeres sean atendidas en ninguna de sus especialidades", señalan. Informan, además, de que con el nuevo pliego "se van a abonar los gastos de desplazamiento para aquellas mujeres sin recursos suficientes" y que los seis centros específicos para atender a mujeres víctimas de violencia sexual de la región "suman este año un presupuesto de 4,9 millones de euros".

Fuentes especializadas, en cambio, mencionan que la lista de espera "ha descendido" en 2025, pero no que haya desaparecido.