La Fiscalía tomará declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias
Así lo han confirmado las portavoces de Women's Link en una rueda de prensa sobre el caso después de que la Fiscalía haya abierto diligencias preprocesales para investigar los presuntos hechos delictivos.

Madrid--Actualizado a
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado tomar declaración como testigos protegidas a las dos mujeres que denunciaron a Julio Iglesias por presuntos casos de agresión sexual y trata de mujeres en 2021. Así lo han anunciado este miércoles las portavoces de la organización internacional Women's Link en una rueda de prensa sobre el caso hecho público este lunes a raíz de una investigación de elDiario.es y Univisión.
Esta es una de las peticiones realizadas por las presuntas víctimas en la denuncia presentada el pasado 5 de enero ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que han motivado la apertura de diligencias preprocesales, que se mantienen secretas, para determinar el alcance de la denuncia. Desde Fiscalía, por su parte, insisten en el secreto de las diligencias para no dar más detalles de su actuación, esto es, no se trata de un caso judicializado por ahora.
Jovana Ríos Cisneros, directora ejecutiva de la organización feminista que les asesora, ha agregado que la Fiscalía ha tomado esta decisión sin perjuicio de lo que decida sobre su competencia para investigar estos supuestos delitos cometidos fuera de España por un ciudadano español. En sus palabras, supone "un paso muy importante en la búsqueda de la justicia" de ambas mujeres, además de traducirse en que "las autoridades están respondiendo de forma ágil".
Con ello, se pretende evitar que el cantante, quien "ostenta un poder diametralmente distinto de las denunciantes", intente "localizarlas" así como "disuadirlas" de llevar a cabo nuevas acciones en su contra.
De momento, no se ha puesto fecha a la declaración de las denunciantes, que puede ser de manera telemática, ya que no residen en España. "Esos detalles no los tenemos y se tratan con cierta reserva", ha explicado la abogada y directora legal para Europa de Women's LinK, Gema Fernández, quien no ha dudado de que el caso es "competencia" de la Justicia española.
Medidas de protección
Asimismo, ha señalado que las denunciantes plantearon otras medidas de protección dada su situación de especial vulnerabilidad socioeconómica, como que se evite el contacto directo entre ellas y sus familiares con los sospechosos. Cabe señalar que la denuncia no solo señala al cantante, ya que incluye como colaboradoras a dos encargadas de las mansiones en las que se produjeron estos presuntos hechos delictivos. También, en la demanda se plantean medidas evitar la revictimización de las empleadas que actualmente trabajan para el denunciado.
De acuerdo con la denuncia presentada, según esta organización, Laura y Rebeca (son pseudónimos) habrían sido víctimas de distintas formas de violencia —sexual, psicológica, física y económica— por parte de Julio Iglesias, entre enero y octubre de 2021 mientras trabajaban en propiedades que el acusado tiene en República Dominicana y Bahamas.
Según su testimonio, el denunciado "les habría agredido y acosado sexualmente, les habría revisado regularmente sus celulares, les habría prohibido salir de la casa donde trabajaban y les habría exigido jornadas laborales de hasta 16 horas al día, sin días de descanso y sin contrato".
El relato de ambas, publicado en los medios de comunicación citados, describe agresiones sexuales como penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.
De esta manera, estos hechos podrían constituir un delito de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales, como el acoso sexual y la agresión sexual, así como un delito de lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores.
Esta portavoz ha informado de que a raíz de salir a la luz este caso, más mujeres se han puesto en contacto con la organización para trasladar su testimonio, aunque no ha querido ofrecer más detalles para salvaguardar su identidad.
En otro orden de cosas, Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional (la organización que también ha decidido apoyar a las denunciantes) ha explicado que no se trata de un caso aislado, sino que obedece a "un patrón" detectado en otros países y que afecta principalmente a mujeres migrantes, racializadas y procedentes de contextos de pobreza.

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