Entrevista a Carlos Aránguez, abogado de Juana Rivas"La causa de Juana Rivas se estudiará en las facultades de Derecho, igual que la de Nevenka o Ana Orantes"

Hablar de Juana Rivas no es hablar de un caso judicial más. Es, como su propio abogado expresa en esta entrevista para Público, "una causa". Una batalla que lleva nueve años sin resolverse, generando un enorme sufrimiento a esta madre granadina y a sus hijos. Un proceso que, en su opinión, solo "demuestra el fracaso de la justicia en la intervención de la violencia de género". Rivas se convirtió en un símbolo de nuestra historia reciente cuando, en 2017, decidió que sus niños no regresaran junto a su expareja, Francesco Arcuri, condenado anteriormente por maltrato. Pero la historia comenzó mucho antes.

El error judicial que lo cambió todo

En mayo de 2016, Rivas llegó a España con los dos pequeños desde Italia, donde vivían, y acudió al servicio de atención a la mujer de Maracena (Granada). "Le atendió Francisca Granados e interpuso una denuncia muy clara por violencia de género en la Guardia Civil", explica Aránguez. Conviene recordar que, en ese momento, mientras "Arcuri disponía de medios económicos suficientes para contratar abogados de pago en Italia y en España, Juana tenía una abogada del turno de oficio que no actuó en una cuestión clave, y ahí es donde empezó a desmoronarse todo".

El gran error judicial que marcaría el proceso abierto hasta la actualidad se produjo cuando esa denuncia llegó desde la comisaría al Juzgado de Violencia contra la Mujer nº. 1 de Granada. Una vez allí, la magistrada Aurora Angulo decidió archivarla, guardarla en un cajón, sin darle traslado a Italia. "Eso fue un error gravísimo. El artículo 17 del Estatuto de la Víctima dice claramente que cuando una denuncia por violencia de género se presenta en un país de la UE, debe ser trasladada al país donde ocurrieron los hechos. Y esta jueza no lo hizo", señala Aránguez.

"La justicia tardía no es justicia"

Ese fallo permitió que Arcuri iniciara el procedimiento para reclamar a los menores por sustracción internacional: "Cuando el juez italiano recibió la petición, la Justicia española no tenía registrada ninguna denuncia contra él porque seguía guardada en el despacho de Angulo. Como consecuencia, el abogado del Estado español apoyó la restitución de los niños, y desde ese momento, el relato oficial fue que Juana era una secuestradora". El error no solo fue determinante, sino que tuvo un efecto en cadena: "Angulo no conocía la norma o decidió ignorarla. Lo más grave es que, 13 meses después, rectificó y la envió a Italia. Si su decisión inicial era correcta, ¿por qué la rectificó más de un año después? Eso es admitir implícitamente que cometió un error", insiste el letrado. Desde entonces, el caso Rivas ha estado atrapado en una maraña judicial entre España e Italia. "A finales de mayo, de hecho, harán nueve años desde que comenzó todo. Seneca decía que la justicia tardía no es justicia, y este caso es la mejor prueba de ello", reflexiona Aránguez.

En 2021, tras haber sido condenada a cinco años de prisión por sustracción de menores, Rivas obtuvo un indulto parcial que redujo su pena a un año y tres meses. Sin embargo, el juez Manuel Piñar le denegó la suspensión con argumentos insólitos, según Aránguez. "Dijo que Juana no había mostrado arrepentimiento, lo cual era falso porque constaba en su expediente penitenciario y lo había declarado en televisión. También afirmó que había reincidido. Pero lo más grave es que la acusó de permitir abusos sexuales a su hijo sin ninguna prueba", denuncia. Este último punto fue lo que llevó a Aránguez, que ya se encontraba llevando en caso pro bono (de manera gratuita al tratarse de un caso de interés público), a querellarse contra Piñar por prevaricación: "Decir que alguien ha permitido el abuso de su hijo sin pruebas es gravísimo. Es una difamación que no puede quedar impune".

"La violencia vicaria existe y los jueces no están actuando en consecuencia"

Si algo ha quedado claro con el paso de los años es que el caso Juana Rivas es un ejemplo evidente de violencia vicaria, aunque la Justicia se resista a reconocerlo: "Arcuri nunca dijo 'voy a luchar por mis hijos', siempre dijo 'te voy a quitar a tus hijos'. Su objetivo no era quedarse con ellos, sino hacerle daño a Juana", subraya Aránguez. La violencia vicaria es aquella en la que los vástagos se utilizan como arma para herir a las madres: "Hay agresores que, en lugar de matar a su expareja, matan a los hijos porque saben que así la condenan a una vida de sufrimiento. Si preguntas a cualquier madre qué prefiere, si que la golpeen a ella o a su hijo, la respuesta es obvia. Ese es el poder de la violencia vicaria".

