El Congreso pone a Vox un altavoz para que difunda el bulo de las "denuncias falsas" con más de 1.300 mujeres asesinadas desde 2003

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género informaba este miércoles de que los equipos especializados estaban recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Granada. Sería, como todo apunta, la víctima 1.319 desde 2003, cuando se empezaron a contabilizar las asesinadas por crímenes machistas. Solo un día antes, este martes, se conoció que el Congreso acogerá unas jornadas organizadas por Vox y la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID) sobre lo que desde los sectores negacionistas de la violencia machista llaman "ideología de género". "Denuncias falsas" o "alienación parental" son algunas especulaciones sobre las cuales se discurrirá en la Sala Ernest Lluch de la Cámara Baja. La formación de ultraderecha ha encontrado en estas ideas un eje discursivo para cuestionar las políticas de igualdad que protegen a las mujeres que sufren maltrato, pese a que la sangrante evidencia cotidiana muestra que el falso testimonio es marginal en términos, y mucho menos existe un "problema estructural" en esta materia.  

El acto se celebrará con el sí del PP y del PSOE. Desde las filas socialistas, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha afirmado que es la Mesa del Congreso la encargada de valorar la celebración de este tipo de actos. "Los grupos parlamentarios tienen derecho a hacer actos y utilizar las instalaciones del Congreso, siempre y cuando no contravengan la Constitución y no generen ni difundan discursos de odio", ha destacado en declaraciones a los medios de comunicación. Por su parte, fuentes de la Presidencia del Congreso que lidera Francina Armengol justifican la decisión de la Mesa del Congreso al tratarse de "una tramitación administrativa del derecho reglado que tiene todo grupo parlamentario a usar las instalaciones de la Cámara para la que han sido elegidos". 

Las mismas fuentes añaden que "salvo flagrante ataque a la Constitución, los letrados no pueden avalar ninguna restricción de los derechos y libertades de los grupos políticos". Por eso, añaden, "con carácter general siempre se autorizan los actos avalados por grupos parlamentarios". Desde el PSOE se remiten a estas explicaciones, según informa Miguel Muñoz.  

Mientras que en Sumar mantienen "la misma postura que en la votación, que es rechazarlo". "Es el colofón al negacionismo de la violencia de género, pero al final es una votación en la Mesa", lamentan, atendiendo a preguntas de José Carmona.

El Ministerio de Igualdad ha advertido, en declaraciones para Público, que se mantendrán "vigilantes sobre lo que se diga en unas jornadas con las que no tenemos nada que ver y que están impulsadas por organizaciones negacionistas". La ministra Ana Redondo, además, ha expresado en X (antes Twitter) que si bien  en el Congreso "caben todas las voces", dado que "es sede de la soberanía popular", "nos opondremos, como siempre, a que se den por sentados bulos, porque 1.318 mujeres han sido asesinadas por hombres machistas. Esa es la VERDAD. Nos queremos vivas".

Más allá de las justificaciones procedimentales o burocráticas que se puedan esgrimir, en todo caso, la cuestión de fondo es: ¿qué dicen los datos sobre las denuncias falsas? ¿Qué impacto tienen los discursos que insisten en su supuesta proliferación? Y, sobre todo, ¿qué consecuencias pueden llegar a tener estas narrativas en la vida de las mujeres víctimas y en su confianza a la hora de denunciar?

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial publica anualmente estudios que permiten seguir la evolución de este tipo de hostigamiento continuado hacia la integridad de miles de mujeres. Según su último informe, correspondiente a datos de 2023, se registraron cerca de 200.000 denuncias por violencia de género en todo el Estado. De ellas, más del 70% llegaron a los juzgados a través de atestados policiales a partir de la denuncia de la propia víctima.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado, presentada en septiembre de 2024, aporta otra idea bastante esclarecedora. Esto es, que en 2023 apenas se incoaron 12 causas por denuncias falsas en materia de violencia de género, una cifra ridícula en comparación con el volumen total de procedimientos abiertos. De esas causas, además, muchas acaban archivadas por falta de pruebas, lo que significa que las condenas efectivas son todavía menores. "El promedio entre los años 2009 y 2023 es del 0,0084%. Si junto a las anteriores se computan las causas que están en trámite y que podrían terminar con un pronunciamiento condenatorio el porcentaje total alcanzaría al 0,00945%", establece el portal de la Fiscalía.

En paralelo, los juzgados de violencia sobre la mujer dictaron en 2023 sentencias condenatorias en el 92% de los casos enjuiciados. Por lo que, lejos de apuntar a un abuso del sistema, los datos reflejan que, cuando los procedimientos llegan a juicio después de haber presentado una enorme cantidad pruebas, por otra parte, muy difíciles de demostrar -dado que la prueba principal es el testimonio de la propia victima-, la constatación de la violencia es abrumadora. Otra cosa es que muchos procedimientos se archiven precisamente por estas dificultades probatorias a las cuales se ha hecho mención. Pero un archivo o el hecho de que no haya suficientes indicios para seguir investigando no significa que una denuncia sea falsa. Determina la constatación de que el proceso penal no ha podido reunir elementos suficientes para condenar.

El estudio del catedrático de Derecho Penal José Antonio Ramos Vázquez, publicado en 2021 en la Revista de Ciencia Penal y Criminología, es especialmente ilustrativo. Tras analizar más de doscientas sentencias condenatorias por el delito de denuncia falsa (artículo 456 del Código Penal), Ramos concluye que en España no existe un problema estructural que se relacione con este asunto. Recoge, de hecho, cómo la mayor parte de los supuestos enjuiciados ni siquiera se relacionan con violencia de género, sino con otros delitos como robos o estafas.

El investigador desmonta, además, uno de los argumentos más repetidos por quienes sostienen que hay una epidemia de denuncias falsas, que es la baja tasa de condenas. A menudo se afirma que si solo un porcentaje de las denuncias acaban en sentencia condenatoria, el resto serían falsas. Pero Ramos Vázquez señala que esa lectura puede incurrir en un error metodológico, pues las estadísticas incluyen sobreseimientos provisionales, inhibiciones a otros juzgados, acumulaciones de causas y archivos por falta de pruebas, entre otras formas de terminación. Como se ha mencionado, cuando los casos llegan a juicio las condenas se sitúan en niveles muy altos. Lo que habría, en suma, son dificultades probatorias propias de delitos cometidos en la intimidad, no un problema de falsedad generalizada.

Si los datos son claros, ¿por qué el discurso sobre denuncias falsas se mantiene?

El propio Fiscalía General del Estado ha alertado de este riesgo en sus memorias anuales. El discurso que cuestiona sistemáticamente a las mujeres que denuncian genera un efecto desalentador, dice. Muchas víctimas temen no ser creídas o ser estigmatizadas. A esto se suma que, según los datos de 2023, más de 18.000 mujeres se acogieron a la dispensa de declarar en los juzgados, un indicador de la enorme presión y miedo que atraviesan los procesos judiciales. Expertas en género subrayan, asimismo, que, al instalar la sospecha permanente sobre la credibilidad de las víctimas, se consolida una segunda forma de violencia, que es la institucional. Un mensaje implícito que vuelve a colocar la carga sobre las mujeres, obligándolas a demostrar constantemente que no mienten en lugar de generar espacios que pongan fin a la impunidad misógina.