El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado al Ministerio del Interior que garantice un mecanismo para proteger los datos de la localización de las víctimas de violencia de género desde el momento de la denuncia, para evitar que los agresores puedan localizarlas a través de los atestados policiales.

En su informe anual relativo a 2024, la institución expone el caso de una víctima cuyos datos personales no fueron debidamente ocultados en el atestado policial enviado al juzgado, lo que permitió al agresor conocer su ubicación.

A raíz de esta queja, el Defensor se puso en contacto con la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior para solicitarle que ponga en marcha un "procedimiento" para que las fuerzas y cuerpos de seguridad comprueben desde el momento de la denuncia si la mujer denunciante desea mantener la privacidad de sus datos personales y así evitar que la difusión de esta información la pueda poner en peligro.

Se debe garantizar la seguridad de la víctima 

La ocultación del domicilio o la localización de la víctima debe producirse, dice el Defensor, desde el momento en que ésta pide ayuda. También declara que se ha de garantizar su intimidad "independientemente del nivel de riesgo que (el sistema policial) VioGén establezca o de que haya o no vista judicial".

Propone el Defensor que se pregunte siempre a las víctimas si quieren mantener ocultos sus datos personales en la denuncia y en los atestados oficiales, a fin de que el agresor no pueda acceder a ellos. Hasta ahora, solo se oculta la ubicación cuando la víctima lo solicita expresamente o por indicación de su abogado. Tampoco los agentes tienen la obligación de informarlas de este derecho.

El Defensor recomienda que la obligación de informar a la víctima de esta posibilidad se introduzca en los protocolos policiales y que los atestados policiales incluyan una leyenda donde se informe al juzgado de la voluntad de la mujer de ejercer su derecho a ocultar su paradero.

En línea con estas recomendaciones, el Defensor también se ha dirigido al Consejo General de la Abogacía Española para que los letrados del turno de oficio ayuden a sus representadas a ejercer este derecho.