El hijo mayor, Gabriel, ha hablado públicamente sobre los abusos sufridos por su padre, "ha grabado vídeos contando lo que vivió, pidiendo ayuda para su hermano". ¿Y qué ha hecho Arcuri? "Nada. No lo ha denunciado por difamación, porque sabe que si lo hace, todas las pruebas saldrán a la luz", sospecha el letrado. Es lo que suele pasar con la mayoría de casos de violencia machista que terminan archivados: no se resuelve sobreseimiento porque las denuncias sean "falsas", sino porque no hay suficientes indicios que permitan continuar con la investigación. Llaman la atención, como señala Aránguez, las pocas "contradenuncias" que existen por parte de los acusados en este tipo de contiendas, a quienes por lo que sea no les conviene que se reabra nada. "Si Juana es una farsante y realmente está mintiendo, pues que caiga todo el peso de la ley sobre ella. Y, si lleva la razón y desde el principio lo que existe es un gravísimo caso violencia de género y vicaria, lo que hay que hacer es actuar y responder. La violencia vicaria existe y los jueces no están actuando en consecuencia".

El punto de inflexión: una jueza escucha a Daniel

El punto de inflexión en el caso Rivas llegó el pasado 7 de enero, cuando Daniel, su hijo menor, vino a España y pidió ayuda una vez más. Llevaba prácticamente toda su vida viviendo en casa de su padre, yendo a declarar a los tribunales italianos con él de la mano. Entonces, "por primera vez en nueve años, un tribunal español le dio credibilidad", relata Aránguez. Ese día, una jueza de guardia en Málaga dictó una medida de protección para Daniel, reconociendo su miedo a volver con su padre: "Describió amenazas con un cuchillo y un pánico absoluto a regresar con Arcuri. La jueza no tuvo dudas. Le creyó y le protegió".

A partir de ese momento, el relato oficial de que Juana Rivas es una "manipuladora" ha comenzado a tambalearse: "Durante años han dicho que ella se inventó todo, pero ahora un niño de 11 años ha contado lo mismo que su hermano mayor. ¿También él miente?", cuestiona el abogado. Aunque el camino aún es largo, Aránguez cree que la Justicia empieza a inclinarse hacia el reconocimiento de la violencia vicaria: "El Tribunal Supremo italiano ya ha revocado la decisión de que Daniel se quede con su padre. Ahora queda ver cómo se dictará la nueva sentencia".

Con todo, el letrado advierte que hay un problema estructural más allá del caso Rivas. "La Justicia es el único servicio público sin un análisis externo de calidad. En sanidad, educación, seguridad, todo se revisa, menos en la justicia. ¿Cómo es posible que la tasa de errores judiciales graves sea estadísticamente menor que la de los pilotos de avión? No es creíble", denuncia. Para él, el caso Rivas marcará un antes y un después en la jurisprudencia. "Esta causa se estudiará en las facultades de Derecho, igual que la de Nevenka o Ana Orantes. Y espero que, cuando eso ocurra, sirva para que nunca más se repita una injusticia como esta", concluye.

A lo largo de este prolongado proceso judicial, las asesores de Rivas han enfrentado diversos ataques legales y mediáticos. Francisca Granados, asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena –desde el que se la viene prestando atención, asesoramiento y apoyo desde junio de 2016–, y Teresa Sanz, psicóloga del mismo centro, fueron investigadas en 2017 por su presunta implicación en la sustracción de los hijos de Rivas. Ambas profesionales negaron rotundamente cualquier participación en actividades ilícitas, afirmando que su labor se limitó a brindar apoyo y asesoramiento dentro de sus competencias como funcionarias dedicadas a la protección de víctimas de violencia de género. 

Carlos Aránguez, por su parte, también ha sufrido en primera persona una serie de represalias por su papel como defensa de Rivas. "El Colegio de Abogados de Granada me sancionó con 45 días de inhabilitación por decir públicamente que el juez Piñar era un prevaricador", relata. Esa sanción, sin embargo, fue anulada posteriormente por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, que revocó la decisión: "Es absurdo que el mismo colegio que no sancionó a la abogada de oficio que no recurrió el archivo inicial de la denuncia contra Arcuri, sí haya intentado castigarme a mí por denunciar una injusticia flagrante".

Pero las represalias no se quedaron ahí. El propio juez Piñar se querelló contra Aránguez por calumnias, y el abogado, en respuesta, fue cuando presentó la querella por prevaricación contra el magistrado. "Además, el juez se querelló también contra Juana Rivas, lo que es gravísimo, porque es reo en su juzgado. Es una situación que no debería permitirse en un Estado de derecho". La contienda judicial entre ambos sigue abierta, mientras Aránguez mantiene firme su postura: "No me van a callar. Sé que tengo razón y voy a seguir denunciando los errores judiciales de este caso hasta el final".

En cuanto al estado actual del proceso, la misma jueza que cometió ese gran error inicial y que recordaba Aránguez ha archivado de nuevo la denuncia por violencia vicaria internacional presentada por Rivas contra Arcuri. La magistrada ha argumentado que los hechos denunciados ya están siendo objeto de procedimientos judiciales en España e Italia, y que no se han aportado elementos nuevos que justifiquen una nueva causa. Ante esta decisión, el equipo legal de Rivas ha anunciado su intención de recurrir el archivo ante la Audiencia Provincial de Granada y, de ser necesario, acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Existe una realidad criminológica que es la de padres que usan a sus hijos para hacer daño a sus exparejas. Si con este caso no logramos que se siente jurisprudencia sobre la violencia vicaria, lo intentaremos con otros. Vamos a llegar hasta el final", termina valorando el letrado.