Los "numerosos" errores en el funcionamiento de los sistemas tecnológicos de geoposicionamiento para víctimas de violencia machista han hecho saltar las alarmas entre las trabajadoras del Centro Cometa. Es en este espacio, dependiente del Ministerio de Igualdad, en el que se opera el sistema de protección telemático para víctimas con una orden de alejamiento por violencia de género o violencia sexual. Las alertas por entrada en zonas de exclusión son gestionadas ahí, de manera que las pulseras digitales y dispositivos móviles que permiten localizar en tiempo real a los maltratadores puedan brindar protección y seguridad a las víctimas en todo momento. No obstante, el sistema presenta fallos en toda España, tal y como ha denunciado el personal del centro.

Las carencias en el funcionamiento de los dispositivos han generado múltiples problemas: desde la congelación de la ubicación de los agresores durante horas, incluso días, impidiendo rastrear sus movimientos, hasta imprecisiones geográficas a causa de errores dentro de los GPS.

También se han registrado fallos que han posibilitado que los agresores puedan quitarse sus pulseras y falsear su ubicación. Si un maltratador decide, por ejemplo, apagar su dispositivo, el Centro Cometa perdería su posición y él podría acercarse a su víctima, quebrantando la orden de alejamiento.

Además, comentan con preocupación que es frecuente que un usuario sufra una desvinculación de su dispositivo por errores en la comunicación entre las bases de datos. Se han registrado casos en los que víctimas han recibido avisos alertando de la cercanía de sus maltratadores por errores del propio sistema: "Estamos hablando de que algunos señores se pasan días con la pulsera rota. Víctimas que no reciben avisos sonoros de los dispositivos, ven a sus agresores y nadie les avisa. Pasa constantemente y es una revictimización en toda regla", cuenta a este medio una trabajadora del centro, cuyo nombre ha preferido no desvelar para evitar posibles represalias.

Precariedad laboral y protocolos no adaptados

La escasa calidad de los materiales con los que han sido fabricadas las pulseras ha provocado que en numerosas ocasiones estas se rompieran. Sin embargo, no sólo los dispositivos están dando problemas. Las condiciones de las trabajadoras y los protocolos del centro también hacen aguas, según denuncian las trabajadoras. 

"La falta de personal es acuciante, sobre todo en equipos de campo, que son al final los que entregan dispositivos y pulseras. Las averías de los dispositivos hay veces que no se han resuelto en días", protestan desde el servicio. Incluso, inciden: "A diario se reciben llamadas de víctimas de violencia que denuncian haber perdido juicios porque los informes que enviamos sobre las posiciones no están bien", apunta la trabajadora.

La precariedad dentro del centro, denuncian las propias especialistas, hunde sus raíces en la adjudicación del contrato del servicio, mediante concurso público, a dos empresas privadas en marzo de este año: Securitas y Vodafone. Ambas han declinado hacer declaraciones a este medio sobre su actividad.

"No es algo que solamente observemos nosotros, sino que es algo que a diario podemos confirmar, porque tanto las llamadas que recibimos de ellas, como de fuerzas y cuerpos de seguridad y de juzgados, apuntan todo el rato a las enormes deficiencias del servicio", confiesa la especialista del centro.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género efectuó finalmente la adjudicación a pesar de que las empresas encargadas de la gestión no cumplían los estándares de calidad necesarios y ofrecían unas condiciones "más que lamentables" en los servicios, alegan las trabajadoras. En el momento de la contratación se celebró que con dicho cambio se conseguiría una menor estigmatización de las víctimas; que su servicio iba a ofrecer más duración de batería, más almacenamiento de datos y resistencia de los dispositivos a soportar condiciones extremas. Nada más lejos de la realidad, a la luz de lo que denuncian.

La precariedad dentro del centro hunde sus raíces en la adjudicación del contrato a dos empresas privadas

Este medio ha tenido acceso al informe técnico de ponderación de criterios de adjudicación para contratar el servicio técnico de Vodafone-Securitas, procedente de la Delegación del Gobierno contra la violencia de género. En él se expone la valoración del plan de transición de la empresa, así como la calidad de sus servicios. En el documento se hace referencia a "un diseño deficiente, una planificación poco detallada y una asignación de recursos deficiente. Además, es poco preciso, el detalle no es lo suficientemente extenso, aunque presenta una coherencia aceptable". 

El informe revela también que la empresa "presenta un apartado con un plan de contingencias que no es suficientemente completo, y el calendario con tareas, hitos, tiempo y la previsión de incidencias no presenta un grado de coherencia adecuado para la complejidad del plan necesario para acometer las tareas". 

La nota que recibió en base a esa y otras valoraciones en relación al plan de transición fue de 3,6 puntos sobre 10, mientras que en el servicio técnico llegó al 6,5. Sobre las condiciones técnicas, las trabajadoras del centro aseguran que estas solo se dieron "sobre el papel" ya que la mayoría de los criterios específicos no se cumplen a día de hoy. A pesar de disponer de unas puntuaciones bajas, se le adjudicó el contrato.

Público ha estado en contacto con el Ministerio de Igualdad para conocer su versión de los hechos. Fuentes de este departamento alegan que cada vez son menos los fallos producidos dentro del sistema y optan por referirse a "ajustes" en lugar de "errores" en el funcionamiento de los dispositivos a raíz del cambio de empresa adjudicataria. 

