Ayuso pone en riesgo 2,5 millones del Pacto de Estado por financiar centros no especializados en violencia de género

La Comunidad de Madrid se arriesga a perder 2,56 millones de euros de fondos públicos destinados a combatir la violencia de género. Se trata de dinero del Pacto de Estado que el Ministerio de Igualdad considera que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha utilizado para financiar recursos no especializados en la atención a víctimas. Aunque -según ha podido saber Público- el Ejecutivo central ya ha transferido a Madrid los fondos correspondientes a 2025, esa cantidad podría descontarse en 2026 si la Comunidad no reorienta ese dinero a medidas que cumplan los requisitos del Pacto.  

El conflicto se centra en el proyecto 16 de 2024, que corresponde a los Servicios de Punto de Encuentro Familiar (PEF) gestionados a través de los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) de la Comunidad de Madrid. El Ejecutivo autonómico imputó a este proyecto 2.560.355,91 euros del Pacto de Estado, pero el Ministerio de Igualdad ha concluido, tras revisar la documentación, que estos centros no cumplen los requisitos de especialización exigidos para financiarse con fondos destinados a la lucha contra la violencia machista.

Lorena Morales, portavoz socialista de Mujer y secretaria de Igualdad del PSOE-M, ha explicado que el argumento en el que se apoya Igualdad es que los CAEF madrileños atienden a todo tipo de conflictos familiares y "no están concebidos como recursos específicos para mujeres víctimas de violencia de género", tal y como exige la medida 210 del Pacto de Estado. Esta medida solo permite financiar puntos de encuentro exclusivos y especializados en violencia de género o, en su defecto, servicios que acrediten de forma clara la existencia y aplicación de protocolos específicos diferenciados, algo que el departamento estatal considera que Madrid no ha demostrado.

Pese a todo, el Ministerio ha informado que ha procedido a abonar a la Comunidad de Madrid los fondos correspondientes a 2025, que ascienden a 17.082.584,93 euros. Si bien no sin a su vez notificar al Gobierno de Díaz Ayuso -tal y como han informado a Público fuentes del ministerio- que el departamento de Ana Redondo no acepta la financiación de los puntos de encuentro con este dinero. Por lo que los 2,56 millones imputados a ese proyecto pasan a considerarse un "remanente".

Ese remanente, explican las mismas fuentes, podrá utilizarse en otras actuaciones del Pacto de Estado que sí cumplan los criterios de financiación, siempre que se justifiquen correctamente. Pero si la Comunidad de Madrid no lo hace, esa cantidad será descontada en el cálculo final de los fondos que se transfieran en 2026.

Desde la oposición en la Asamblea de Madrid, Morales ha cargado duramente contra la actuación del Gobierno de Díaz Ayuso. "Los centros de apoyo a la familia nada tienen que ver con la violencia de género y encima se los entrega a entidades que son enemigas de las mujeres", ha criticado. Morales sostiene que esta situación "es una vergüenza que responde al negacionismo de Ayuso. El Ministerio de Igualdad les avisó de que estos centros no respondían a las medidas del Pacto y, sin embargo, Ayuso siguió con el pliego. Pues ahora que lo pague con sus recursos. En Madrid sufrimos el cuento de la criada que se ha montado su presidenta. Y ya estamos hartas".

La dirigente socialista asegura que el Ministerio de Igualdad avisó previamente de que estos centros no encajaban en las medidas del Pacto y critica que, aun así, el Ejecutivo regional siguiera adelante con el proyecto. La responsabilidad de evitar esa pérdida de cara a 2026 depende ahora de que la Comunidad de Madrid redirija ese monto a medidas que sí cumplan con la finalidad específica de los fondos.

La Consejería reconoce que son centros para familias

Tras ser consultada por Público, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha afirmado que el programa de atención a menores desarrollado en los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) ha sido financiado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género "desde 2018". Desde el Gobierno autonómico justifican que, si el Ejecutivo central decide retirar esa financiación "a estos menores y familias vulnerables", deberá "explicar por qué y si tiene justificación legal para apartarse de los precedentes que ese mismo Ministerio ha venido aceptando en años anteriores sin ningún requerimiento ni observación por su parte". Añade que considera la decisión "arbitraria" y asegura que "estudiará acciones legales". 

"Hay enorme riesgo de aplicación del falso SAP"

Bajo el punto de vista de Morales, este razonamiento de la Consejería "da la razón al Ministerio". "Los fondos del Pacto de Estado no son para familias vulnerables y niños", insiste la socialista, "son para víctimas de violencia de género, sus hijos e hijas. Para familias vulnerables y sus criaturas, hay otros ministerios, hay otras líneas de ayudas". Además, "esa decisión la han tomado los técnicos y las técnicas del Ministerio", afirma Morales: "Nunca se tenían que haber financiado con esos fondos ese tipo de centros".

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Desde la Delegación contra la Violencia de Género también se muestran contundentes: "Estos fondos son para violencia de género, no para financiar temas de familia en general. Si hubieran trabajado en un protocolo específico de violencia para los puntos de encuentro familiar o montaran uno específico, sí entrarían. Pero no han querido", arguyen. "Teniendo en cuenta que muchos casos de violencia se camuflan como conflictos familiares, es imprescindible invertir para que estos puntos tengan la formación y protocolos específicos. De hecho, en los puntos de encuentro familiar hay enorme riesgo de aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP)", concluyen las mismas fuentes.