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Nadie quiere gestionar las pulseras de control a maltratadores  

El concurso del servicio ha quedado desierto porque la dotación presupuestaria del Ministerio de Sanidad es insuficiente para asumir los requisitos que impone el pliego de condiciones, por ejemplo, renovar 9.000 pulseras obsoletas de 2009. 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, comparece ante la Comisión de Igualdad. /EFE (Ballesteros)

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La falta de presupuesto está poniendo en riesgo la financiación del servicio que controla las pulseras digitales a los maltratadores que tienen orden de alejamiento. Ninguna empresa se ha presentado al concurso de renovación de este sistema porque la dotación económica es insuficiente para poder cumplir los requisitos que impone el nuevo pliego de condiciones, según han informado este jueves El País y la Cadena Ser.

El consejo de Ministros aprobó el pasado septiembre un nuevo pliego para adjudicar el servicio del llamado centro Cometa con una oferta de 12.478.191,36 euros por tres años que, aunque supone un aumento del 30%, resulta insuficiente porque, con ese dinero, se tienen que renovar 3.000 pulseras de 2009 y mantener el servicio.

El departamento dirigido por Dolors Montserrat, informa El País, está trabajando en la redacción de unos nuevos pliegos sin aclarar qué cambios va a incluir para evitar que el concurso vuelva a quedar desierto.

El dispositivo incluye una pulsera para el maltratador —Sanidad controla a más de 900 a través de este sistema— y un GPS para la víctima. Si el acosador se acerca más de lo que establezca la orden de alejamiento fijada por un juez, se activa la alerta y desde el centro Cometa avisan a la víctima y a las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, según los empleados del servicio, más del 70% de las alertas que saltan a sus ordenadores se deben a fallos técnicos o a falta de cobertura, detalla El País. El PSOE ha denunciado que la tecnología de estas pulseras está obsoleta después de casi una década de uso y, de hecho, la diputada socialista Ángeles Álvarez ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para pedir explicaciones sobre este asunto.

"Ante un aumento de la demanda del servicio no se ha hecho una previsión presupuestaria y técnica para dar una respuesta eficiente", ha declarado en la Ser tras reclamar los 200 millones comprometidos para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que, según ella, habrían permitido licitar "con recursos adecuados".


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