El triple feminicidio de Miranda de Ebro deja en evidencia los pactos negacionistas de PP y Vox en Castilla y León

El triple feminicidio de Miranda de Ebro (Burgos) ha reabierto varios debates. Por un lado, el de la reincidencia de agresores con antecedentes graves. Por otro, el de los mecanismos de protección para las mujeres y, ya aterrizando en el marco de Castilla y León, el de las responsabilidades políticas y sociales, sobre todo de quienes han normalizado el discurso negacionista sobre las violencias machistas. 

El hombre detenido por el incendio provocado con el que ha matado a su expareja, la madre de ella y una vecina, tenía antecedentes por violencia contra las mujeres: en 2015 raptó y abusó de una niña, y en 2023 fue condenado por retener, encadenar y agredir a otra mujer. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha acudido este jueves a un minuto de silencio convocado en Miranda de Ebro, ha lamentado estos asesinatos y ha considerado que "suponen un salto cualitativo en el terrorismo machista". Redondo ha enmarcado este crimen en el clima político e ideológico generado por Vox, y ha recordado que Castilla y León sigue sin una legislación autonómica actualizada específica en esta materia. 

El caso ha irrumpido en plena campaña electoral autonómica en Castilla y León. Unos comicios que tendrán lugar este domingo y en los que se espera que el Partido Popular alcance el 31,43% de los votos y Vox llegue al 20%, según la encuesta de 40db para El País. Es posible, por lo tanto, que el pacto de Alfonso Fernández Mañueco con la extrema derecha de 2022 se vuelva a reeditar en la próxima legislatura y, con ello, la asunción por parte del PP de los marcos discursivos impulsados por la extrema derecha. También, de nuevo, su negacionismo de la violencia machista.

15 años sin actualizar la ley de violencia de género

En marzo de 2022, PP y Vox cerraron en Castilla y León un acuerdo de gobierno de 11 ejes y 32 acciones programáticas. En ese pacto, Mañueco aceptó impulsar una "ley de violencia intrafamiliar", el concepto con el que Vox trataba de sustituir o diluir el reconocimiento específico de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. 

El acuerdo asumido por el PP convertía a Castilla y León en la primera comunidad llamada a tramitar esa ley y recogía expresamente ese compromiso en el punto diez de las acciones pactadas. Juan García-Gallardo, candidato de Vox que sería nombrado vicepresidente de la Junta, celebró el acuerdo afirmando que iban a "tratar a las víctimas por igual, sean hombres o mujeres".

En abril de 2022, el líder del PP en Castilla y León se comprometía a acelerar la tramitación de la ley de violencia intrafamiliar y de la llamada "ley de concordia" como parte del acuerdo definitivo con Vox. En concreto, antes del 31 de julio. En paralelo, la ley de violencia de género autonómica llevaba sin actualizarse desde que fuera publicada en diciembre de 2010. Lo recordaba este jueves el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, en la Cadena SER. Una cuestión en la que ha abundado en La Hora de la 1, donde ha insistido en que "el negacionismo mata". Cabe recordar que, en junio de 2022, los consejeros de Vox junto con el vicepresidente de la Junta de Castilla y León convocaron un minuto de silencio por el fallecimiento de un hombre de forma violenta, presuntamente, a manos de su pareja en la localidad leonesa de Villagarcía de Vega. Todo ello mientras se ausentaban de otras convocatorias en memoria de mujeres asesinadas en feminicidios.

El partido de extrema derecha había convertido la impugnación del marco feminista en una condición de gobierno, y el PP había decidido asumir ese precio para mantenerse en el poder. La evolución del Gobierno de coalición lo confirmó todo. En octubre de 2022, García-Gallardo calificaba la ley de violencia de género como una "anomalía en el mundo civilizado" y afirmaba que era utilizada por "mujeres desalmadas" en procesos de divorcio. 

En noviembre de ese mismo año, Vox, al frente de la Consejería de Empleo, había eliminado las bonificaciones a empresas por contratar a víctimas de violencia machista, había suprimido la contratación de agentes de igualdad prevista para municipios de más de 20.000 habitantes dentro de los acuerdos del Diálogo Social y había hecho desaparecer una partida de 260.000 euros destinada a mujeres rurales, tal y como denunciaron desde sindicatos CCOO y UGT. Mañueco no pactó con un partido cuya posición sobre la violencia machista desconociera o pudiera descubrir después; lo hizo cuando Vox ya venía defendiendo la "violencia intrafamiliar" como sustituto conceptual de la violencia de género.

Solo en 2025, ya fuera del Gobierno de coalición con Vox, la Junta movió ficha para intentar actualizar la normativa y retomó el proyecto iniciado durante la legislatura que le precedía, cuando compartió gobierno con Ciudadanos. En enero del año pasado, el Consejo de Gobierno aprobó el anteproyecto de una nueva Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género. La propia Junta destacó entonces que el texto incorporaba nuevas formas de violencia contra las mujeres, entre ellas la digital y tecnológica, la vicaria y la de segundo orden, además de reforzar la red de atención con los centros de crisis para víctimas de violencia sexual. 

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Presentado así, el nuevo texto suponía reconocer precisamente la necesidad de adaptar la ley de 2010 a realidades que durante años habían quedado fuera o insuficientemente recogidas. Pero ese giro llegó tarde y tampoco culminó. En diciembre de 2025, horas antes del debate parlamentario, la Junta anunció la retirada del proyecto de ley alegando la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el PSOE. Ese fracaso legislativo resulta hoy especialmente elocuente. La actualización legal se impulsó después de un largo período en el que el PP había permitido que la extrema derecha desplazara el marco y definiera la agenda pública contra la igualdad y la lucha frente a las violencias machistas. 

Domingo electoral, la posibilidad de "cambiar el rumbo"

La coalición formada por Izquierda Unida, Sumar y Verdes Equo ha condenado este miércoles el asesinato machista en Miranda de Ebro y ha señalado esto mismo. "Pocos días después de la conmemoración del 8 de marzo, cuando las calles de la comunidad autónoma se llenaron de reivindicación feminista, los hechos vuelven a evidenciar cómo el machismo sigue golpeando con la máxima violencia, arrebatando la vida a tres mujeres", ha afirmado Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta. 

Las formaciones han reprochado que las políticas negacionistas impulsadas por el Gobierno de la Junta de Castilla y León contribuyen, a su juicio, a generar un clima que minimiza la gravedad de la violencia machista: "El próximo 15 de marzo la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo de la comunidad y de expresar, también con su voto, que quienes niegan la violencia machista no tienen cabida en la sociedad", ha añadido Gascón. 

Por su parte, el candidato de Podemos/Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha expresado en el mismo sentido su condena a "los terribles crímenes machistas que han tenido lugar en Miranda de Ebro. Es imprescindible erradicar las violencias machistas. También queremos denunciar que el negacionismo de la violencia machista, que ha estado presente en el gobierno de Mañueco en esta legislatura, mata".