El sistema de control telemático mediante pulseras para agresores con órdenes de alejamiento es una de las herramientas que existen en nuestro país para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual. Si bien es cierto que "los dispositivos no son la única medida de protección, no todas las órdenes de alejamiento conllevan la instalación de Cometa", como recordó este jueves la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, durante su comparecencia en el Congreso, la confianza en este mecanismo ha sido "creciente". Así lo muestra "la evolución del número de víctimas protegidas por este recurso": si en 2016 apenas había 1.000 parejas monitorizadas, en 2025 constan cerca de 5.000 mujeres. 

Durante la última semana, sin embargo, este mecanismo ha quedado envuelto bajo una intensa crisis que ha derivado en el cuestionamiento de su eficiencia y fiabilidad. Un aprieto sin precedentes que inicialmente generó muchas dudas y que la derecha y la extrema derecha (negacionista de la violencia machista) no han dudado en aprovechar.

El detonante de todo el revuelo está en la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2025, donde se recoge que el cambio de proveedor en la gestión de las pulseras provocó un vacío informativo que causó la pérdida de este elemento probatorio tan útil para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento. 

Extrabajadoras del Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (Cometa) han afirmado que también se detectaron fallos técnicos en los dispositivos, como errores en la geolocalización, pulseras cuya señal se quedaba congelada porque se producía reinicios forzados que se supone que están prohibidos o casos en los que agresores podían manipular las pulseras.

¿Cuántas mujeres se vieron (o se están viendo) afectadas por estas incidencias? Si nos remitimos a la migración, se desconoce. El Ministerio de Igualdad ha detallado a Público que ha pedido "explicaciones" tanto al Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como a las empresas adjudicatarias. Por el momento, sin éxito alguno. De hecho, la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer emitió un comunicado reduciendo los problemas a casos puntuales, en sintonía con la explicación que ofreció el departamento de Ana Redondo y rebajando el tono de la Memoria, donde se hablaba incluso de absoluciones de maltratadores. Redondo ha declarado que el fallo afectó a menos del 1% de los casos, sin precisar ninguna cifra en concreto. El CGPJ, por su parte, ha comunicado que hizo llegar a Igualdad al menos tres casos "informando de diversas incidencias" relacionadas con Cometa entre enero y febrero del año pasado, y ha señalado que jueces de Audiencias Provinciales también advirtieron la situación de precariedad que sobrevolaba a la sala.

Lo que es incontestable, en cualquier caso, es que nadie había rendido cuentas sobre el error en la migración que, ahora sabemos, tuvo en vilo durante varios meses a muchas víctimas. Tampoco se había puesto el foco en las insuficiencias en términos de personal y recursos del centro. 

El sistema consta de tres elementos principales: una pulsera transmisora, un teléfono inteligente que permite la geolocalización y comunicación directa con las autoridades, y el Centro de Control de Medidas Telemáticas de Alejamiento (COMETA), encargado de monitorizar la información y coordinar actuaciones con juzgados, Fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad. Cada set de control consta de dos smartphones y una pulsera transmisora, con un precio fijado en torno a 700 euros. Es falso, según ha aclarado Igualdad, que estas tecnologías se hayan adquirido en Aliexpress, aunque en dicha plataforma se puedan vender modelos similares: estos "han sido diseñados específicamente para este recurso". Se trata de un servicio público cuya gestión está externalizada y, desde 2023, gestionada por la UTE Vodafone-Securitas. Donde Vodafone -ha explicado la entidad- se ocupa de la parte tecnológica y Securitas de la operatividad de la sala.

Fórmula que ha sido blanco de buena parte de las críticas estos días, sobre todo aquellas esgrimidas por personas que trabajan y/o han formado parte del entorno de Cometa. "No somos capaces de entender cómo un servicio que forman tan pocas personas no ha sido o pueda ser absorbido por la Administración Pública, al menos para controlar la parte operativa y tener contacto directo con la recopilación, tratamiento y gestión de los datos y de la información de forma directa, sin que dicho traslado de información esté viciado por intereses privados", han cuestionado un grupo de trabajadoras de Cometa a través de un comunicado difundido esta semana. Aunque Igualdad ha confirmado que los datos y los dispositivos ya pertenecen al Ministerio a diferencia de antes, también ha reconocido que por "falta de medios" el servicio no puede serlo al 100%. Al menos, todavía. La delegada del Gobierno, eso sí, consciente de las dificultades que ha provocado la mediación de empresas privadas, insistió en su comparecencia el jueves en que el objetivo era caminar hacia ello y no depender, así, de los intereses empresariales. En palabras de las trabajadoras, no depender de compañías "cuyo objetivo es maximizar su margen de beneficios".