"No consta ningún cambio, al contrario, desde el inicio del servicio este año, y tras las periódicas actualizaciones y mejoras que se han ido realizando en el proceso de traspaso del servicio y mejora del sistema, dicho servicio se ha ido optimizando tanto en relación a la precisión de los dispositivos como al funcionamiento en sí", sostienen desde esta cartera.

Inciden, además, en que "en este primer año de funcionamiento del nuevo sistema es fundamental hacer este seguimiento de cerca e ir realizando los ajustes y mejoras necesarias tal como se está haciendo".

Estas informaciones, tal y como aseguran dichas fuentes de Igualdad, se basan en conversaciones mantenidas en los últimos días con el propio Centro Cometa en relación a la calidad de sus servicios. Al tratarse de un centro técnico, desde Igualdad han recalcado a Público la imposibilidad de que este medio pueda hablar directamente con la empresa. No obstante, las trabajadoras niegan tales afirmaciones e insisten en la gravedad de las incidencias en los dispositivos de seguimiento, no sólo en los primeros meses de la empresa de seguridad, sino hasta la actual fecha.

Fuentes del ministerio alegan que cada vez son menos los fallos y optan por referirse a "ajustes"

Este año se han efectuado al menos 20.511 órdenes de protección (el 95% son presentadas directamente por las víctimas y el 4% las promueve el Ministerio Fiscal). A pesar de ello, el sistema no parece adecuarse a la necesidad de amparo de muchas mujeres en situaciones límite.

Actualmente hay 4.779 dispositivos electrónicos activos, un 5% más que en 2023, aunque desde el Centro alegan que no son suficientes y critican su baja calidad. De hecho, aseguran fuentes del centro: "Los dispositivos estaban valorados en su momento en el anterior servicio en torno a 1.500 euros. Los de ahora son teléfonos móviles reacondicionados de fabricación barata que puedes encontrar por menos de 150 euros".

En relación a las pulseras, denuncian que "antes no había que cargarlas. Solamente tenías que obligar a una persona a cargar un dispositivo, lo cual está bastante bien para alguien que está poco acostumbrado a cumplir la ley. No tienes que pedir que cargue el dispositivo y la pulsera. Si no carga una de las dos cosas, le tienes incomunicado, con lo cual aumentas el riesgo", explican. 

A través de un comunicado, las trabajadoras del centro han llegado a alertar de casos de víctimas que no recibieron ninguna señal cuando su agresor traspasó el espacio de alejamiento marcado por el juzgado, "por lo que cualquiera de esos agresores podría haberse acercado a su víctima sin que la alarma llegara a saltar y los agentes policiales asignados a su protección pudieran ser alertados".

Frustradas y agotadas por verse incapaces de ejercer su labor con unos recursos insuficientes mientras presencian cada día la angustia creciente de las víctimas, las trabajadoras del Centro Cometa resumen este caos en "poco presupuesto, mucha precarización del sector y muy poco interés en proteger a las víctimas". Quienes sufren en sus carnes la carencia de medidas efectivas de protección son precisamente las supervivientes, quienes ahora reniegan del sistema de seguimiento por los posibles errores que puedan presentar. Tan solo en la Comunidad de Madrid se han emitido 3.035 órdenes de protección a mujeres este 2024.

A día de hoy conviven dos tipos de víctimas, relatan las empleadas: "las que ya venían del servicio anterior, con lo cual conocen una forma de funcionar que les hacía sentir protegidas, y las que vienen de este sistema, que no conocen otra forma y que solo saben que esto no está bien, que no está funcionando como debería".

La revictimización diaria llega como consecuencia de los avisos constantes que emite el dispositivo. La frecuencia de los errores ha mermado la confianza en el sistema hasta el punto que un número creciente de víctimas rechaza tener consigo los dispositivos o los apaga voluntariamente, incluso con la medida de protección activa. El resultado de esto se traduce en cientos de dispositivos apagados, ya sea por decisión de las víctimas, quienes prefieren no llevarlos, o debido a fallos que acaban beneficiando a los agresores.

Falta de transparencia

Los sistemas de control a distancia para agresores llevan utilizándose en España desde 2009, pero no fue hasta este año cuando empezaron a usarse también para las víctimas de violencia sexual, en el marco de la ley del solo sí es sí. 

Como refleja el Portal Estadístico del Ministerio de Igualdad, actualmente existen alrededor de 100.000 casos por violencia de género que están en seguimiento activo a través del sistema Viogén, un 20% más que en 2023 y un 43% más que en 2021, y 60.000 de ellos requieren protección policial. Tres de cada cinco casos requieren protección policial, una cifra que también ha aumentado un 18% respecto a 2023. 

Aunque en los casos más extremos, los fallos en los dispositivos pueden resultar en agresiones hacia las víctimas, las responsabilidades acaban casi siempre diluyéndose: "Se busca la forma de decir que ella no tenía el dispositivo cargado o que él no había cargado el dispositivo para justificar que no saltase el aviso. Si el sistema fuera mucho más claro, si la herramienta fuera más potente, sería muy fácil depurar responsabilidades, pero tampoco hay interés. Hay, en general, una enorme falta de transparencia, de responsabilidad, de saber exactamente a quién le pertenece la responsabilidad de cada error", remarcan las trabajadoras indignadas.