Las implicaciones de la denuncia de Juana Rivas por violencia vicaria internacional contra su exmarido

El curso judicial del caso Juana Rivas sigue avanzando. El despacho Aránguez Abogados ha informado este martes a través de una nota de prensa de que la denuncia por violencia vicaria internacional interpuesta el pasado mes de enero contra su expareja, el italiano Francesco Arcuri, ha sido admitida a trámite y se encuentra en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Granada. Actualmente, la defensa de la granadina está a la espera de la resolución que determinará la tramitación de la causa.

Rivas y sus hijos llevan ya más de ocho años de enredos judiciales, tratando de huir de un contexto de violencia machista que le ha costado incluso pasar por la cárcel. Esta denuncia podría marcar un antes y un después entre las madres protectoras, sobre todo entre aquellas que tuvieron sus hijos junto a personas de otros países. El proceso que han iniciado ahora –según sus abogados– no tiene precedentes, ya que es la "primera vez" que en España se presenta una denuncia por violencia de género vicaria en un contexto internacional como este, explican. Desde Aránguez Abogados se insiste en la necesidad y la esperanza de que, a partir de este caso, se establezca una doctrina jurisprudencial clara sobre este tipo de violencias, que afectan a muchas mujeres cuyos hijos son utilizados como instrumentos de maltrato psicológico.

Paqui Granados, asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) –desde el que se viene prestando atención, asesoramiento y apoyo a Rivas desde junio de 2016–, recuerda que "estamos ante un caso en el que el maltratador, que vive en otro país, emplea a los hijos como herramienta para dañar a la madre. En este caso, los niños han crecido en Italia, donde existe jurisdicción completamente distinta a la española (mucho más atrasada en lo que se refiere al abordaje de las violencias contra las mujeres), mientras que el daño psicológico se produce en España". Se trata, por tanto, de un "triángulo perverso de violencia", donde la separación forzada de los hijos y los presuntos malos tratos ejercidos sobre ellos generan un impacto devastador en la víctima, insiste Granados en declaraciones para Público.

La asesora destaca la dificultad de judicializar este tipo de casos en un sistema que, a menudo, "no aplica adecuadamente la normativa" y presenta importantes deficiencias en la protección de las víctimas de violencia machista. "El problema no es la falta de legislación, sino la falta de aplicación efectiva de las normas", subraya.

El equipo legal de Juana Rivas no busca llevar el caso al Tribunal Supremo como primera opción, sino que espera que los tribunales de primera instancia resuelvan con la diligencia que corresponde. Sin embargo, desde la defensa se teme que, ante la falta de respuestas claras por parte de los juzgados, finalmente sea necesario recurrir al alto tribunal. "Aquí no hay ningún ánimo de alargar el proceso judicial. Pero viendo cómo algunos tribunales se pasan la pelota entre sí, creemos que inevitablemente acabaremos en el Supremo", aclara Granados.

La cuestión de fondo es que, a pesar de los avances legislativos, sigue existiendo un "agujero negro" en la protección efectiva de madres e hijos en situaciones de violencia vicaria. Granados lamenta que "muchas mujeres sigan siendo perseguidas por el sistema judicial cuando intentan proteger a sus hijos, en lugar de ser amparadas". De hecho, reconoce que incluso suele suceder que se termina aplicando del Convenio de La Haya en perjuicio de las madres que huyen del maltrato, cuando originalmente fue concebido "justamente para lo contrario". Esto es, para defender el interés superior de las criaturas y, "ya hemos repetido hasta la saciedad que un maltratador no puede ser un buen padre".

La dimensión internacional del caso planteará la necesidad de una estrecha coordinación entre los sistemas judiciales de España e Italia. En este sentido, la Fiscalía General del Estado dispone de un área específica para la coordinación internacional en materia penal, y se espera que este órgano, junto con los ministerios de Igualdad, Infancia y Justicia, impulse los mecanismos necesarios para garantizar una protección efectiva a Rivas y su hijo menor.

"El sistema judicial debe evolucionar para dar respuestas efectivas a una realidad que afecta a muchas mujeres y niños. No se puede ser ciego ante la violencia de género en una cuestión tan sensible como esta", concluye Granados.

Desde Aránguez Abogados también se ha informado de que "a día de hoy" no han recibido "ninguna notificación relativa a la interposición de denuncia por un presunto delito por secuestro internacional de menores", ni han tenido "conocimiento informal" de que se haya interpuesto. "Como es obvio, si recibiéramos tan infundada denuncia, procederíamos inmediatamente a instar un procedimiento por acusación y denuncia falsa", han detallado. La situación del hijo menor de Rivas sigue siendo la misma que hace un mes: se quedará en España hasta que se decida qué juzgado lleva el caso en nuestro país. Respecto al procedimiento abierto en Italia contra su padre por malos tratos hacia el menor y su hermano ya mayor de edad, la Fiscalía italiana ha pedido que Rivas se quede con su custodia. Pero el tribunal aún no se ha pronunciado.