No en vano, fuentes conocedoras del último proceso de adjudicación confesaron en conversación con Público que "Telefónica [anterior entidad gestora] se resistió" al plan de transición contemplado para que tuviera lugar el cambio a Vodafone-Securitas. La pérdida temporal de los datos se inscribiría, según estas fuentes, en un juego de poder empresarial. Un conflicto que, por otra parte, seguramente se mantenga candente, pues Igualdad ya ha anunciado la próxima licitación de cara a 2026, tal y como estaba contemplado en el portal de contratación. En Telefónica, en cambio, niegan que se hubieran resistido a colaborar y afirman haber estado "siempre" a disposición "tanto del Ministerio como de Vodafone durante todo el proceso de transición". La realidad es que, pese a los escollos producidos, ninguna de las dos compañías ha sido sancionada hasta la fecha. Ni Telefónica, que ya ha finalizado su contrato, ni Vodafone-Securitas. ¿Contempla Igualdad esta opción? Desde el entorno de Redondo no se cierran la puerta a hacerlo, aunque recuerdan las "limitaciones propias de las contrataciones públicas".

Al margen del problema con la transición, Público ha podido acceder estos días una serie de correos que están circulando entre grupos de trabajadoras y extrabajadoras donde se ponen de relieve algunas carencias de Cometa. Así, en un correo del 9 de mayo de 2024, se puede leer cómo se reconoce que en varias zonas la cobertura era en algunos casos límite: en Navarra, La Rioja y Álava "un único técnico" debía atender tres provincias; en La Palma, la isla contaba con "un único técnico siempre 24 horas incluyendo fines de semana"; y en Castilla-La Mancha había solo siete técnicos para cuatro provincias, con tres en turno simultáneo. Preguntadas por esto, desde Igualdad responden que el departamento trabaja a diario para que "cada vez Cometa sea un servicio que funcione mejor". A su vez, insisten en que "no es ninguna novedad" que se produzcan "fallos técnicos": "Siempre ha habido y habrá fallos técnicos que se pueden mejorar, porque la tecnología por suerte avanza", apelan. Cuenta de ello da el hecho de que la Fiscalía del Estado, nada más y nada menos, haya alertado hasta en 13 ocasiones desde 2009 sobre incidencias y deficiencias en el sistema de pulseras. Es decir, que estos errores funcionales también se producían durante los gobiernos de Mariano Rajoy, así como con el anterior gabinete de Igualdad dirigido por Irene Montero.

Securitas, por su lado, afirma haber "reforzado el equipo de la Sala Cometa en un 31% respecto al punto de partida del nuevo contrato, y casi duplicado el número de empleados que se solicitaba en el pliego. Además, contamos con una red de técnicos desplegados capilarmente por todo el país según la volumetría de sistemas telemáticos activos, puesto que difiere mucho en función de cada provincia. Actualmente, contamos con una plantilla de casi 600 técnicos disponibles para la instalación y mantenimiento de los sistemas", apuntan en declaraciones para Público. Perspectiva que contrasta con lo referido por la Sección Sindical de CCOO en una nota informativa difundida este miércoles en la que confirmaba haber presentado "una queja formal ante la empresa por el trato y las presiones que sufren los trabajadores de la sala". El sindicato subrayaba que las dificultades que están saliendo a la luz estos días no se deben al personal, sino a "una mala gestión, y un modelo de supervisión basado en la intimidación y el señalamiento individual".

De modo que la crisis de las pulseras para maltratadores ha dejado al descubierto tres grandes cuestiones: en primer lugar, el fallo producido durante la migración en 2024 que fuentes del entorno enmarcan en un conflicto empresarial subyacente y que Telefónica ha negado; un error cuyas consecuencias no se pueden aún dimensionar en términos cuantitativos, a pesar de las contundentes afirmaciones iniciales de la Fiscalía en su Memoria, y del que nadie habló públicamente cuando tuvo lugar. En segundo término, las limitaciones que implica el hecho de que un servicio esencial y que trata con personas en situación de vulnerabilidad y riesgo extremo esté gestionado por intereses privados. Y, en tercera instancia, los problemas internos en la dinámica y funcionamiento de la sala Cometa provocados por la precariedad en términos materiales y humanos que han denunciado trabajadoras de la empresa. Tres frentes muy complejos sobre los que se han publicado todo tipo de bulos y medias verdades alentadas por la oposición.